La Estrategia LGTBI+ del Gobierno, un hito y un compromiso

La reciente Estrategia Estatal para la Igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+, presentada esta semana por el Gobierno a las comunidades autónomas, marca un hito importante en la defensa de los derechos del colectivo en España. Aunque llega dos años después de la aprobación de la norma que persigue implementar ―la Ley 4/23 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+―, lo hace en un momento en el que los derechos humanos están siendo cuestionados en diversos países.

Pese a lo que algunos líderes mundiales nos quieren hacer creer, fomentando la polarización, el reconocimiento de derechos para personas vulnerabilizadas no debe ser motivo de confrontación.

No existe un conflicto de valores, ni una ideología woke. Lo que existen son personas, que viven en nuestros pueblos, ciudades y comunidades; que van a la escuela, trabajan, se esfuerzan por conciliar; que son nuestras hermanas o vecinas y que luchan para llegar a fin de mes… Igual que todas las demás, pero con barreras añadidas.

De ahí que la base del reconocimiento de derechos para las personas LGTBI+ consista en la identificación de esas barreras y en su eliminación. No es una lucha impuesta desde fuera, ni por ningún partido. Es fruto natural de los principios democráticos que fundamentan nuestra sociedad. Y como tales, deben ser defendidos por toda la sociedad, porque una sociedad más rica en derechos conlleva un mundo mejor para todas las personas que la integran.

El discurso de confrontación que inunda redes sociales y titulares, además de impostado, es profundamente peligroso. No existe una lucha entre “nosotros” y “ellos”; no somos la otredad. Los derechos humanos son el resultado de un consenso social ―que abraza la ONU y también la Unión Europea― que ha sido alcanzado a lo largo de décadas y que debe ser respetado por todas las personas y gobiernos.

La Estrategia LGTBI+ presentada por el Gobierno, fruto del trabajo entre la Administración y el colectivo implicado, las personas LGTBI+, es la traducción en medidas específicas para garantizar la no discriminación en el acceso a servicios solo por ser quién eres y también para poner freno al odio y al acoso que sufrimos diariamente.

Incluye medidas que los colectivos venimos reivindicando desde hace años, como la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, no solo hacia las personas LGTBI+, sino hacia todos los grupos vulnerables. Desde la Felgtbi+ creemos firmemente que cuantas más personas tengan sus derechos garantizados, más democrática y justa será la sociedad en la que vivimos.

Es importante resaltar, que el trabajo no solo recae en el gobierno central: las comunidades autónomas tienen ahora una responsabilidad crucial en la implementación de las políticas que garanticen la igualdad de derechos en todo el territorio español. Porque, aunque la legislación estatal proporcione el marco general, la aplicación efectiva de estas medidas depende de la acción política y administrativa en las comunidades.

Por eso, queremos mandar un mensaje claro: los derechos humanos no pueden ser objeto de debate o negociación. La diversidad sexual, de género, familiar y corporal debe ser respetada en todas las regiones. Sin excepción.

Pedimos a los gobiernos de las CC AA que no utilicen los derechos sociales como arma arrojadiza para intentar conseguir rédito político y adopten estas medidas para combatir el odio contra los ciudadanos a los que representan. La defensa de los derechos LGTBI+ no es una cuestión de ideología, sino de justicia social. La igualdad es un principio básico que debe ser garantizado en todas las instituciones y en todas las políticas públicas, independientemente de las orientaciones políticas que puedan prevalecer en cada comunidad.

Es imprescindible que cada Ejecutivo autonómico se comprometa a garantizar el respeto a las personas LGTBI+ en todos los aspectos de la vida, en lo social, lo económico, lo cultural. Desde la educación, hasta la sanidad, pasando por la integración laboral y la visibilidad mediática, cada comunidad tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro, libre de discriminación y de violencia para todas las personas, también para las LGTBI+.

Por eso, es fundamental que, como sociedad, rechacemos cualquier intento de polarización que solo busca enfrentar a la ciudadanía. Los derechos humanos son un patrimonio común y como tal deben ser respetados y defendidos por todos los actores políticos y sociales.

Pedimos, por tanto, responsabilidad y justicia. Pedimos igualdad. Ni más, ni menos.