Luisiana aprueba una ley para designar las píldoras abortivas como sustancias peligrosas

Luisiana ya tenía una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos contra el aborto, prohibido por completo con muy contadas excepciones. La Cámara Representantes y el Senado de ese Estado acaban de votar ahora por apretar un poco más las tuercas a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres con la aprobación de una norma que reclasifica los dos medicamentos más usados para interrumpir embarazos como sustancias controladas y peligrosas, y castiga su posesión sin receta con multas o penas de cárcel de hasta cinco años.

El proceso aún debe pasar por la firma del gobernador, el republicano Jeff Landry. Al final de ese camino, la mifepristona y el misoprostol acabarían en la misma lista que el fentanilo o la cocaína. Ya era ilegal usarlas para abortar; si la norma prospera, lo será también poseerlas.

Ambos fármacos son los más usados en los abortos no quirúrgicos, y concursan en el 63% de las interrupciones del embarazo, según lo datos más recientes del Instituto Guttmacher. Su uso se ha extendido tras la sentencia del Tribunal Supremo de Washington que tumbó el precedente sentado por el fallo Roe contra Wade (1973), que durante casi medio siglo garantizó la protección federal del aborto. Esa decisión devolvió a cada Estado la potestad para legislar sobre el tema. Al menos 21 lo han prohibido o restringido severamente desde entonces.

Los activistas contra el aborto colocaron en su punto de mira los fármacos tras el triunfo en el Supremo, que tiene una supermayoría conservadora de seis jueces (la mitad de ellos nombrados durante la presidencia de Donald Trump) contra tres liberales. Uno de los casos sobre los que esos nueve magistrados dictarán sentencia al final del curso, en los últimos días de junio, afectará precisamente al uso de la mifepristona, un fármaco aprobado a principios de siglo para su uso por la agencia del medicamento (FDA), que calcula que desde entonces lo han empleado cinco millones de mujeres sin más complicaciones que las causadas por otras sustancias, como el ibuprofeno.

El origen del caso está en una querella interpuesta por una asociación de médicos cristianos antiabortistas creada ex profeso para lanzar esta cruzada judicial en un juzgado de Amarillo (Texas), cuyo titular, Matthew Kacsmaryk, es un conocido magistrado ultraconservador. Dio en primera instancia la razón a los demandantes, que buscaban la prohibición total de la píldora abortiva.

Venta por correo

El tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, en el Estado de, precisamente, Luisiana, solo compró una parte de sus argumentos: la que culpa a sendas decisiones de 2016 y 2021, que ampliaron el acceso a la mifepristona al permitir su receta por telemedicina y la compra por correo, de un supuesto aumento de los problemas derivados de ese uso más extendido. En la reciente vista oral del caso del Supremo, una mayoría de jueces se mostró escéptica acerca de las motivaciones de los demandantes.

La mifepristona detiene la producción de progesterona e interrumpe la gestación; el misoprostol provoca contracciones en la paciente y provoca la expulsión del feto. La ley de Luisiana es la primera que trata de colocar esas dos pastillas en la categoría de las sustancias controladas, donde suelen acabar aquellas que producen adicción. Obviamente, no sería el caso de ninguno de los fármacos perseguidos por la nueva ley.

Los activistas en favor del aborto temen también que el ejemplo cunda en otros Estados del Sur del país. Luisiana se encuentra en la parte más baja de un gigantesco desierto para la libertad reproductiva de las mujeres. La vicepresidenta, Kamala Harris, que lleva la voz cantante en la Casa Blanca en la defensa del derecho a decidir de las mujeres definió en su cuenta de X como “absolutamente inconcebible” la ley recién votada en Baton Rouge. “Seamos claros: Donald Trump es el responsable”, añadió.

Ese desierto se agrandó aún más a principios de este mes, con la aprobación en Florida de la Ley del Latido, que hizo ilegal la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana. Las mujeres de ese Estado se suman así a las de Texas, Luisiana, Misisipí, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Misuri, Indiana y Virginia Occidental, donde el derecho está completamente prohibido salvo en muy contados casos, así como a las de Georgia y Carolina del Sur, lugares en los que no está permitido a partir de la sexta semana.

Las pacientes de esos Estados que deseen abortar tienen que viajar centenares o miles de kilómetros para llegar a una clínica de Charlotte, en la frontera de Carolina del Sur con la del Norte, Estado en el que la interrupción del embarazo está permitida hasta la decimosegunda semana, aunque con una gravosa condición: la ley obliga a las pacientes a que pasen 72 horas entre la primera y la segunda consultas. Para todas ellas, la opción de las píldoras abortivas era una alternativa que ahora está aún más en peligro.