Régimen de visitas y padres maltratadores

Un régimen, según el diccionario, es un sistema político o un conjunto de normas por el que se rige una nación, institución, entidad o actividad, por lo que podemos concluir que nuestra sociedad es un “régimen de visitas” a favor del padre, aunque el padre sea un maltratador de la madre de los niños y niñas a los que las instituciones obligan a ver. Todo forma parte de la realidad, que es la manera en la que suceden los acontecimientos derivados de las dinámicas de una sociedad; sociedad que es hija de la cultura, y una cultura que es hija de los hombres que la han gestado y criado desde su mirada androcéntrica.

La anterior no es una tarea solo de hombres, sino de hombres-padre en una concepción de la paternidad que trasciende lo biológico para darle sentido a toda la realidad, desde lo humano a lo divino; mientras que la maternidad solo es biológica e instrumental para esa cultura paternalista con las mujeres. Por eso, la identidad de las mujeres se define sobre la función de madre, y una mujer que no sea madre es una mujer “incompleta”; y un hombre que no sea padre puede seguir siendo “hombre completo”, porque la paternidad de los hombres se ejerce sobre todo el sistema androcéntrico. Eso lleva, por ejemplo, a que todos los sacerdotes sean reconocidos como “padres”, pero la mayoría de monjas lo sean como “hermanas”, salvo algunas excepciones.

Los hombres reivindican la autoría de sus obras a través de la paternidad cultural que conlleva un componente social y otro biológico, y del mismo modo que a lo largo de la historia han discriminado a las mujeres y les han ido concediendo derechos cuando las circunstancias lo hacían inevitable —ir a la escuela, estudiar en la universidad, votar, trabajar sin el permiso del padre o del marido—, también han ido creando nuevos espacios para la maternidad conforme la situación social ha cambiado y se han visto obligados.

Era impensable en principio una maternidad sin paternidad, ante la imposibilidad de que las mujeres se pudieran separar o divorciar, y cuando eso ocurría —una madre soltera o un marido que la abandonaba—, todo el peso del reproche social caía sobre ella para dejarla sin espacio y sin vida social. Después, cuando se pudieron divorciar, el control se mantenía por medio de la pensión de alimentos, puesto que las dificultades para que las mujeres trabajaran eran enormes; más adelante la ley cambió para exigir a los padres el cumplimiento de sus obligaciones y la asunción de las responsabilidades económicas. Toda esa evolución demuestra desde el principio que importa más el control de las mujeres que el bienestar de sus hijos e hijas.

Los cambios sociales y el progreso consecuente permitieron que las mujeres tuvieran un mayor acceso al trabajo y más libertad para ser reconocidas como madres separadas y libres, además de contar con instrumentos legales para garantizar las responsabilidades de los padres, pero entonces inventaron el SAP (Síndrome de Alienación Parental) y otras estrategias para continuar con el daño individual, tal y como ha puesto de manifiesto la reciente sentencia del Tribunal Constitucional para garantizar que los padres paguen la pensión de alimentos. Pero en ningún caso han podido detener la transformación social a favor de la igualdad iniciada por las mujeres y el feminismo.

Una violencia que sigue tras la separación

Así llegamos a la situación actual en la que las mujeres-madre se separan, la violencia de género sigue presente, y los hombres, en su paternidad, se ven limitados en el abuso violento que habían creado con su cultura. Pero esa cultura sigue siendo androcéntrica, por eso la realidad se camufla con circunstancias para hacerla invisible y luego tomarla como inexistente.

El asesinato de Elisa y Larissa en Almería a manos de su padre ha vuelto a poner de manifiesto, como lo hacen los cinco asesinatos de niños y niñas que se cometen cada año en el contexto de la violencia de género, la incapacidad de un sistema para asumir la realidad. Y lo demuestra porque, como apuntaba, son de media casi cinco homicidios cada año —desde que existen datos oficiales, en 2013—, de los cuales en el 29% había denuncia previa sin que el sistema reaccionara frente a esta realidad habitual en términos de criminalidad.

