La Fiscalía de Madrid investiga al obispo de Alicante por defender las falsas terapias de conversión para homosexuales

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, no tiene filtro. Ya desde su estancia en la diócesis de San Sebastián comenzó a lanzar dardos contra el feminismo, el aborto y el colectivo LGTBI+, los principales objetivos que tiene en su mirilla. Ahora, unas declaraciones realizadas en Radio María se le pueden revolver como un bumerán.

La Fiscalía Provincial de Madrid le ha abierto una investigación por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, “bien en su modalidad de discurso de odio o en su caso, de lesión a la dignidad”, según ha informado el ministerio público a los denunciantes, la plataforma ciudadana Tu Pueblo y el mío, instituida en Orihuela (Alicante). El prelado ya ha contestado, a través de la red social X, que ni ha recibido ninguna comunicación sobre esta disposición ni cree que tenga “recorrido judicial alguno”.

Las manifestaciones emitidas el 3 de mayo de 2024 por Munilla giraban en torno a las falsas terapias de conversión para homosexuales. “Se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales”, expresó. “Si el acompañamiento que les hacen tiene algún viso de ayudarles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas”, continuó, “entonces eso se entiende como terapia de conversión y eso está prohibido”. Munilla trató de justificar una práctica, descrita como tortura por aquellos que han sido sometidos a ella, y que el Congreso está en trámite de vetar mediante una ley, norma contra la que el obispo es muy combativo. “Aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano”. La abstinencia sexual como receta contra cualquier desviación, según su punto de vista.

La transcripción de estas declaraciones, y de otras muchas en las que Munilla ha extendido su púlpito fuera de la diócesis que encabeza desde 2022, fue enviada por el presidente de la plataforma Tu pueblo y el mío, Lucas López Moreno, a la Fiscalía General del Estado, que se inhibió en el caso. “No tenemos competencia para investigar los hechos denunciados”, contestó el ministerio público, “razón por la cual la remitimos a la Fiscalía Provincial de Madrid, por ser dicha ciudad donde radica la sede de la emisora en la que se efectuaron las manifestaciones denunciadas y territorialmente competente para conocer de los mismos a los efectos de valorar la trascendencia jurídico penal”. Es la sede provincial madrileña la que ha incoado diligencias de investigación preprocesal, según ha ratificado al demandante.

La denuncia señala que las constantes intervenciones de Munilla podrían exceder “el amparo de la libertad de expresión o religiosa”. La justificación pública de, en concreto, estas supuestas terapias de conversión para homosexuales, junto a la negativa expresada por el obispo de que sean “coercitivas” deben frenarse en seco. “Tales manifestaciones no solo trivializan una práctica ampliamente considerada dañina por la comunidad científica”, explican los demandantes en su denuncia, también “legitiman simbólicamente intervenciones que atentan contra la dignidad y la salud psicosocial de personas LGTBI+” y “alimentan un discurso de estigmatización bajo cobertura religiosa”, en su opinión.

Poco después de que adelantara la noticia el diario local Información, Munilla se ha enfundado los guantes de boxeo en la red social X, como suele tener por costumbre. “Obviamente, esto [la investigación de Fiscalía] no tiene recorrido judicial alguno y solo persigue amedrentar a la Iglesia” A su juicio, la denuncia y su aceptación, o cualquier acción que contradiga sus creencias, sirven para “imponer al conjunto de la sociedad una ‘antropología de Estado’ basada en la ‘teoría gender-LGTBI’”.

A continuación, el obispo expone “cuatro breves consideraciones”. La primera, que es “totalmente falso” que haya “dirigido crítica alguna a colectivos LGTBI”. Sí reconoce el prelado donostiarra que criticó “abiertamente la ley aprobada el año pasado en España, en la que se prohíben y penalizan las ‘supuestas’ terapias de conversión”. La propuesta de ley fue tomada en consideración en junio, pero no está aprobada. Sin embargo en la denuncia se acogen al artículo 510 del Código Penal, que castiga a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo” y en la Ley 8/2017 de la Generalitat Valenciana, que sí prohíbe expresamente las terapias de aversión o conversión.

“¿Es delito criticar al Gobierno y sus leyes?”, se pregunta, “¿no deberían, entonces, denunciar también a todos los parlamentarios que votaron en contra de esa ley en el Congreso?”, se pregunta el obispo.

En segundo lugar, Munilla subraya que “es irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo —hormonas y cirugías incluidas— prohíban a los homosexuales solicitar libremente lo que ellos califican como ‘terapia de conversión”. “La Iglesia no puede por menos de predicar el Evangelio del amor y de la pureza”, afirma en su homilía en X, “y no vamos a dejar de acompañar a las personas con inclinaciones homosexuales que nos pidan libremente ayuda espiritual para vivir en castidad”. Por último, el jefe de la diócesis de Orihuela-Alicante niega que se le haya notificado la resolución de la fiscalía. “Lo cual me hace pensar que hay más interés mediático que judicial”, zanja.

Tu pueblo y el mío es una plataforma ciudadana que nació en defensa de los ataques que, a su juicio, sufre el legado de Miguel Hernández por parte del ayuntamiento de su ciudad natal. De ahí, pasaron a “defender los ideales” del autor de viento del pueblo, según indica a EL PAÍS su presidente, López Moreno. Entre ellos, tal como se indica en sus estatutos, “el interés colectivo, la justicia social y la promoción de los derechos humanos” y la protección de “los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas frente a cualquier entidad pública o privada”, sobre todo cuando “sus acciones u omisiones puedan afectar negativamente a sus libertades, causar discriminaciones, agravios o perjuicios de cualquier tipo”.