Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 65% de las medidas cumplidas al acabar el plazo de cinco años

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género daba cinco años para cumplir 290 medidas encaminadas a mejorar la respuesta del Estado contra las violencias machistas: concluido ese plazo, se han culminado el 65,5%, el 29,3% está en camino pero incompletas, el 3,2% se han incumplido y el 2% no han sido evaluadas al no ser competencia de la Administración General del Estado. La mayoría de estas medidas incumplidas, nueve, dependen del Ministerio de Justicia (ocho) y una del de Sanidad, según fuentes del Ministerio de Igualdad. Entre ellas, no se ha puesto en marcha la reforma del Código Penal para suprimir como atenuante la confesión del maltratador ni la detección precoz de la violencia machista desde las consultas médicas

Estos datos se desprenden de la primera evaluación de cumplimiento del pacto —que se aprobó con una vigencia de cinco años (2017-2022) y cuyo compromiso político fue renovado en las Cortes en 2021— que ha hecho público este jueves la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Fuentes del Ministerio de Igualdad han destacado que la pasada legislatura fue “prolífica en el avance de cumplimiento del Pacto” y que están “contentas con el porcentaje tan alto de medidas que se han cumplido”, pues en 2019 había 75 medidas cumplidas y 51 pendientes y ahora, 190 cumplidas y nueve pendientes. “Hay más dinero invertido, más medidas y más mujeres atendidas”, han precisado.

Entre las medidas culminadas, la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, ley de garantía integral de la libertad sexual, la suspensión las visitas de los padres maltratadores o la interrupción de las visitas a prisión de niños y niñas cuyos padres estén condenados por violencia de género.

Frente a las 190 medidas conseguidas, en nueve no se ha dado ningún paso para su consecución: ocho son competencia del Ministerio de Justicia y la novena, de Sanidad y las comunidades autónomas. Son relativas a cuestiones penales y procesales: suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en los delitos de violencia de género, establecer criterios de referencia del riesgo para impedir que disminuyan las órdenes de protección o eliminar la exigencia de fianza en la personación de asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia machista.

También establecer por ley el inicio inmediato de la ejecución de penas (prohibición de alejamiento y comunicación) en el momento en que se dicte una sentencia firme, obligar a que se informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las denuncias ante el juzgado y de los partes de lesiones con el objetivo de que se incluyan en Viogén o imponer prohibición de alejamiento en caso de quebrantamiento.

Impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones de los testimonios de los menores e incorporar temas específicos sobre género y violencia machista en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud son las últimas medidas en las que no se ha registrado ningún avance.

Medidas sin culminar

Seis años después de la aprobación del Pacto, hay 85 medidas que han iniciado su recorrido, pero no lo han culminado. Destacan entre ellas la ley integral contra la trata, un plan estratégico de intervención con víctimas que retiran la denuncia, incrementar la atención a víctimas de zonas rurales, elaborar protocolos específicos para las mujeres más vulnerables o trabajar en la asistencia psicológica a agresores desde el momento de la denuncia para reducir el nivel de estrés y agresividad y reducir daños a la víctima.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España. Incluye medidas para la ruptura del silencio, la mejora de la asistencia y protección de las mujeres y víctimas, el perfeccionamiento de la respuesta institucional, la formación, la prevención, la dotación presupuestaria o el seguimiento estadístico del fenómeno. La renovación de su dictamen para incorporar medidas relativas a la violencia digital, vicaria o económica debe acometerse en esta legislatura.

Este jueves, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha entregado el informe de evaluación del pacto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La Cámara Baja será la encargada de acometer la actualización del dictamen para reeditar esta hoja de ruta.

Mientras, las comunidades autónomas dispondrán de un año más, hasta diciembre de 2024, para abrir los centros de crisis de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, según han avanzado fuentes del Ministerio de Igualdad. Estos comités de crisis debían estar operativos antes de finalizar este, pero la Comisión Europea ha aprobado una prórroga para ampliar el plazo hasta diciembre de 2024, ya que la mayoría de las comunidades todavía no tenían listos estos centros.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.