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El dato sobre prostitución que lleva dándose más de una década pero ningún estudio confirma

Hace al menos 14 años que se repite desde distintos ámbitos que entre el 80% y el 90% de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de explotación, una cifra que deriva de la observación

Manifestación 8M contra prostitución en Madrid
Manifestación del 8-M contra la prostitución, el 8 de marzo en Madrid.Claudio Álvarez
Isabel Valdés

Hay un dato que se repite desde hace más de una década: que entre el 80% y el 90% de mujeres en situación de prostitución son víctimas de explotación o de trata con fines de explotación sexual en España. Aparece en declaraciones de responsables políticos de distintos partidos, en informaciones policiales, en campañas de asociaciones y plataformas que luchan contra este problema estructural y global, en documentos oficiales autonómicos y en medios de comunicación, incluido este. Lleva años oscilando en ese alto porcentaje que ningún estudio ha corroborado mientras que las estimaciones de organizaciones como Naciones Unidas llevan esos mismos años moviéndose alrededor de un 14%.

Hace poco más de una semana, por primera vez, hubo un dato, aunque limitado, resultado de un análisis en España. El Ministerio de Igualdad publicó el primer macroestudio que se ha hecho para hacer un acercamiento a los números de esta forma de violencia sobre las mujeres —Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa—, y los resultados estimaron un 24,2%. Un valor que se aleja del 90%.

¿De dónde sale entonces ese 80%, 90%? Es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, responsable de las estadísticas oficiales sobre trata), el único organismo que puede apuntar un origen: “La aproximación deriva, en la mayoría de los casos, de la observación directa de aquellos profesionales que tienen contacto directo con personas en entornos de prostitución (fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores sociales u organizaciones y entidades de la sociedad civil especializadas en la asistencia a víctimas de trata). Sin embargo, no existe ningún estudio concreto que confirme de manera categórica este extremo”.

¿Y por qué hay tanta diferencia entre esa estimación por observación y el dato del estudio recién publicado? Por las limitaciones. Este estuvo centrado exclusivamente en analizar los anuncios de prostitución en páginas web que ofertan “servicios presenciales”, y en base a eso calculó que hay 114.576 mujeres en situación de prostitución. De ellas, aplicando una serie de variables, cifró en 27.757 (ese 24,2%) las que están en riesgo de explotación sexual .

La investigación, por tanto, deja fuera parte del espacio online (no se han rastreado todas las webs que existen; están por ejemplo excluidas webs o anuncios de cibersexo y vídeos de contenido sexual o redes sociales y otras plataformas), y también el resto de espacios físicos donde se da la prostitución y que no están ligados a Internet o no tienen por qué estarlo, como la calle, los clubs, los hoteles o los pisos. Y hay, además, diversos problemas metodológicos siempre existentes en este ámbito para acercarse lo más posible a la realidad, como que estas mujeres son lo que en estadística se denomina “población oculta o de difícil acceso”.

¿Cuánto porcentaje de prostitución queda entonces excluido del estudio? En el informe, teniendo en cuenta las acotaciones anteriores, se hizo ese cálculo, el de cuántas mujeres, en total, podría haber en todos los espacios: online, en la calle, en clubs, en pisos, en centros de masajes… La horquilla resultante fue de entre 152.735 y 184.234.

Si se coge la parte alta de esa horquilla, es decir, suponiendo que sean 184.234 las mujeres en prostitución en España, y se restan las 114.576 que son solo de las webs que analizaron, la cifra en los ámbitos que el estudio dejó fuera es de 69.758 mujeres. Si esas 69.758, todas, estuvieran sometidas a redes de explotación, el porcentaje de víctimas de trata respecto al total de mujeres en prostitución sería de un 53,9%, que sigue estando alejado del 90% aunque se acercaría más, por ejemplo, al 50% que el Ayuntamiento de Barcelona estimó para las mujeres en situación de prostitución de esa ciudad hace varios años.

