Yu Haibin: “En China, desde la guerra del opio, la repulsa contra las drogas corre por nuestras venas”

El subdirector de la Oficina de la Comisión Nacional de Control de Estupefacientes aguarda en una sala ubicada en un hotel anexo al ministerio de Seguridad Pública, en Pekín. Es lunes y Yu Haibin (Mongolia interior, China, 1971), uno de los primeros espadas de la lucha antidroga de este país, recibe a EL PAÍS para hablar de la epidemia del fentanilo, una droga sintética que mata cada año a más de 70.000 personas en Estados Unidos. Washington lleva años reclamando una mayor cooperación de Pekín para detener la lacra. China alberga una gigantesca industria química que produce compuestos que pueden combinarse para crear el fentanilo, un opiáceo 50 veces más potente que la heroína. Decenas de empresas y ciudadanos chinos han sido sancionados o son reclamados por la justicia estadounidense por su presunta vinculación al tráfico de esta droga y por vender los precursores con los que fabricarla. Muchos de estos pasan por México, donde son transformados en la droga que finalmente causa estragos en ciudades como San Francisco o Filadelfia.

El asunto, con la tensión política en cotas máximas, ha sido un campo de disputa entre superpotencias. En la entrevista, realizada mediante intérprete, Yu defiende que Washington no ha presentado pruebas legales de que ningún ciudadano chino haya cometido actos ilegales. Y asegura que, tras la reunión de noviembre en San Francisco entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, la “cooperación” entre ambos países “se ha restablecido plenamente”. Muestra “empatía” hacia Estados Unidos, pero también señala que las raíces del problema de adicción se encuentran en ese país. En la República Popular, en cambio, la historia juega un papel clave en el rechazo hacia los estupefacientes: “China sufrió enormemente la guerra del opio, por lo que nuestra repulsa contra las drogas corre por nuestras venas”, dice en referencia a la adicción que recorrió la China imperial del siglo XIX y fue el origen de los conflictos con las potencias coloniales.

Yu viste de forma sobria, con la chaqueta azul sobre camisa blanca que suelen llevar los cuadros del Gobierno. Habla de forma pausada durante más de una hora. Ha preparado las respuestas a conciencia —se solicitó el envío de cuestiones a tratar de forma previa—, aunque admite preguntas que se salen del guion. Tres funcionarios le acompañan en la entrevista. El hoy subdirector entró en el ministerio de Seguridad Pública, al frente de la Policía, tras graduarse en la universidad y lleva 10 años dedicado al control de Narcóticos, vinculado entre otras cosas a los precursores químicos y las llamadas Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP). Considera que su trabajo exige “encontrar un equilibrio entre no influir en el uso industrial de sustancias químicas y prevenir y luchar contra su desvío ilícito”. Este dilema en una potencia química e industrial como China resume buena parte del problema del fentanilo: una droga sintética regulada, pero que se puede fabricar gracias a precursores químicos no regulados.

Yu pone el ejemplo del último año para explicar el dilema. En 2023, cuenta, Estados Unidos interpuso “unilateralmente” cinco acciones judiciales, sanciones y detenciones vinculadas al fentanilo que afectaron a 31 empresas y 39 ciudadanos chinos. Pero según las investigaciones de Pekín, el material y las sustancias implicadas “no están controlados” por China, ni “catalogados” por este país, Naciones Unidas o Estados Unidos. Es decir, su comercio no está prohibido. Además, las pruebas han sido “principalmente obtenidas por agentes estadounidenses que se hacían pasar por clientes para comprarlas” y en algunos casos las compañías implicadas, a pesar de que solo publicaron anuncios de venta o aceptaron consultas sin realizar transacciones reales, “también han sido sancionadas”. China “no ha encontrado pruebas de que las empresas y ciudadanos sancionados hayan violado las leyes chinas”, responde. “Si Estados Unidos puede aportar pruebas obtenidas por canales legales conforme a las leyes chinas de que estas empresas y ciudadanos violaron las leyes chinas, entonces China tomará medidas enérgicas con arreglo a las leyes chinas”.

