Igualdad y las autonomías aprueban medidas para la prevención de la violencia machista y la protección de las víctimas

Vulnerabilidad, exclusión social o el riesgo de estarlo. Esos son los factores que se repiten en varios de los feminicidios que el Comité de Crisis ha analizado desde que se reunió por primera vez, en diciembre de 2022. Desde entonces, y hasta el pasado octubre, lo ha hecho en otras cinco ocasiones, cada mes en el que se han producido cinco o más casos. De esas reuniones y del estudio de cada uno de esos asesinatos han ido saliendo propuestas, nuevos protocolos y herramientas que este lunes ha aprobado la Conferencia Sectorial de Igualdad —formada por el Ministerio de Igualdad y las autonomías—, cuestiones vinculantes que las comunidades deben activar, según confirman desde el ministerio.

Algunas de ellas se han repetido a lo largo del último año por parte de diversas instituciones, como la de “reforzar el enfoque de género entre profesionales que atienden de manera directa o indirecta a las víctimas”, desde las áreas de salud mental, la atención primaria, los servicios sociales, los sistemas de dependencia y los turnos de oficio de otras ramas del derecho como familia o extranjería; una mejora que podría haber ayudado a algunas de las víctimas del último año, como la mujer con esclerosis múltiple a la que su marido dejó agonizar hasta la muerte durante cinco días.

También hacer ese mismo refuerzo en “los sistemas de protección y seguridad institucionales cuando no existen medidas judiciales o policiales, con especial atención a mujeres que retiran la denuncia”, por ejemplo “facilitando ATENPRO [el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género, que atiende de forma inmediata las 24 horas del día, 365 días del año] a todas las víctimas que estén en situación de riesgo bajo o medio”, o aquellas que cuando acuden a los servicios especializados y se aplican sus evaluaciones del riesgo, se aprecie que es necesario ofrecérselo.

Para cuando nunca llegan a acudir a esos servicios especializados, el acuerdo de la Conferencia Sectorial pasa por “la coordinación” en los propios municipios, porque “varias de las víctimas no acudieron a los especializados, pero sí habían acudido a Servicios Sociales generales, que no consta que las derivaran a los especializados”, explica Igualdad en un comunicado. Para las mujeres migrantes, de forma específica y porque se conocen las dificultades a veces idiomáticas a veces culturales, se ha decidido “establecer medidas de mediación intercultural en los servicios sanitarios y educativos, y poner más herramientas y políticas públicas” a su disposición “para llegar a ellas”.

De forma más general, se ha incluido “mejorar la información existente en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ)”, una herramienta que usa Justicia para gestionar sentencias firmes, medidas cautelares o las inscripciones para la protección de víctimas de violencia machista; y con un especial hincapié que desde el Ministerio se ha hecho en los últimos meses, “la necesidad de seguir sensibilizando al entorno de la víctima, porque existen indicadores de que familiares o vecindario tenían conocimiento de la relación violenta”.

Ahora, las comunidades deben empezar a poner en marcha los cambios necesarios para cumplir con esta decisión de la Sectorial de Igualdad tras casi un año de seis comités de crisis y trabajo de diversas instituciones. Hace unos meses, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, recordaba que a la primera reunión de crisis, en diciembre del pasado año, se sentaron sabiendo que el español es “el sistema mejor cosido de Europa y uno de los mejores del mundo”, pero que, sabiendo eso, había dos opciones: “Sentarte a disfrutar del sistema que has creado o mirar las costuras para ver qué se puede seguir haciendo para mejorar, con parámetros de máxima exigencia. Reconocer que el sistema se puede mejorar o que tiene grietas significa tomar decisiones valientes y hacer una política responsable para solucionarlo”. Y para eso, añadía, tenían que “tener en cuenta cada vulnerabilidad de cada víctima. Cada una está mandando un mensaje, cada una enseña algo”.

En lo que va de año, 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas; además de un caso en investigación. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.236.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.