Así se empantanan las acusaciones de pederastia en el Vaticano: el Papa tiene que intervenir para obligar a procesar a un cura de Toledo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El papa Francisco ha tenido que intervenir personalmente para que tanto el Vaticano como la Iglesia española se muevan y se procese canónicamente a un cura de Toledo acusado de pederastia, Pedro Rodríguez Ramos: lo ha hecho porque han pasado 15 años desde que el denunciante informó a la diócesis manchega, casi cuatro desde que este obispado por fin lo comunicó a la Santa Sede y dos desde que el propio afectado lo denunció directamente en Roma, en el Dicasterio de Doctrina de la Fe, órgano disciplinario vaticano. Sin embargo, este exseminarista aún no había obtenido ninguna respuesta. Al final solo ha logrado mover el caso tras ver al Papa en persona varias veces y manteniendo contacto regularmente con él. Lo mismo ocurrió en 2022 con el caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa, Bizkaia, que Francisco ordenó reabrir tras reunirse con la víctima en diciembre de 2023. Doctrina de la Fe había cerrado el caso en 2015, aunque el acusado luego fue condenado en firme por el Supremo.

Ahora el Pontífice ha obligado al obispado de Toledo a juzgar canónicamente al sacerdote con una orden de Doctrina de la Fe de marzo de 2024, según los documentos eclesiásticos a los que ha tenido acceso este diario. En todo caso, la diócesis tardó luego otros seis meses en formar el tribunal canónico, en septiembre de 2024. Ahora finalmente se ha puesto en contacto con el denunciante para informarle de la apertura del proceso, 15 años después de que el entonces arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, conociera el caso en 2009, tal como admitió el propio cura en el juicio. Aunque el obispado aseguraba que lo supo siete años después, en 2016, cuando el joven lo denunció ante la justicia.

Este exalumno del seminario menor de Toledo denunció al sacerdote en los tribunales en 2016 por hechos sucedidos en 2005 y 2007, cuando era menor. Pero también tuvo que esperar siete años para la primera sentencia de la Audiencia de León, que condenó al cura a siete años de cárcel en 2023. No obstante, tras el recurso del reo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió al sacerdote en 2024 por defectos en la instrucción inicial. El caso está ahora en el Supremo, que debe decidir si acepta el recurso del denunciante. La Fiscalía ya se ha mostrado a favor.

La historia de Carlos, nombre ficticio de esta persona que no desea revelar su identidad, pone en evidencia que, 23 años después de que estallara el escándalo de la pederastia en el clero en Estados Unidos en 2002, los mecanismos de respuesta de la Iglesia a las víctimas siguen sin funcionar. Las víctimas chocan en la mayoría de las ocasiones contra un muro de indiferencia y alambicada burocracia interna, tanto en España como en la Santa Sede, con tácticas dilatorias que les sumen en la desesperación. En muchas ocasiones únicamente consiguen desatascar su expediente si con tenacidad y los contactos adecuados logran llegar a hablar con el Papa en persona para contarle su caso. E incluso así, también luego la maquinaria del Vaticano puede ir contra la voluntad del Pontífice. En este caso, Doctrina de la Fe ha encargado el juicio a un tribunal eclesiástico de la propia diócesis de Toledo, es decir, a compañeros del acusado y en el mismo obispado que ha ocultado su caso durante años. Por esa razón, Carlos ha recusado canónicamente el tribunal y ha pedido que el cura sea juzgado por el Tribunal de la Rota o por otra diócesis.

La carta que ha enviado el obispado de Toledo al denunciante revela un detalle: el número de protocolo del caso es de 2021, año en que fue abierto el expediente. Es decir, el obispado de Toledo tardó 12 años en informar al Vaticano desde que conoció el caso en 2009, pese a que las normas canónicas le obligan a ello nada más tener constancia. Lo hizo únicamente cuando EL PAÍS sacó a la luz el caso, en abril de 2021. “Esto demuestra que, si mi caso no hubiera salido en prensa, no hubiera llegado a Roma. También demuestra la gran labor que la prensa hace para ayudar a las víctimas. El propio Francisco siempre me ha dicho que tengo su completo apoyo para ir a la prensa y seguir luchando por hacer justicia”, explica Carlos. Aunque parezca sorprendente, es el Papa el que ha animado en muchas ocasiones a las víctimas a acudir a la prensa, consciente de las resistencias de la Iglesia en cada país.

Del mismo modo, la primera vez que la diócesis de Toledo llamó al denunciante fue en noviembre de 2022, al día siguiente de que EL PAÍS preguntara por el caso al obispo auxiliar de la ciudad, César García Magán, en la primera rueda de prensa que dio como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE). Aun así, García Magán dijo en esa rueda de prensa que la diócesis había “hecho los deberes”.

Denuncia por encubrimiento

Lo siguiente que hizo Carlos, al ver que de todas formas no ocurría nada, fue ir a Roma en diciembre de 2022 para denunciar su caso directamente en Doctrina de la Fe, saltándose a la Iglesia española. En 2023, también denunció en la Santa Sede por encubrimiento al arzobispo Braulio Rodríguez y a su sucesor, Francisco Cerro, llegado al cargo en 2020, que tampoco tomó medidas contra el sacerdote e incluso lo hizo miembro de la vicaría para el clero. Además, lo envió a Perú en viajes de misiones estando ya acusado por la Fiscalía. Solo lo apartó del contacto con menores en 2021, cuando se fijó el inicio del juicio.

Carlos también incluyó en su escrito a García Magán y un obispo auxiliar de otra diócesis, que en su momento, asegura, conoció el caso y tampoco hizo nada. Pero de este trámite el denunciante tampoco ha vuelto a saber nada. Ahora, además, se encuentra con que la diócesis de Toledo es la que juzgará canónicamente el caso. “Va contra los derechos humanos que se encargue el proceso al mismo arzobispo que he denunciado. Si realmente la Iglesia quiere ayudar a las víctimas, debería ofrecer un proceso garantista con sus derechos”, lamenta.

Carlos no ha escatimado esfuerzos para obtener justicia por parte de la Iglesia. Ha viajado numerosas veces a Roma para que le atendieran. En septiembre de 2023 se reunió con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, organismo que el pasado mes de octubre reprochó en su primer informe que los procesos canónicos son “difíciles, lentos y fuente de continua victimización”. En esta entidad presentó otra denuncia y se entrevistó personalmente con su presidente, el cardenal Sean O’ Malley. También presentó una denuncia en el dicasterio de los Obispos, en el del Clero y en la secretaría de Estado. Ninguna respuesta hasta hoy.

“La excepcionalidad de mi caso revela que no tendría que ser necesario llegar a hablar con el Papa para que se haga un proceso, ¿todas las víctimas tienen que venir a verle para que les hagan caso? En todo este tiempo solo tres sacerdotes y el papa Francisco han cumplido su palabra de intentar hacer justicia e involucrarse a mi favor hasta llegar al final del proceso. Y aun así, el propio Francisco está encontrando obstáculos”. En todo caso, el final del proceso aún está lejos y es incierto. Carlos deberá seguir esperando.