El subdirector Yu reconoce que las “dificultades” con respecto al “control” de los precursores se extienden a toda la comunidad internacional. Este “producto químico” tiene “dos caras”: puede ser usado “para el tráfico ilegal” y la fabricación de drogas; pero también se emplea “en la producción industrial y agrícola, y en la vida cotidiana, incluida la investigación científica”. El gigante asiático, al ser el mayor productor de químicos del planeta, se encuentra en el centro de la tormenta. Pero Yu enuncia los convenios internacionales para explicar que el hecho de que una sustancia se use para elaborar estupefacientes no significa que, de forma automática, deba ser regulada. Se deben ponderar sus otros usos. La aproximación de China, prosigue, pasa por controlar estos químicos para evitar que se pierdan por canales ilegales, mediante advertencias, dando protagonismo a las asociaciones industriales y ejerciendo “la autodisciplina corporativa”. “No solo debemos combatir la ilegalidad, sino también proteger la legalidad”, resume.

Más de 6.500 casos de drogas

China, que ha desarticulado 6.533 casos de drogas —de más de 1 kilogramo— y desbaratado 31.000 bandas de narcotraficantes en los últimos cinco años, suele hablar de la severidad de su normativa para explicar por qué no se conocen apenas casos vinculados al fentanilo en el país. “Mantenemos una postura de alta presión de medidas enérgicas especiales en lo que se refiere a la aplicación de la ley”.

La cumbre de noviembre entre Biden y Xi en San Francisco ha cambiado el paso. Yu valora el “importante consenso” alcanzado en la lucha contra el tráfico de fentanilo. Justo tras el encuentro, Washington levantó las sanciones impuestas al Laboratorio Nacional de Estupefacientes de China y al Instituto de Ciencias Forenses del ministerio de Seguridad Pública, “eliminando los anteriores obstáculos” a la colaboración. También se ha establecido un grupo de trabajo antidroga. “La cooperación entre China y Estados Unidos se ha restablecido plenamente”, asegura. Los próximos hitos pasan por la cooperación “en todos los ámbitos en la gestión de sustancias, incluido el fentanilo”, una colaboración “integral que incluye el intercambio de información de inteligencia, la investigación de casos y el intercambio técnico”, según el subdirector.

“El pueblo chino empatiza con el daño causado por las drogas al pueblo estadounidense”, añade Yu al ser interrogado por las acusaciones de Estados Unidos de alimentar la crisis de los opiáceos. Asegura que con los esfuerzos por parte de Pekín —que incluye de la regulación de todos los tipos de fentanilo desde 2019 al control de envíos postales—, Estados Unidos no ha encontrado que el fentanilo siga viniendo de China. Aun así, señala, Washington impuso sanciones al citado laboratorio e instituto forense. “Y los sentimientos del pueblo chino fueron gravemente heridos por la visita de [la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy] Pelosi a Taiwán. Por eso interrumpimos nuestra cooperación en materia de control de estupefacientes con Estados Unidos”, justifica.

A pesar de la empatía, es rotundo: “El problema al que se enfrenta ahora Estados Unidos tiene sus raíces en el propio país. Está causado por el abuso de medicamentos”. Recuerda, entre otras cosas, las multas millonarias a compañías farmacéuticas responsables de alimentar ese abuso, como Purdue Pharma y Johnson & Johnson. “Creemos que la causa fundamental es que esas empresas tenían ánimo de lucro”, incide. En China, concluye, siguen en cambio muy presentes los estragos del siglo XIX. “Hace más de 100 años China sufrió enormemente la guerra del opio, por lo que nuestra repulsa contra las drogas corre por nuestras venas”, dice. De Estados Unidos espera a partir de ahora una cooperación “sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la confianza recíproca”. Y concluye, en referencia a la extraterritorialidad de las sanciones y procesos estadounidenses: “No nos gustan las jurisdicciones de brazo largo”.