La agencia de protección ambiental de EE UU propone sustituir todas las tuberías de plomo del país en una década
La medida, destinada a proteger a la población infantil del metal neurotóxico, supondría la renovación de más de nueve millones de conductos en el país
Sustituir la red de abastecimiento de agua potable en EE UU no parece tarea fácil, pero sí la única medida para evitar la contaminación por plomo, presente en muchas tuberías. La grave crisis de salud pública de Flint (Míchigan), hace ahora una década, con decenas de miles de casos de envenenamiento, demostró que la posibilidad real de beber agua del grifo contaminada aumenta en vecindarios y comunidades de rentas bajas y tradicionalmente marginadas: afroamericanos, latinos, etcétera. Y también que el estado de infraestructuras básicas en la primera superpotencia global deja bastante que desear, de ahí el empeño del presidente Joe Biden en remozar las existentes con su primer paquete legislativo de importancia, la Ley de Infraestructuras.
Ahora, la Agencia de Protección Ambiental de EE UU (EPA, en sus siglas inglesas) aspira a eliminar totalmente las tuberías de plomo para evitar los estragos del metal neurotóxico especialmente entre la población infantil, mucho más vulnerable. La propuesta, la más restrictiva desde que se establecieron las normas federales al respecto hace 30 años, obligaría a los sistemas de abastecimiento de agua de todo el país a sustituir las tuberías que conducen el agua potable al grifo de hogares, escuelas y oficinas. En total, más de nueve millones de conductos.
La “gran mayoría” de las tuberías deberían ser reemplazadas en un plazo de diez años bajo las mejoras propuestas en la nueva Acta de Plomo y Cobre, ha anunciado este jueves la EPA. La iniciativa de la agencia exige que se reemplace un mínimo del 10% de las tuberías anualmente con el objetivo de sustituir el 100% en todo el país en la próxima década, lo que actualiza drásticamente una normativa de la era Trump que entró en vigor en 2021. Bajo el mandato del republicano, la sustitución se redujo a un 3% al año, frente al 7% de la norma original sobre el uso de plomo y cobre, adoptada en 1991.
El objetivo primordial es reducir el nivel de plomo en el agua potable de 15 microgramos por litro a 10. Eso significa que las empresas de suministro de agua tendrán que notificar al público cuando las muestras de agua detecten un nivel igual o superior al nuevo máximo. La Ley de Infraestructuras, adoptada en 2021, destina una partida de 15.000 millones de dólares para la renovación, aunque el coste final se estima entre 20.000 y 30.000 millones, pagaderos por las empresas de suministro e indirectamente los consumidores. Mediante un comunicado, la Asociación de Agencias Metropolitanas del Agua declaró que sus miembros necesitarán tanto ayuda técnica como más asistencia financiera de Washington para aplicar la normativa, a la vista de obstáculos tales como el aumento de los costes, los problemas de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y registros de construcción de trazados incompletos o inexistentes.
Según la EPA, la sustitución de tuberías supondrá “mejoras muy significativas para la salud pública”. El nuevo baremo “obligará a un número significativo de redes de abastecimiento de agua a tomar medidas provisionales como el control de la corrosión, incluso aunque el objetivo sea eliminar por completo las tuberías de plomo”. La propuesta, abierta los próximos 60 días a enmiendas y comentarios del público, se debatirá el 16 de enero.
El grave precedente de la crisis del agua de Flint
El escándalo del agua contaminada de Flint fue una de las peores crisis de salud pública de EE UU. Afectó entre 2014 y 2015 a una comunidad marginada, mayoritariamente afroamericana, cuyos vecinos se abastecían hasta entonces de agua proveniente de Detroit. Como medida de ahorro, el entonces gobernador republicano decidió en 2014 surtir a la localidad de agua del río Flint, más dura y corrosiva. La falta de un tratamiento adecuado hizo que al pasar por las tuberías del pueblo se desprendiera plomo, integrándose en la corriente del agua y, posteriormente, en la sangre de los consumidores. Se calcula que los afectados fueron 30.000 de los aproximadamente 100.000 vecinos. El entonces presidente Barack Obama declaró el estado de emergencia, pero ya era tarde: hasta 8.000 menores de cinco años podrían haberse visto expuestos a sufrir daños cerebrales permanentes debido al alto nivel en plomo, especialmente dañino en la primera infancia. A finales de 2021, tras más de un lustro de pleitos y negociaciones, la justicia otorgó una indemnización de 626 millones de dólares para los residentes.
Entre los casos detectados en Flint se hallaron plomo y cobre en la sangre, el cerebro, los huesos y órganos internos. Los metales que contenía el agua también causaron lesiones en la piel, caída del cabello, hipertensión, convulsiones, pérdida de la visión y de la memoria. Asimismo, se registraron numerosos episodios de depresión, ansiedad crónica y estrés. Durante meses, los vecinos tuvieron que cocinar y lavarse con agua embotellada.
“Esta propuesta y estas mejoras garantizan que en un futuro no muy lejano no vuelva a haber otra ciudad ni otro niño envenenado por las tuberías”, dijo Mona Hannah-Attisha, pediatra de Flint, en una llamada con periodistas de funcionarios de la EPA.
Pero la contaminación del agua por plomo no es patrimonio únicamente de la América profunda. En julio un informe alertó del riesgo potencial de beber agua contaminada para uno de cada cinco neoyorquinos, aunque las tuberías de ese material se prohibieron en los cinco condados de la ciudad hace más de 60 años. Aunque según el Departamento de Protección Medioambiental la ciudad trata el agua para evitar la corrosión, la reacción química por la que el plomo se desprende de las tuberías y llega al suministro de agua, la investigación halló que casi la mitad de los edificios de Manhattan y Brooklyn reciben el suministro a través de tuberías potencialmente plúmbeas. Un distrito de Staten Island presentó la mayor proporción de conductos dañinos.
