La mujer que demandó a Texas para abortar abandona el Estado para interrumpir su embarazo
Kate Cox, de 31 años, obtuvo la semana pasada una medida cautelar para poder someterse al procedimiento. La Fiscalía elevó el caso al Supremo, quien ha rechazado la operación
Kate Cox, la mujer de 31 años que demandó a Texas para poder abortar, ha abandonado el Estado para interrumpir su embarazo. La noticia, confirmada por sus abogadas, llega tres días después de que el Supremo local frenara temporalmente una medida cautelar otorgada por un tribunal inferior que le permitía realizar el procedimiento. Cox, con 20 semanas y seis días de embarazo, se encuentra en el centro de una disputa legal que la enfrenta con el veto casi total que las autoridades texanas han impuesto al aborto tras la derogación de Roe contra Wade. Muchos consideran que este es el primer caso en el que una mujer acude ante un tribunal para pedir permiso para interrumpir su embarazo. La noche del lunes, el Supremo de Texas negó a Cox el aborto argumentando que no merecía la excepción.
“El limbo legal de la semana pasada ha sido un infierno para Kate”, ha asegurado este lunes Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, la organización que se ha encargado de la defensa de Cox en los tribunales. La activista considera que la salud de su clienta no podía esperar a que los jueces se pronunciaran por el caso. “Ha estado entrando y saliendo de salas de emergencia (...) Es por esto que los jueces y políticos no deberían tomar las decisiones de la gente que se embaraza”, ha añadido.
Los médicos de Cox afirman que el feto tiene malformaciones congénitas y que seguir adelante con el embarazo podría poner en riesgo su fertilidad en el futuro. El matrimonio acudió a los tribunales de Austin para solicitar un aborto una semana después de recibir un diagnóstico pesimista. Los doctores pronosticaron que el bebé, quien tiene trisomía 18, viviría posiblemente una semana tras el parto. Siete de cada diez recién nacidos en estos casos nacen sin vida, de acuerdo a un informe presentado por el Centro de Derechos Reproductivos ante la corte.
La jueza Maya Guerra Gamble dio la razón a la pareja. La togada, de ideología progresista, otorgó el jueves una medida cautelar para que Cox pudiera someterse al procedimiento. El Estado, gobernado por autoridades ultraconservadoras, peleó arduamente por medio de la Fiscalía para que no se llevara a cabo el aborto y elevó el tema al Supremo local. El argumento de la oficina del fiscal Ken Paxton es que Cox no califica para una de las excepciones del casi veto total: que la vida de la madre corra peligro.
La Fiscalía interpuso un recurso la noche del jueves contra la decisión de la jueza Guerra Gamble. “Cada hora en que la medida cautelar está en pie es una hora en la que los demandantes se creen libres para realizar un aborto”, aseguró Paxton en la moción, que pedía rapidez al Supremo local. El Tribunal frenó el viernes, de manera temporal, la medida cautelar. “Tememos que en este caso la justicia demorada sea justicia negada”, dijo Molly Duane, una de las abogadas de Cox. El máximo Tribunal local ha dado la razón a Paxton la noche del lunes afirmando que la doctora de Cox, Damla Karsan, no probó que la vida de su paciente corre peligro.
Mientras Paxton interponía los recursos judiciales, también amenazaba con acciones legales a los hospitales. El fiscal envió cartas a tres centros del Estado amenazando con iniciar demandas contra los médicos e instituciones si se atrevían a intervenir en el caso. “El fallo no los protege a ustedes, ni a nadie más, de enfrentar responsabilidades por las vías civiles y penales”, afirmó el fiscal en el documento. El veto al aborto aprobado localmente en 2022 contempla multas de hasta 100.000 dólares a quien auxilie a la realización de un aborto.
“Este es el resultado de la derogación de Roe contra Wade: las mujeres se han visto forzadas a rogar por atención médica urgente en los tribunales. El caso de Kate ha mostrado al mundo que los vetos al aborto son peligrosos y que las supuestas excepciones simplemente no funcionan”, aseguró Northup.
Dos organizaciones de doctores consideran que este caso puede dejar en Texas precedentes preocupantes. “El clima de miedo de la comunidad médica local ciertamente irá a más por las acciones del Estado, que se ha opuesto al aborto que la señora Cox necesita”, aseguraron el Colegio Estadounidense de obstetras y ginecólogos y la Sociedad de Medicina Maternal. Ambos grupos habían solicitado a la Corte dar a la razón a Cox, quien ya es madre de dos hijos, pero no quiere ver frustrada su posibilidad de embarazarse nuevamente en el futuro.
El caso de Cox ha provocado varias reacciones en Estados Unidos, un país que se encamina a un nuevo año electoral y donde los derechos de las mujeres serán nuevamente un tema en la cabeza de los votantes. La vicepresidenta, Kamala Harris, ha subrayado la “hipocresía” y la “crueldad” mostradas por las autoridades texanas en este caso. “Mientras los funcionarios locales afirman que les importan la vida de las mujeres y los bebés, ponen en peligro la salud, el bienestar y las vidas de las mujeres negándoles la atención que merecen”, afirmó Harris en las redes sociales. La segunda al mando en la Casa Blanca se ha convertido en la portavoz de la Administración demócrata en la lucha en favor del derecho a decidir.
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