La UE recibe medio millón de firmas en apoyo de una ley contra el abuso sexual infantil en Internet

541.401 firmas son muchas firmas. Incluso agrupadas en folios, los paquetes se cuentan por decenas. Y pesan mucho, como pudo comprobar la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johannson, quien este miércoles recibió el más de medio millón de demandas ciudadanas en apoyo a su propuesta de ley europea contra el abuso sexual infantil online, un reglamento que se ha topado con el escepticismo y hasta oposición frontal de algunos países y plataformas digitales, que dicen ver en peligro la privacidad digital y que abre grietas para un posible espionaje.

Visiblemente emocionada, Johansson escuchó en un acto en el Parlamento Europeo los testimonios de víctimas de todas edades de abusos sexuales cuando eran menores, entre ellos el de Juan Cuatrecasas, el joven español que entre 2008 y 2011 sufrió abusos del pederasta José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bizkaia, y que contó ante cientos de activistas y autoridades europeas cómo esos abusos han marcado su vida de una forma indeleble. “Las cicatrices nunca desaparecen”, corroboró, entre lágrimas, la finlandesa Scharliina Eräpuro, otra superviviente —como prefieren definirse, en vez de víctimas— de abuso infantil.

Un flagelo que se multiplica al infinito con las redes sociales: solo en 2022, y solo en la UE, las plataformas enviaron 1,5 millones de informes con 5,2 millones de vídeos, fotos y actividades de grooming (cuando un adulto se pone en contacto con un menor para ganarse su confianza e involucrarle en una actividad sexual). Gracias a estas denuncias, señaló Johansson, ese año se pudieron identificar a 102 niños víctimas en Chipre, 185 en Italia o hasta 2.300 en Polonia. “Esto es un crimen silencioso que se produce tras puertas cerradas y esta es la manera de encontrar a los niños y rescatarlos”, subrayó.

“Europa debería ser un puerto seguro para los niños, pero se ha convertido en un centro de distribución de violencia sexual contra niños”, denunció el presidente de Justice Initiative y promotor de la recogida de firmas en toda Europa, Guido Fluri. Una acción que debería constituir una “señal clara” para los políticos de la fuerte demanda social que existe para esta ley, agregó.

Atasco en el trámite

Johansson presentó su propuesta legislativa para combatir el abuso sexual de menores online en mayo de 2022, pero todavía no se ha llegado al proceso de negociaciones finales, ya que falta aún la posición de los Estados. El Parlamento Europeo acordó y aprobó en las pasadas semanas su propia posición y se declara listo a negociar en cuanto los países miembros presenten su versión de la normativa, que busca obligar a los proveedores de contenidos online a “detectar, reportar y retirar material de abusos sexuales de menores” de sus plataformas, además de establecer condiciones y salvaguardias “robustas” para mitigar el riesgo de un uso fraudulento de sus servicios para estos actos pederastas. La presidencia española rotatoria de la UE querría haber logrado un acuerdo de los Veintisiete durante su semestre, que acaba a finales de este mes, aunque parece cada vez menos probable. “Es el deber de todos los Estados europeos hacer un esfuerzo para lograr este acuerdo”, subrayó en un vídeo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“La infancia sigue siendo una materia de segunda división”, lamentó el presidente de la asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, padre del joven del mismo nombre que sufrió los abusos en la escuela bilbaína. “Que a nivel europeo esto se bloquee me parece horrible, no es de recibo que se esté bloqueando por la cerrazón de las plataformas digitales a que se les obligue a retirar el material pedófilo, no estamos hablando de algo baladí, es algo lógico”, dijo a este diario.

Aunque Johansson se declara confiada en que se logren avances en la presidencia rotatoria belga, el semestre que viene, todavía queda lejos el lograr pactar la ley. De ahí la decisión de Johansson de pedir, el pasado 30 de noviembre, la prolongación de la medida interina que permite a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes continuar la “detección voluntaria” y la denuncia de abusos sexuales de menores en sus servicios y retirar de sus plataformas ese material. La normativa expira el 3 de agosto de 2024. Para evitar una “laguna” mientras se aprueba la normativa final, Johansson quiere que se prolongue “por un máximo de dos años” porque, sin ningún tipo de regulación, “los depredadores tendrán más fácil compartir material de abuso sexual de menores”.

Pese a todo, Johansson asegura que no va a tirar la toalla. “Hay un fuerte apoyo, tengo a una mayoría de países que apoyan mi propuesta, pero sigue sin ser una mayoría cualificada, que tenemos que encontrar aún”, explicó a EL PAÍS. Pero que los Estados estén tardando más de lo esperado no es tan grave, aseguró, si al final esta espera resulta en una ley robusta: “Es importante tomarse el tiempo necesario para encontrar una legislación fuerte”, subrayó. “Podemos vivir otro año o dos con las medidas temporales, pero tenemos que lograr una legislación fuerte, no podemos permitirnos que la UE sea un lugar seguro para los perpetradores y que dejemos a los niños viviendo en una pesadilla”.