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Un religioso español confiesa abusos sexuales a un menor pero esquiva la prisión tras pactar con la Fiscalía

La Audiencia Nacional impone dos años de cárcel a José Antonio Urrutia, miembro de La Salle, por agredir a un adolescente durante su estancia en Kenia

J. J. Gálvez
Un policía vigila la entrada a la Audiencia Nacional, donde se ha celebrado el juicio contra el religioso.
Un policía vigila la entrada a la Audiencia Nacional, donde se ha celebrado el juicio contra el religioso.Samuel Sánchez

Un religioso español vinculado a la institución de La Salle, José Antonio Urrutia Menchaca, ha confesado que abusó sexualmente de un menor cuando se encontraba al frente de un noviciado en Kenia, pero esquivará la cárcel tras pactar una pena mínima con la Fiscalía y con la acusación particular. La Audiencia Nacional, que lo ha juzgado este martes, ha dictado esta misma mañana una sentencia in voce de dos años de cárcel contra él, después de que el procesado admitiese los hechos durante la vista. Pero los magistrados han suspendido de seguido la ejecución de la condena al carecer de antecedentes y al no superar el castigo los dos años de reclusión. Ninguna de las partes se ha opuesto.

—¿Conoce los hechos de los que se le acusa? —le ha preguntado el presidente del tribunal, el magistrado Francisco J. Vieira.

—Sí —ha respondido el septuagenario Urrutia.

—¿Se confiesa autor de estos hechos?

—Sí, señor.

—¿Se conforma con los dos años [de prisión]?

—Sí.

De esta forma, Urrutia Menchaca ha admitido el relato que la Fiscalía ha puesto sobre la mesa en el juicio. “Entre 2004 y 2009”, como miembro del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), estuvo destinado en un noviciado que la congregación gestiona en Nairobi (Kenia). A lo largo de su estancia allí, comenzó a tejer “vínculos de unión” con las personas que acudían a la institución en busca de “ayuda”: “Pues se trata de un proyecto destinado a favorecer la educación y desarrollo de los más necesitados, sufragando el noviciado con sus fondos y con donaciones todos los gastos necesarios para lograr el objetivo”.

Estando ya “al frente del noviciado”, señala el ministerio público, el religioso “empezó a mantener relaciones de carácter sexual con una de estas personas, un menor de edad [de entre 16 y 18 años], en forma de tocamientos lúbricos”. “Todo ello, valiéndose de dicha condición y abusando de la situación de desamparo en la que se encontraba la víctima”, apostilla la Fiscalía en el escrito de conformidad que ha presentado a la Sala de lo Penal.

La causa contra Urrutia, al que se ha impuesto también el pago de una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil, se abrió en 2021. El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, inició la investigación tras recibir una querella de la Fiscalía, que había recibido previamente la denuncia de la propia congregación de La Salle.

Según avanzó entonces El Mundo, la organización religiosa tomó la decisión de poner los hechos en conocimiento de la justicia tras recibir la denuncia de uno de los afectados y después de que el religioso confesara los abusos a un compañero. En esta vista, la Fiscalía ha considerado que se debe aplicar el atenuante de “reparación del daño”, después de que el acusado haya ingresado la mayor parte de la indemnización en la cuenta de consignaciones del juzgado. El tribunal ha suspendido la ejecución de la condena de dos años de cárcel con la condición de que Urrutia no delinca en un periodo de tres años.

“En cuanto tuvimos conocimiento de los hechos, pusimos en marcha nuestra investigación interna y activamos los protocolos para avisar a las autoridades correspondientes”, ha explicado un portavoz de La Salle a EL PAÍS. Este ha destacado que, “desde el minuto cero”, se apartó a Urrutia de cualquier actividad en la que tuviera contacto con menores. Una situación que se mantiene, según ha añadido el portavoz, que ha precisado que la institución no ha pagado el abogado al religioso, ni le ha ayudado a abonar la indemnización pactada con la Fiscalía.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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