¿De dónde procede tanta disparidad? De la dificultad de acercarse al primer dato necesario para calcular las víctimas de trata y explotación sexual: el número de mujeres de prostitución. Así, cualquier número, en cualquier caso, será siempre una estimación. En Europa, por ejemplo, la UE calcula que niñas y mujeres son entre el 87% y el 95% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. ¿Cuántas? El Parlamento aproxima unas 7.000 al año en toda la Unión Europea, pero matiza siempre: “Es probable que la cifra real sea significativamente mayor, ya que muchas víctimas siguen sin ser detectadas”.

La dificultad de acercarse a un dato

La explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual, y la prostitución que deriva de ellas, son una de las formas de violencia de género más ocultas y, por tanto, más difíciles de perseguir y de cuantificar, no solo en España sino en todo el mundo.

Desde el CITCO señalan que esto se debe en España a dos motivos principales. Uno, “que la prostitución es una ‘actividad’ [señalan el organismo entre comillas] sobre la que no existe ningún tipo de regulación, por lo que no se cuenta con cifras exactas del número real de personas que se encuentran en situaciones de prostitución”. Y dos, que tanto en trata como en explotación sexual “se habla de que terceras personas aprovechan la situación de necesidad o vulnerabilidad de las víctimas”.

Explican que “la mayoría de las mujeres en entornos de prostitución proceden de terceros países con una difícil situación interna, o que viven en entornos de pobreza y desestructurados donde las oportunidades de prosperar de manera digna son escasas”, algo que según el organismo “hace pensar que un porcentaje elevado se encuentran en esta situación de necesidad y que de no existir la misma no acudirían a este tipo de entornos como estrategia de supervivencia”; también “que muchas víctimas, especialmente las de trata de seres humanos, son engañadas sobre la actividad real que van a llevar a cabo y que una vez explotadas es muy complicado que puedan denunciar su situación y visibilizar su explotación”.

Son necesarias consideraciones formales para que una mujer pueda constar oficialmente como víctima de explotación sexual, consideraciones que pueden ser policiales o judiciales, y, desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, también puede ser a través de una acreditación por parte de múltiples organismos autonómicos y provinciales.

Pero en general, incluso cuando las instituciones u organismos detectan la posibilidad de que una mujer sea víctima, la situación de vulnerabilidad económica, social y de seguridad por su propia vida y las de sus familias, puede hacer que esa identificación sea imposible, que ellas declaren no serlo por miedo a sus explotadores o a perder su única forma de subsistencia, y que afirmen estar ejerciendo la prostitución de manera voluntaria y libre.

A eso se añaden otros obstáculos que el tercer informe del Parlamento Europeo sobre la trata de personas señalaba como “lagunas”. Incluía entre ellas las “bajas tasas de condenas, inconsistencias en el registro y presentación de datos, la consideración insuficiente de las necesidades específicas de las víctimas y el apoyo, en general, débil”; también “las diferencias jurídicas en los enfoques para criminalizar a quienes, a sabiendas, utilizan los servicios de las víctimas de la trata de personas”, y los “cambios en la naturaleza del delito a lo largo de los años, incluido los métodos de reclutamiento”.

La evolución del delito

El delito está cambiando, adaptándose. En ese informe, el Parlamento Europeo indicó que no solo esa violación de los derechos humanos no había disminuido, “sino que había evolucionado” y habían surgido nuevos riesgos.

El último informe sobre trata de seres humanos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con datos de 2019 hasta 2021, reveló una bajada en el número de víctimas de explotación sexual detectada en todo el mundo respecto a años anteriores —detectó en 2020, con información de 104 países, más de 14.000 víctimas—. Sin embargo, la ONU no lo achacaba a una reducción de la explotación, su principal hipótesis fue que los cierres y los confinamientos durante la covid la movieron a “lugares menos visibles”.

