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Hospitales en quiebra: Alemania aprueba una amplia reforma para luchar contra su precaria situación

La medida, la más importante en el sector en los últimos 20 años, prevé el cierre de parte de los cerca de 1.900 centros del país y ha suscitado numerosas críticas por parte de algunos Estados federados

Hospitales Alemania
Un quirófano en el Hospital Universitario de Tübingen (Alemania), la semana pasada.Bernd Weißbrod (dpa/ picture alliance/ Getty)

Oleada de quiebras de hospitales, urgencias saturadas, elevadas tasas de mortalidad, tiempos de espera muy largos... los titulares sobre el sector sanitario son alarmantes desde hace meses en Alemania. Para hacer frente a este grave problema, el Gobierno del país acaba de aprobar una reforma hospitalaria, la más importante de los últimos 20 años y que ha suscitado numerosas críticas por parte de algunos Estados federados que acusan a Berlín de inmiscuirse en ámbitos cuya competencia les corresponde. El objetivo del Ejecutivo es ganar eficiencia, por lo que prevén el cierre de parte de los cerca de 1.900 hospitales que hay en el país —según cifras de la oficina de estadísticas de Alemania—, aunque no han detallado ni cuántos ni dónde están situados, así como cambiar la forma en la que se financian estos centros sanitarios, que en los últimos años ha ocasionado la quiebra de decenas de ellos.

“Esta reforma es urgentemente necesaria, porque actualmente tenemos 1.700 hospitales en Alemania y hay que decir claramente que hay demasiados hospitales. Alemania no tiene las necesidades médicas, el personal médico, ni el personal de enfermería para 1.700 hospitales”, explicó este miércoles el ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, quien ha repetido en varias ocasiones esta cifra, inferior a la que ofrece la oficina de estadísticas del país. Lauterbach ha ofrecido una rueda de prensa para presentar esta reforma, una de las más importantes de la legislatura de su cartera y en la que han trabajado durante dos años.

“Tampoco disponemos de los recursos financieros”, apuntó el político socialdemócrata, que abogó por economizar para contar con un rendimiento y calidad aceptables sin querer detallar cuántos hospitales se cerrarán ni tampoco dónde, algo que dijo que estaba en manos de los Estados federados, ya que son ellos los que tienen que evaluar la situación. No obstante, quiso acallar los miedos afirmando que “ningún pequeño hospital rural será desmantelado por esta reforma”.

Su aplicación llevará unos diez años y para llevarla a cabo se ha destinado un fondo de transformación de 50.000 millones de euros, la mitad a cargo de los Estados federados y la mitad a cargo del Gobierno federal, que quiere financiar su parte con cargo al fondo de salud de las aseguradoras, algo a lo que estas se oponen. El sistema sanitario alemán funciona gracias a estas aseguradoras públicas de salud, que se autogestionan aunque son supervisadas por el Gobierno. Cada ciudadano elige a qué aseguradora quiere pagar y ellas son las responsables de abonar a los hospitales el coste de los tratamientos médicos, en función de unas tarifas fijadas por el Ejecutivo y los Estados federados.

Los expertos llevaban tiempo advirtiendo de la grave situación de la sanidad hospitalaria en el país. Los hospitales y clínicas de rehabilitación del país están sometidos a una presión cada vez mayor, ante la falta de financiación de los costes de inversión por parte de los Estados federados, el aumento masivo del gasto en personal y energía, así como del coste de los productos médicos, medicamentos y alimentos, igual que la escasez de personal de enfermería y el descenso del número de casos. Esto llevó hace tiempo a la Federación Alemana de Hospitales (DKG) a lanzar la campaña nacional “Alerta roja: hospitales en peligro”.

La DKG emitió un sombrío pronóstico a finales de 2023 en el que predijo hasta 80 insolvencias de hospitales para 2024, el doble que en 2023, que ya de por sí fue un año récord de procesos de insolvencia de hospitales en Alemania, con 33 procedimientos. A estos de 2023 se suman ya cinco a principios de 2024. Solo cuatro de las 38 clínicas insolventes de todo el país, según la lista de la DKG, eran o son de propiedad privada, ocho son de propiedad pública y 26 son organizaciones sin ánimo de lucro. Además, según la Alianza para el Rescate de Hospitales, se han cerrado 66 hospitales desde 2020 debido a una “mala financiación pública”, que favorece a las grandes clínicas privadas altamente especializadas.

