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La investigación del escándalo de la sangre contaminada acusa al Gobierno británico de taparlo durante décadas

Cerca de 30.000 personas recibieron transfusiones u otros hemoderivados infectados con hepatitis C o VIH entre 1970 y 1991. Al menos 3.000 pacientes fallecieron

Escandalo sangre contaminada Reino Unido
Familiares y víctimas del escándalo de la sangre contaminada, este domingo en Londres, en una vigilia previa a la publicación del informe de la comisión de investigación.Hollie Adams (REUTERS)
Rafa de Miguel

Seis años después de una investigación exhaustiva sobre “el mayor escándalo en la historia de la sanidad pública del Reino Unido”, la comisión independiente que ha examinado miles de casos con sangre contaminada, presidida por el exmagistrado del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Brian Langstaff, ha publicado este lunes sus conclusiones. El Gobierno británico encubrió durante décadas lo sucedido, ha acusado Langstaff. “No en el sentido de que un puñado de personas se confabularan para mentir o despistar, sino de un modo más sutil, más perverso y más escalofriante en sus consecuencias”, ha dicho.

Han sido varias décadas de actitud paternalista con los pacientes y las víctimas, de una actitud condescendiente frente a la exigencia de respuestas, y de evasivas y falta de asunción de responsabilidades ante una tragedia que ningún responsable supo detener a tiempo. El Gobierno de Sunak se prepara ante la posibilidad de tener que pagar indemnizaciones y compensaciones por una cantidad cercana a los 11.700 millones de euros (más de 12.000 millones de dólares).

Dos décadas de contaminación

Entre 1970 y 1991, cerca de 30.000 personas recibieron en el Reino Unido transfusiones de sangre o hemoderivados (productos derivados de la sangre) infectados con la hepatitis C o con el VIH. Se calcula que al menos 3.000 de ellas murieron directa o indirectamente a consecuencia de estos tratamientos contaminados. Muchos de los afectados eran hemofílicos, con graves dificultades para que su sangre coagulara. En aquella época era muy popular entre estos pacientes el suministro del llamado Factor VIII o factor antihemofílico A, una glucoproteína contenida en el plasma sanguíneo muy eficaz para lograr la coagulación. Para muchos jóvenes pacientes, el nuevo producto cambió —casi se puede decir que salvó— sus vidas de un modo radical.

Pero el Reino Unido no tenía capacidad en esa época para abastecerse de modo autónomo con toda la sangre que necesitaba. Por eso el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) importó grandes cantidades de Estados Unidos, donde por aquel entonces se pagaba a los donantes. Muchos drogadictos, presos y grupos de alto riesgo participaron en el programa. La combinación de la sangre de muchos de ellos, necesaria para obtener los productos derivados, fue una bomba de relojería. Bastaba con que uno de los donantes estuviera infectado para que el fármaco también lo estuviera.

A pesar de que ya desde después de la Segunda Guerra Mundial se conocían los posibles riesgos de infección derivados de las transfusiones sanguíneas, “se usó de modo repetido [por parte del Gobierno británico] una serie de líneas argumentales inexactas, confusas y a la defensiva con las que, de un modo cruel, se intentó convencer a las personas de que habían recibido el mejor tratamiento posible”.

Hubo que esperar casi cuatro décadas para que el Ejecutivo del Reino Unido, dirigido entonces por la ex primera ministra Theresa May, accediera en 2017 a poner en marcha una comisión independiente de investigación del escándalo, que echó a andar en septiembre del siguiente año. Durante todo este tiempo, el equipo presidido por el exjuez Langstaff ha producido más de 10.000 elementos de prueba, y ha interrogado a supervivientes, familiares de víctimas, personal sanitario, médicos, altos funcionarios, científicos y a varios de los exministros de Sanidad del Reino Unido.

“Ahora el país ya lo sabe, y el mundo ya lo sabe. Hubo un intento deliberado de mentir y ocultar, y fue sistémico, por parte del Gobierno y de funcionarios y profesionales sanitarios”, ha dicho Clive Smith, presidente de la Sociedad de Hemofilia, abogado y víctima de la contaminación.

Rishi Sunak llevaba tiempo preparando su respuesta ante una investigación demoledora, de la que su Gobierno ya no podía evadirse. “Hoy es un día de vergüenza para el Estado británico”, ha comenzado su comparecencia ante la Cámara de los Comunes. “Los resultados del informe deberían agitar en lo más hondo a nuestra nación”, ha dicho. “Hoy quiero hablar directamente a las víctimas y a sus familiares, algunos de los cuales están hoy presentes en este Parlamento. Quiero expresar nuestras disculpas inequívocas y de corazón a todos ellos”, ha asegurado Sunak.

El primer ministro británico se ha comprometido a pagar las compensaciones necesarias, sin escatimar en las cantidades, y a poner en práctica las recomendaciones del informe después de que su Gobierno las estudie en profundidad.

Los casos más graves

El informe de la comisión señala cómo los médicos realizaron experimentos con los productos derivados de la sangre sin informar a sus pacientes ni requerir su consentimiento. En el internado para niños con discapacidades Treolar´s, en Hampshire, los alumnos fueron tratados como “objetos con los que experimentar”, a pesar de que el personal médico era consciente de los riesgos que implicaban los tratamientos. Al menos 70 de sus exalumnos, que padecían hemofilia, fallecieron después de los tratamientos.

Muchos de los pacientes en los que se detectó hepatitis C o la presencia del VIH después de haber sido tratados con derivados contaminados de la sangre fueron mantenidos en la ignorancia durante meses o años, sin comunicarles su nueva condición, con nefastas consecuencias para poder tratar más adelante la enfermedad.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.
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