Esa es la tendencia que la mayoría de organismos y cuerpos policiales de todo el mundo creen que ha seguido. En España, desde el CITCO explican que “la prostitución, localizada tradicionalmente en los clubes de alterne, ha pasado a ubicarse en espacios más privados, tales como pisos, chalets, viviendas de alquiler turístico, que permiten, además, una mayor movilidad de las potenciales víctimas, lo que dificulta su detección y, por ello, su cuantificación”.

A eso se suma de manera creciente el uso de la tecnología “por las redes criminales en todas las fases de la trata, especialmente en la captación, control de las víctimas y publicidad de sus servicios”, como consta en el último informe de Interior sobre trata. El CITCO advierte sobre esto: “Pese a que no hay casos aún confirmados de víctimas que sean explotadas en entornos online, tanto la comunidad nacional de expertos como la internacional han expresado su preocupación por el posible uso de estos entornos, no solo para favorecer la captación, control y publicidad de situaciones de explotación, sino también para llevar a cabo la propia explotación”. Inciden en que “es una situación a tener en cuenta ya que puede mermar de manera notable la capacidad de detección de víctimas de explotación y trata de seres humanos”.

En España hay otra casuística añadida, que la explotación sexual supone un mayor porcentaje sobre toda la trata que en otros lugares que puede deberse, entre otras razones, al “nodo relevante” que es el país para este delito por su “disposición geográfica” y “sus lazos culturales” con Latinoamérica, apunta Interior, además de por ser destino turístico. El año pasado, según la Fiscalía General del Estado, la explotación sexual supuso el 72% de todas las modalidades de trata, seguida de la laboral, con un 25%; en Europa fue de alrededor del 56% y el 28%, respectivamente; y de forma global, están ambas rozando el 40%.

Las cifras seguras

Carmen Martínez, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, incidió la pasada semana varias veces en que en prostitución, trata y explotación “no hay cifras seguras”, sino más bien casos que se detectan. Al igual que ocurre en el resto de violencias contra las mujeres, los datos con los que cuentan el Estado no se corresponden “con el número real de víctimas”, porque “nunca se identifican todas las que son”.

Así, los únicos datos que pueden darse como exactos son los de las víctimas identificadas, aquellas que ya constan oficialmente como víctimas de trata para las instituciones, aunque los números de unas y otras también difieran porque la detección, los procedimientos, los tiempos y el reconocimiento de las mujeres como víctimas son distintos. Los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron el año pasado “664, en su inmensa mayoría mujeres (98%) y entre ellas 12 menores de edad”; la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2023, recogió 543; el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, 287.

Con esos números podrían hacerse también estimaciones con las horquillas que fijan distintas organizaciones y e investigaciones. Pero son también dispares. Por ejemplo, serían 976 las mujeres en situación de prostitución víctimas de trata si se coge el ratio del informe técnico de investigación Cultura de datos en la trata de seres humanos —de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones—, para las cifras conocidas de 2022; pero serían 13.280 si se coge el de Naciones Unidas, que calcula que “los países industrializados” identifican de media a una de cada 20 víctimas. Esta última sería, eso sí, una cifra muy similar a la que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género calculó en 2018 en un informe (13.317).

Números distintos, estimaciones dispares, horquillas más o menos amplias con las que cuesta dibujar una perspectiva de la realidad y que por ello conducen a una conclusión: los enormes huecos que existen en torno al número de mujeres en prostitución y, por tanto, también en el número de víctimas de trata y explotación sexual. En el CITCO, en cualquier caso, aseguran que “entre la comunidad de expertos en esta materia es amplio el consenso que considera que la explotación es mayoritaria frente a la prostitución libremente ejercida”.

Mientras se ahonda en ese conocimiento de la realidad, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones y diversos organismos internacionales llevan varios años advirtiendo de que el mundo actual, el contexto sociopolítico actual, aumenta aún más el riesgo para millones de mujeres y niñas, porque el riesgo de ser víctima de trata y explotación aumenta con las crisis, los conflictos y las emergencias climáticas.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.
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