Una reforma constitucional que va más allá del término ‘disminuido’ y pasa de la mirada asistencial a la inclusión

La reforma del artículo 49 de la Constitución supone más que un baile de términos. Es posible que el cambio de disminuidos por personas con discapacidad, aprobado por una contundente mayoría del Congreso de los Diputados en la votación de este jueves —únicamente Vox se ha posicionado en contra—, sea el aspecto más llamativo, pero no es el único. La actualización de la ley fundamental deja atrás una mirada asistencial y rehabilitadora del colectivo y se centra en impulsar una mayor inclusión social y una plena autonomía.

La Constitución plasma un giro que se venía dando en la sociedad en los últimos años. Los representantes de varios colectivos de personas con discapacidad han dado este jueves un largo aplauso en la tribuna de invitados del Senado al terminar la votación, que se ha celebrado ahí porque el Congreso permanece cerrado por obras de rehabilitación. La política de “previsión, tratamiento y rehabilitación” de los “disminuidos” recogida en el artículo todavía vigente desaparecerá de la ley fundamental y se sustituirá por una redacción más amplia que, entre otras cosas, indica que “los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad”. El nuevo texto todavía tiene que superar el último trámite en el Senado y ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente a mediados de febrero.

Para la presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, el cambio de mirada supone “dejar de poner el foco en los déficits de las personas” y centrarse en “sus derechos”. “Les reconoce la individualidad, la opción de decidir por sí mismos”, comenta Laucirica. Una opinión que comparte el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, que reivindica “medidas de discriminación positiva para posibilitar el empoderamiento”. El secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, reivindica no solo ofrecerles la ayuda necesaria, sino “darles la opción de expresar qué quieren hacer con su vida”.

La reforma llega tras 20 años de lucha del colectivo. Sin embargo, su satisfacción por haber, por fin, logrado el cambio en la Constitución no significa, ni mucho menos, que den por terminadas sus reivindicaciones. Aunque la discriminación se haya reducido respecto a la que se daba hace décadas, todavía está presente en el día a día de los 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín, explica que el trabajo iniciado en la anterior legislatura se tiene que plasmar en “las cuestiones cotidianas del día a día”. “Tenemos que asegurar que todas las personas con discapacidad puedan salir de sus viviendas, ir a comprar o ir al cine. Vamos a desarrollar un real decreto de accesibilidad cognitiva, para que las personas que no comprenden bien su entorno puedan entender una sentencia judicial o un diagnóstico médico”, ha mencionado Martín.

Inazio Nieva, nacido en el pueblo vizcaíno de Leioa hace 24 años, celebra la modificación constitucional, pero advierte de que queda camino por recorrer. Tiene parálisis cerebral, es integrador social y se dedica a divulgar sobre su discapacidad en redes. “Encontrar un trabajo siendo joven ya es complicado, pero si encima tienes una discapacidad como la mía, supone un doble muro”, comenta Nieva, y añade que hay que aumentar los incentivos para que las empresas les contraten. Actualmente, según datos del INE, el 27,8% de los casi dos millones de personas con discapacidad en edad de trabajar está empleada ahora mismo en España. Es la mayor proporción registrada (la serie comienza en 2014), pero la diferencia respecto a las personas sin discapacidad, con un 68,1% de ocupados, sigue siendo muy elevada.

El empleo es una de las principales preocupaciones de los colectivos. El secretario general del CERMI denuncia que, cuando un trabajador sufre un accidente que le provoca una discapacidad, se le suele “invitar a dejar su empleo”. “Hay que hacer justo lo contrario, adaptar el lugar de trabajo para que tenga la opción de continuar”, espeta. Laucirica incide en la necesidad de revertir “las negativas cifras laborales” que presentan las personas con discapacidad.

Otro foco clave en las reivindicaciones es el mundo educativo, donde los avances hacia la inclusión son todavía insuficientes. Nieva recuerda que sufrió reiterados episodios de acoso escolar y que echó en falta una mayor integración en el colegio. Ahora, para evitar que se repitan situaciones similares, imparte charlas en centros educativos en los que cuenta su vida y sus experiencias. La tasa de abandono escolar entre las personas con discapacidad es del 43%, según el Informe Olivenza sobre la situación de la discapacidad en España.

Una realidad difícil

Las personas con discapacidad lo tienen más difícil para casi todo, esa es la realidad incontestable al analizar estadísticas. Y, aunque aún es preciso mejorar los datos para poder tener una radiografía más precisa de las incontables discriminaciones que sufren, el nuevo artículo 49 recoge de forma explícita que será preciso atender a dos realidades: “Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”. Una relevancia que consideran necesaria los representantes de los distintos colectivos. Para el presidente de Cocemfe, es “esencial la detección temprana de cualquier discapacidad” para abordarla cuanto antes. Y el secretario general del CERMI considera que las mujeres con discapacidad tienen “un mayor riesgo de sufrir violencia sexual”.

La redacción definitiva del artículo 49 establecerá en su primer apartado que “las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación”. Y en el segundo añadirá: “Estas políticas [que deben llevar a cabo los poderes públicos] respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes”.

El consenso social por superar las discriminaciones que sufre el colectivo se ha reflejado en la votación de este jueves, que ha contado con el voto favorable de 312 diputados. Esta es la tercera vez que se realiza una reforma puntual de la Constitución y la primera de carácter social, tras las efectuadas en 1992, para reconocer el derecho pasivo de los ciudadanos comunitarios, y en 2011, para imponer un corsé al gasto público.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), ha celebrado este jueves la reforma en su cuenta de X (antes Twitter). “Hoy nos convertimos en un país mejor. Tras 20 años de luchas de las personas con discapacidad, de sus familias y de la sociedad civil, se aprueba la primera reforma social de la Constitución”, ha escrito Bustinduy. Un cambio en la ley fundamental y un mandato a las administraciones y a la sociedad en general. Queda camino por recorrer para abandonar el paternalismo y lograr la inclusión y la plena autonomía.

La lista de objetivos por lograr es larga. Se ve en el día a día, en aspectos tan cotidianos como puede ser, para cualquier joven, salir de fiesta. “No te rechazan de manera premeditada, pero los locales no están adaptados para personas con parálisis cerebral”, relata Nieva. También lamenta la condescendencia con la que personas desconocidas se relacionan con él cuando detectan su discapacidad. “Se dirigen a mí con expresiones como ‘ay, pobrecito’ o ‘ay sí, corazón’. Pero yo no tengo cuatro años, sino 24″.