El Supremo avala temporalmente una ley que prohíbe el tratamiento a los menores trans de Idaho

La mayoría conservadora del Supremo estadounidense ha avalado este lunes una dura ley que prohíbe el tratamiento de los jóvenes trans en el estado de Idaho. La norma contempla un castigo de hasta 10 años en prisión para los médicos que suministren hormonas, realicen cirugías o proporcionen terapias de cambio de sexo a los menores de 18 años. Los jueces progresistas, en cambio, se pronunciaron en favor de mantener bloqueada la norma, como determinó un juez federal de una instancia inferior. La ley estará en vigor mientras se desahogan otros juicios presentados por organizaciones de derechos humanos y del colectivo LGTBIQ+.

La norma es conocida localmente como la Ley de Protección a las Infancias Vulnerables. Fue aprobada en marzo del año pasado por la mayoría republicana que controla el Congreso de Idaho. Brad Little, el gobernador, la firmó en abril de 2023 asegurando que era un gesto de que la sociedad “debía jugar un papel de defensa a los menores de procedimientos que podían dañar sus cuerpos de forma irreversible”. De esta forma, el Estado del Oeste del país se sumó a otros 23 bastiones republicanos que han prohibido las terapias de conversión.

En una carta dirigida al Congreso local, el gobernador Little aseguró que los políticos deberían de “tener cautela cuando permiten que el Gobierno interfiera “con los padres amorosos y las decisiones que estos tomen sobre lo que es lo mejor para sus hijos”. Las líneas parecieron ser premonitorias sobre el futuro de la norma, que entraría en vigor el 1 de enero de 2024. Dos niñas trans de 15 y 16 años, apoyadas por sus padres, interpusieron una demanda para frenar la entrada en vigor de la ley. El fallo del Supremo de este viernes afecta a todos menos a ellas, quienes podrán seguir sus tratamientos hasta que el caso se desahogue.

Las víctimas, cuyo nombre no ha trascendido, aseguran que la ley es inconstitucional porque las discrimina. En la demanda, argumentaron que los tratamientos a los que se han sometido las ayudan con temas de salud mental y les ha permitido florecer como adolescentes.

Lynn Winmill, una jueza federal de distrito radicada en San Francisco, frenó la ley asegurando que esta violaba el artículo 14 de la Constitución, que protege a las minorías dándoles garantías de igualdad frente a la justicia y les promete un debido proceso. Una Corte de Apelaciones avaló la decisión de Winmill y las autoridades de Idaho, encabezadas por el fiscal general, Raúl Labrador, llevaron el caso a la Suprema Corte, donde hoy ha imperado la opinión del bloque conservador instaurado en la Administración de Donald Trump.

“El Estado tiene una tarea importante de proteger y apoyar a todos los menores”, aseguró Labrador este lunes después de que se dio a conocer la decisión del Supremo. “”Estoy orgulloso de defender la ley de Idaho, que se asegura de que los niños y niñas no sean sometidos a medicamentos y procedimientos que pueden alterarles la vida”, añadió.

Al llevar el caso al Supremo, Labrador argumentó que el bloqueo a la ley era demasiado extensa, a pesar de que solo fue impugnada por dos familias. “Las quejosas son dos menores y sus padres, mientras que el bloqueo afecta a dos millones de personas [la población de Idaho]”, escribió en su queja de emergencia. Esto, en su opinión, “expone a niños vulnerables a procedimientos que incluso los expertos citados por los demandantes son inapropiados para algunos”.

Cinco de los seis jueces de la supermayoría conservadora del Supremo dieron la razón a Labrador. El togado John Roberts, el presidente del órgano constitucional, no dijo públicamente cuál fue el sentido de su voto. Neil Gorsuch, quien escribió la opinión de la mayoría, ordenó a los jueces de las instancias inferiores a evitar hacer bloqueos extensos como el de Winmill. Los ultraconservadores Samuel Alito y Clarence Thomas se adhirieron al texto de Gorsuch.

La jueza Ketanji Brown Jackson escribió el voto de disenso, que contó con el apoyo de Sonia Sotomayor, otra jueza progresista. “Este Tribunal no tiene la obligación de responder a todo aquel que llegue con una supuesta emergencia, y es especialmente importante que nos abstengamos de hacerlo en circunstancias tan nuevas, inestables y políticamente cargadas”, señaló Brown.

ACLU, la organización de defensa de derechos humanos, que lleva el acompañamiento legal de las denunciantes, ha advertido que el fallo del Supremo pone en peligro la atención médica de miles de familias en el Estado. “Es un resultado terrible para las juventudes trans y todas las familias de Idaho”, aseguró el grupo en un comunicado. ACLU recuerda que aún no se ha dicho la última palabra sobre la constitucionalidad de la norma, lo que deja abierta la posibilidad de que sea derogada en el futuro.

Idaho se suma así a otros 22 Estados que han aprobado en sus cámaras leyes para prohibir o regular la asistencia a los jóvenes trans. Entre ellos están Texas, Florida, Georgia y Ohio. La mayoría de estos vetos han sido llevados a los tribunales. En Arkansas, el primero que adoptó la prohibición, un juez federal la calificó de inconstitucional. Lo mismo ocurrió con la de Montana, que está congelada actualmente. La batalla judicial continúa en los otros territorios.