El Supremo de Estados Unidos mantiene el acceso a la píldora abortiva en un fallo unánime

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este jueves un ansiado respiro al movimiento en favor del derecho al aborto con una sentencia que mantiene de momento el acceso sin restricciones a la mifepristona, popular medicamento que concursa, junto a otro llamado misoprostol, en un 63% de las interrupciones del embarazo que se practican en el país, según datos del Instituto Guttmacher.

El fallo unánime no fue una sorpresa para quienes siguieron las argumentaciones de la vista oral ―en ella, los magistrados dieron a entender que se inclinaban hacia esta decisión―, y llega casi dos años después de la sentencia que derogó el precedente de medio siglo sentado por Roe contra Wade (1973), que acabó con la protección federal del aborto. Aquel fallo abrió una nueva era en la libertad y la salud reproductivas de las mujeres estadounidenses al dar a los Estados la potestad de legislar sobre el tema: hasta ahora, al menos 21 lo han prohibido o restringido severamente en sus territorios.

Los nueve magistrados (tres liberales y seis conservadores, tres de los cuales nombró Donald Trump durante su único mandato) tumbaron con la decisión de este jueves una sentencia de un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans que prohibía la distribución por correo de la mifepristona. De haber decidido lo contrario, habría supuesto su veto a nivel federal, también en aquellos lugares en los que el derecho al aborto está protegido expresamente. El fallo, con todo, no implica que esos medicamentos puedan usarse en los 14 Estados con las legislaciones más severas del país, que los prohiben sin excepción.

La decisión de 34 páginas, redactada por uno de los jueces de Trump, Brett Kavanaugh, la tomaron los magistrados al entender que la asociación de médicos cristianos antiabortistas tras el caso, creada ex profeso para lanzar la cruzada judicial contra la agencia del medicamento (FDA), no cumplía el requerimiento legal de haber sufrido un perjuicio suficiente para estar autorizada a demandar. “Para eso”, se puede leer en la sentencia de este jueves, “[la asociación debería haber sido capaz de] demostrar que sufrió o probablemente sufrirá un daño, que el daño probablemente fue causado o será causado por el demandado, y que el daño posiblemente sería reparado mediante la acción judicial solicitada”. El alto tribunal considera que los querellantes no entran en ninguna de esas categorías, aunque entiende “que a muchos ciudadanos les preocupen la mifepristona y el aborto”.

El fallo, que incorpora una opinión concurrente de Clarence Thomas, tal vez el juez más a la derecha del grupo, no entra en si es peligroso o no tomar esas píldoras; tampoco en si es ético hacerlo. La decisión puede interpretarse también como una victoria de la FDA en su autonomía para decidir sobre su papel de árbitro en la aprobación de los medicamentos para su uso general. También, como un frenazo a la tendencia de este Supremo, cuya supermayoría conservadora carece de precedentes desde los años treinta, de minar el poder de las agencias federales. Así lo demostraron el año pasado con un fallo desfavorable a la EPA, que se encarga de velar por el medioambiente.

FDA Vs Alliance for Hipocratic Medicine (AHM) tiene su origen en una demanda interpuesta en noviembre de 2022 contra la FDA. La AHM eligió lanzar su guerra judicial en Amarillo (Texas), confiada en que allí se encargaría del caso Matthew Kacsmaryk, un juez cristiano ultraconservador, y que su decisión la revisaría después un tribunal de apelaciones, el del Quinto Circuito, también con un historial proclive a los intereses de los demandantes.

Su objetivo era prohibir el acceso total a la píldora abortiva, que se usa junto al misoprostol en un porcentaje de interrupciones de embarazo que no ha dejado de aumentar tras la derogación de la sentencia que tumbó Roe. El primer fármaco detiene la producción de progesterona e interrumpe la gestación; el segundo provoca contracciones en la paciente y provoca la expulsión del feto.

Cinco millones de mujeres

La FDA, que aprobó el uso de la mifepristona hace más de 20 años (siguiendo el ejemplo pionero de Francia), calcula que la han empleado más de cinco millones de mujeres desde entonces y que no se han registrado más contraindicaciones para la salud que las de otros populares fármacos, como el ibuprofeno.

Kacsmaryk les dio la razón en todo en Amarillo, pero el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipí, solo les compró una parte del argumento: la que culpa a sendas decisiones de la FDA de 2016 y 2021, que ampliaron el acceso a la píldora abortiva al permitir su receta por telemedicina y la compra por correo, de un supuesto aumento de los problemas derivados de ese uso más extendido.

Desde el final de Roe contra Wade, al menos 21 Estados han prohibido o restringido severamente el derecho al aborto en mitad de un caótico mapa de legislaciones cruzadas, consultas populares y batallas en los tribunales. En esos territorios, que cubren más o menos la mitad del país y abarcan ya todo el Sur de Estados Unidos, las mujeres han recurrido más que antes de la sentencia a la mifepristona, para ahorrarse los largos y costosos desplazamientos a otros Estados necesarios para poder acceder a un aborto quirúrgico en clínicas que a menudo se encuentran colapsadas por la creciente demanda de los últimos dos años.

El movimiento antiabortista no ha dado señales de que vaya a dejar de intentar prohibir la mifepristona y el misoprostol. La última estrategia para lograrlo llegó de Luisiana, Estado que ha iniciado el camino legislativo para designarlas como sustancias controladas y peligrosas. La idea es que acaben en la misma lista que el fentanilo o la cocaína. Ya era ilegal usarlas para abortar en Luisiana; si la norma prospera, lo será también su posesión, que podría acarrear multas o penas de cárcel de hasta cinco años.

Entre las decisiones del Supremo que quedan por conocer antes de finales de este mes hay otra que afecta al derecho al aborto, uno de los asuntos que más ha hecho por deteriorar la imagen del alto tribunal, más perjudicada que nunca, ante la opinión pública estadounidense.

Se trata del caso Idaho contra Estados Unidos, en el que los magistrados deben decidir sobre si una ley federal (EMTALA son sus siglas en inglés), que establece las obligaciones y las facultades de los médicos de urgencias, prevalece sobre la norma antiaborto del Estado del Medio Oeste, que tiene una de las legislaciones más severas del país. Según sus detractores, la “intransigencia” de Idaho enfrenta a médicos y enfermeras a un dilema de difícil solución en los casos en los que esté en riesgo la salud de la paciente embarazada que llegue a la sala de emergencias. Si practican una interrupción del embarazo, se exponen a perder su licencia o incluso a acabar en la cárcel. Si no, contravendrían EMTALA, que obliga a los hospitales que ofrezcan servicios de urgencias a intervenir si la salud de la mujer está en juego.