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Iberoamérica se compromete a regular el ‘scroll infinito’ y la verificación de edad en las plataformas digitales para proteger a los menores

Representantes de 22 países acuerdan en Zamora una declaración para proteger a la infancia y otra a la juventud, de la que Argentina se desmarca. En esta última se prevé crear un carné joven iberoamericano

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en la inauguración este miércoles en Zamora de la reunión de países iberoamericanos./Mariam A. Montesinos (EFE)

Los países iberoamericanos se han comprometido este miércoles a “elaborar e impulsar” políticas y herramientas para proteger a los niños y adolescentes en internet. Entre ellas, se incluyen obligaciones a las plataformas digitales, que deberán implementar “mecanismos eficaces de verificación de edad”. El compromiso llega tras una reunión ministerial en Zamora para tratar cuestiones sobre infancia y juventud, a la que han asistido representantes de 22 países, entre los que se encuentran España, Portugal, México, Brasil, Colombia, Chile o Argentina, que se ha desmarcado de algunos puntos. En el encuentro de este miércoles, preparatorio de la XXX cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en noviembre en Madrid, también se ha consensuado, entre otras medidas, la creación de un carné joven iberoamericano que permitiría acceder a descuentos a quienes viajen por la región.

Por la mañana, ha habido una reunión centrada en infancia, que ha culminado con una declaración de los 22 países. En lo relativo a los entornos digitales, se recoge la necesidad de “regular los patrones de uso intensivo como la reproducción automática, el desplazamiento [scroll] infinito y las notificaciones persistentes para garantizar su derecho [de los menores] a la información veraz, la libertad de expresión y la protección frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes". Argentina sí ha suscrito la declaración de infancia, pero plantea objeciones en este punto en concreto: en una nota al final de la declaración, explica que “se disocia de cualquier medida que implique la regulación estatal de contenidos, algoritmos o patrones de uso en plataformas digitales”. Asegura que el Estado protegerá a los menores de delitos específicos como la explotación sexual, pero “no intervendrá en la libertad de expresión ni en el funcionamiento del mercado digital bajo la premisa de ‘alfabetización mediática’ o ‘control de desinformación”.

La ministra de Juventud e Infancia española, Sira Rego, ha recalcado que los países no mantenían un encuentro de este tipo desde 2010 y ha destacado que, al tener el entorno digital “una dimensión global”, es “fundamental que haya espacios de coordinación, de articulación y de impulso de propuestas”. En los últimos meses, cada vez son más los países que, individualmente, han anunciado que tomarían medidas al respecto o que han adoptado decisiones en esta línea. En España, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de protección de los menores en los entornos digitales. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en febrero que se aprobaría una batería de medidas para acabar con la impunidad de las grandes plataformas.

También la Unión Europea, en su conjunto, ha entrado en acción para evitar las consecuencias nocivas de las redes en los niños y adolescentes. Este mismo miércoles se ha conocido una nueva investigación de la Comisión sobre Meta por no “identificar, evaluar y mitigar [...] los riesgos que supone el acceso de menores de 13 años a sus servicios” en las redes sociales Facebook e Instagram. No es el único paso que ha dado Bruselas, que incluso ha construido una base tecnológica desde la que pueda garantizarse la verificación de edad y la ha puesto a disposición de gobiernos y empresas.

Este es precisamente uno de los principales desafíos: cómo lograr filtrar adecuadamente la edad de quienes acceden a estas plataformas y a la vez garantizar la protección de datos de los usuarios. A día de hoy no hay aún un método infalible para lograrlo. De hecho, en Australia, país pionero en limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años, se están topando con dificultades para hacer efectiva esta restricción.

Pero la cascada de anuncios y medidas en este ámbito trasciende el ámbito europeo, y el pasado marzo comenzó a aplicarse en Brasil una ley diseñada para proteger a los niños y adolescentes en internet. Sus promotores aseguran que es la primera de América Latina en este ámbito. Entre otras medidas, prohíbe los vídeos que se activan automáticamente y se repiten de manera infinita en las cuentas de menores de 18 años y también obliga a crear mecanismos de verificación de edad.

La declaración sobre infancia que han acordado los representantes de los países iberoamericanos junto a la Secretaría General Iberoamericana, reunidos este miércoles en Zamora, da un paso más en esta línea y demuestra que cada vez hay más consenso en la necesidad de proteger a los menores en internet. Se trata de una batalla global.

En su acuerdo sobre infancia se comprometen a “elaborar e impulsar las debidas políticas y herramientas para favorecer el acceso seguro, inclusivo y equitativo de niños, niñas y adolescentes a los medios de comunicación y los entornos digitales a través de programas de alfabetización digital”, según destaca el Ministerio español de Juventud e Infancia en un comunicado. Entre esas políticas se incluyen obligaciones a las plataformas, además de implementar mecanismos de verificación de la edad: deberán contar con “canales de denuncia accesibles y medidas de diseño seguro, protección de datos, accesibilidad y mitigación de riesgos”.

Además, los representantes de estos 22 países han acordado la creación de un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud, orientado a promocionar estándares comunes y cooperar frente a los “riesgos y oportunidades del entorno digital”.

Argentina se desmarca en juventud

Por la tarde, los representantes de los países iberoamericanos han mantenido una reunión centrada en juventud, que ha culminado con otra declaración de la que se ha desmarcado Argentina. Tal y como existe un carné joven europeo, que permite a quienes lo tengan acceder a descuentos en alojamientos, transportes y actividades culturales y de ocio, los Estados prevén crear el carné joven iberoamericano. Para su desarrollo, se ha acordado solicitar el apoyo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Los países han acordado impulsar el fortalecimiento de los programas de movilidad educativa, cultural y formativa en la región.

En el texto también se destaca el papel “fundamental” de las juventudes en el fortalecimiento de la democracia, por lo que se considera necesario “ampliar, fortalecer y consolidar mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas”, según explica el ministerio español en un comunicado. Y se recoge el compromiso de “promover iniciativas de cooperación regional orientadas a prevenir la radicalización, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de las juventudes, reconociendo su rol clave en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz”.

Argentina, en una nota al final de esta declaración, comunica su decisión de “disociarse del contenido, acuerdos y compromisos plasmados en el documento, dado que algunos conceptos no guardan la necesaria simetría con las prioridades y lineamientos actuales de la Administración Nacional”.

El texto recoge también la necesidad de impulsar políticas orientadas a favorecer la educación integral en sexualidad, a garantizar el acceso a apoyo psicosocial o a proteger los derechos de las juventudes en los entornos digitales. Chile deja patente, en otra nota, que el concepto de “educación sexual integral” ha sido objeto de profundo debate en el país y no existe consenso político ni social sobre su alcance.

Los países iberoamericanos reconocen la emancipación juvenil “como uno de los principales desafíos estructurales” y se comprometen a “fortalecer políticas públicas” que les “faciliten” el acceso a una “vivienda digna, adecuada y asequible”. Así como a impulsar estrategias que “promuevan el acceso de los jóvenes a un empleo digno, estable y de calidad, reduciendo la informalidad, la precariedad laboral y las desigualdades que afectan a la juventud”.

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