La cuestión no es qué falla en el sistema, sino entender que el fallo es el de una sociedad que crea un sistema insuficiente, lleno de resquicios para que la paternidad se mantenga intacta en su ejercicio, y sea modelo para que niños y niñas aprendan a ser hombres y mujeres en el futuro. Los asesinatos de Elisa y Larisa se produjeron debido a que el padre maltratador tenía un régimen de visitas: ese es el núcleo del problema. Y la pregunta que surge es muy sencilla: ¿cuántos padres maltratadores tienen visitas con sus hijos e hijas en la actualidad?

En el reciente informe del Consejo General del Poder Judicial sobre las denuncias por violencia de género en 2023 se indica que ascendieron hasta prácticamente las 200.000. Si tenemos en cuenta que la Macroencuesta de 2019 recoge que el 89,6% de las mujeres maltratadas lo son con sus hijos e hijas menores de edad en el hogar, podemos extrapolar y comprobar que el año pasado alrededor de 179.200 denuncias se realizaron por mujeres con hijos e hijas menores.

Las órdenes de protección y medidas cautelares adoptadas fueron 42.478, de las cuales, según la extrapolación, 38.061 fueron sobre mujeres con menores, y de ellas solo en 4.126 se suspendieron las visitas, es decir, en el 89,1% de los casos en los que un padre agresor ejerció una violencia tan grave que requirió una orden de protección o una medida cautelar, no se adoptó ninguna medida sobre las visitas a sus hijos e hijas. Y las 4.126 suspensiones del régimen de visitas suponen un 2,3% del total de mujeres con hijos e hijas que denunciaron, o sea, en el 97,7% de los casos no se adoptó una suspensión de las visitas.

En muchas de estas denuncias pudo existir una suspensión —por la aplicación del artículo 544 ter. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal—, pero aun así, la situación indica que hay miles de casos donde el padre maltratador con su paternidad dueña de la realidad continúa con visitas con sus hijos e hijas a pesar de no haber resuelto la violencia que ejercen. ¿Qué diremos cuando alguno de estos padres vuelva a asesinar a sus hijos e hijas? ¿Nos preguntaremos de nuevo qué ha fallado en ese caso particular, o nos tranquilizaremos al pensar que en la mayoría de los casos no las asesinan, como se dice con frecuencia respecto a mujeres y menores?

Una patria potestad que se mantiene

Vivimos en un “régimen de visitas” que favorece a los padres maltratadores, porque incluso después de asesinar a la madre de sus hijos, a veces continúan con la patria potestad. En las últimas sentencias sobre homicidios por violencia de género analizadas por el CGPJ (años 2021 y 2022), solo en siete casos del total de 74 se ha suspendido la patria potestad, lo cual supone un 9,4% del total; y aunque no en todos los casos había menores, es un dato que refleja que no se suspende en todos los homicidios por violencia de género donde hay menores.

Como se puede ver, se trata de una situación estructural que debemos cambiar para evitar el riesgo nada despreciable que lleva a que cinco niños y niñas sean asesinados cada año dentro de la violencia de género. No se trata solo de los homicidios de los hijos cuando hay denuncia, centrarnos en estos casos es otra trampa, puesto que en el 71% de ellos no había denuncia previa. Se trata de entender cómo la construcción cultural juega con la normalidad para que los hombres-padres que lo decidan ejerzan la violencia en cualquier circunstancia, como ha ocurrido en Girona con el padre que ha asesinado a su hijo de cinco años, y eso exige anticiparnos mediante la prevención y la detección.

Hacerlo no es actuar contra los hombres, lo que es actuar contra los hombres es entender que la paternidad permite compatibilizar ser maltratador y buen padre. No es aceptable que los hombres mantengamos el silencio y la pasividad frente a aquellos que utilizan la masculinidad y la paternidad, común a todos nosotros, para conseguir beneficios particulares en nombre de la cultura y su normalidad. Nos utilizan al otorgarse una representación de todos nosotros que yo no les doy, y que ningún hombre debería darles ni permitirles.

Vivimos en un “régimen de visitas” porque la cultura impone una paternidad sin límites, por eso el objetivo debe ser transformar este régimen de la desigualdad por uno levantado sobre la igualdad y la paz, y no abordar los casos como si se tratara de problemas puntuales y aislados. Así se ha hecho siempre, y así nos va.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.