Sin embargo, tampoco los hospitales que siguen funcionando sin tener que protegerse de sus acreedores están en mejores condiciones. Los largos tiempos de espera para determinadas operaciones y su aplazamiento se han convertido en moneda corriente en los centros sanitarios debido, sobre todo, al importante deterioro de su situación económica, con una continua escasez de personal.

Una de las principales críticas de su mala situación es la controvertida tarifa plana por caso, según la cual los hospitales cobran a las aseguradoras una tarifa plana por cada tratamiento médico basada en una fórmula fija, que les permite concentrarse en sectores rentables como la ortopedia o la cardiología, que son más caras que otros servicios como por ejemplo la atención primaria. Así, los hospitales más pequeños de las zonas rurales, que carecen de especialistas para llevar a cabo tratamientos más complejos, se ven abocados a prestar una atención primaria y de urgencias, mucho menos lucrativa, por lo que se ven sistemáticamente penalizados. Esto es algo a lo que se pondrá fin con la reforma actual.

“Las tarifas planas por caso que utilizamos hacen que los hospitales solo puedan generar su presupuesto tratando un gran número de casos”, reconoció el ministro de Sanidad, que modificará la financiación de los hospitales de tal manera que estos se verán liberados de la presión financiera que supone tener que tratar cada vez a más pacientes y así evitar operaciones que a veces “ni siquiera son médicamente necesarias”. En concreto, esto significa que en el futuro recibirán el 60% de su remuneración simplemente por prestar servicios. De esta manera, el ministro quiere que los pequeños hospitales puedan sobrevivir sin tener que hacer, por ejemplo, “precarias intervenciones de columna para las que, de todos modos, no cumplen los criterios de calidad”.

Un ejemplo de la mala situación que atraviesan muchos es el caso del hospital Heilig-Geist de Bingen, una pequeña localidad de apenas 24.000 habitantes en el estado de Renania Palatinado, en el oeste del país, que en marzo solicitó el concurso de acreedores. El hospital atendió el pasado año a 5.100 pacientes en régimen de hospitalización, al ser el único con asistencia hospitalaria de todo el distrito, tras el cierre del hospital de Ingelheim en 2020. Su posible cierre llevó a cientos de personas a manifestarse a finales de marzo a favor de su conservación y de la importancia para la región. Finalmente, la semana pasada las autoridades decidieron salvarlo inyectando un total de unos 15 millones de euros en los próximos cuatro años.

Pero si bien este se salvará del cierre, muchos otros no correrán la misma suerte. Los Estados federados deberán analizar las necesidades y ver qué hospitales no son necesarios. Se trata también de llevar a cabo una especialización de los hospitales. En esta línea se pondrá en marcha el próximo viernes el Atlas Federal de Hospitales, “de modo que todo el mundo podrá ver qué hospital realiza qué procedimiento, con qué frecuencia y qué hospital es especialmente adecuado”.

“Hay estudios que demuestran que si nos especializáramos más, decenas de miles de personas más podrían sobrevivir cada año si sus accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio o cáncer se trataran en hospitales especialmente adecuados para ello”, apuntó sobre una reforma con la que quiere atajar otro problema: el de la elevada tasa de mortalidad. “Lo que más me deprime es que la gente muera, porque en realidad tenemos la especialización. Tenemos las clínicas especializadas. Pero no las utilizamos lo suficiente”.

Si bien Lauterbach ha diseñado la ley de tal forma que no requiera la aprobación en el Bundesrat —cámara de representación de los 16 Estados federados—, los políticos pueden apelar allí a la comisión de mediación y ralentizar así el proceso. Ahora, la ley se debatirá en el Bundestag —Parlamento alemán— y está previsto que entre en vigor a principios de 2025, y que su aplicación efectiva se produzca paso a paso en los años siguientes.

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