Andalucía abonará una ayuda de 5.000 euros anuales a los huérfanos de la violencia de género

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado este miércoles que a partir de 2024 los huérfanos de la violencia machista que sean menores de edad podrán solicitar una ayuda de 5.000 euros anuales que percibirán hasta que cumplan los 18 años. Esta comunidad se suma así a las otras 10 que ya han aprobado prestaciones similares para un colectivo extremadamente vulnerable y que, en la mayoría de los casos, acaba sumido en un abandono casi absoluto por la falta de acompañamiento social, administrativo y psicológico una vez que se apaga el foco mediático cuando termina el minuto de silencio por sus madres asesinadas.

Aún queda por definir y desarrollar esta ayuda, cuya dotación económica se incluirá en los próximos presupuestos autonómicos y que Moreno ha anunciado durante la sesión de control del Parlamento. Andalucía, con 86 huérfanos, es la comunidad que más hijos de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas acumula en España, desde que empezaron a contabilizar en 2013. La Junta, sin embargo, también permitirá el acceso a esta prestación a quienes puedan probar que quedaron huérfanos antes de esa fecha. Fuentes del Gobierno autónomo calculan en más de un centenar el número total de víctimas en esta situación. Sin embargo, solo podrán solicitarlas aquellos que, en 2024, que es cuando se pondrá en marcha la ayuda, sigan siendo menores de edad, confirman las mismas fuentes. La prestación de 5.000 euros tendrá carácter anual y se percibirá hasta que cumplan los 18 años.

Tras el asesinato de su madre, tanto si su agresor entra en prisión como si se suicida, los huérfanos se ven obligados a iniciar una nueva vida bajo el cuidado de sus abuelos u otros familiares que, en muchas ocasiones, o viven de las pensiones de la Seguridad Social o carecen de recursos suficientes para atender adecuadamente a la nueva realidad que se les presenta con la suma uno o varios miembros más. “Para estos niños, que en general provienen de ambientes muy duros, y para sus familias, que también suelen padecer necesidades graves, toda ayuda es poca, por eso es tan importante que las administraciones comprometan fondos públicos que son esenciales para la reparación del daño y el seguimiento psicológico”, señala Marisa Sotelo, vicepresidenta de la Fundación Mujeres, que presta ese apoyo a través de las becas de reparación del daño y asesoramiento para estas víctimas Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla.

Existen distintos mecanismos por los que los huérfanos de la violencia de género pueden acceder a ayudas, pero en muchos casos o son vías muertas o las trabas burocráticas amortiguan su impacto, sin tener en cuenta que muchas familias desconocen que existen o cómo solicitarlas. Un primer asidero se presenta con las indemnizaciones por la responsabilidad penal del padre, que, generalmente, nunca se cobran porque suelen declararse insolventes. “Las indemnizaciones por sentencia no se suelen cobrar, salvo que se trate de familias con patrimonio, por lo que las pobres no reciben nada y encima se quedan con las cargas”, indica Sotelo. La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, también plantea una serie de indemnizaciones, que asume el Estado en caso de insolvencia del padre. “Se trata de incrementos, que están sujetos a plazos y que muchas veces tampoco se suelen cobrar porque los familiares o no están personados en los procesos judiciales o no están bien asesorados”, apunta Sotelo.

La nueva regulación de la pensión de orfandad se ha convertido en una vía mucho más eficaz, pero como demuestra el último informe del Fondo Becas Soledad Cazorla, tiene escasa penetración. Desde la entrada en vigor de la norma en 2019 se han beneficiado 75 niños. “Estas ayudas cubren las necesidades básicas, por eso las prestaciones de las comunidades son absolutamente necesarias, porque esas sí que sirven para abordar los gastos extraordinarios que suponen cuatro o seis años de vida judicial y de recomposición familiar en toda regla”, afirma la vicepresidenta de la Fundación Mujeres.

Heterogeneidad en las prestaciones autonómicas

Nueve comunidades autónomas han puesto en marcha sus propios sistemas de ayudas, muy heterogéneos entre sí, tanto en la edad y el tipo de beneficiarios como en la periodicidad de los pagos: anuales, mensuales o en una sola paga. En los últimos días se han sumado Navarra, que únicamente ha anunciado que el año que viene estará operativa una prestación cuyo formato aún no ha definido, si bien el Instituto Navarro para la Igualdad apuesta porque sean ayudas mensuales y no anuales, informa Amaia Otazu; y Andalucía.

Entre las que se han decantado por una prestación anual están Asturias, Castilla-La Mancha , Castilla y León y País Vasco. En el principado las ayudas ascienden a 3.000 euros y están dirigidas a huérfanos de mujeres asturianas o empadronadas en el territorio cuando fueron asesinadas, que podrán beneficiarse de las mismas hasta que alcancen la mayoría de edad o hasta los 23 años si están estudiando. En Castilla-La Mancha pueden acceder a la prestación tanto huérfanos como familiares en situación de dependencia de la mujer asesinada. La cuantía varía si el agresor es el padre (4.000 euros) o la pareja de la víctima (2.000 euros). En el caso de Castilla y León la ayuda de 5.000 euros anuales se extiende a los huérfanos hasta los 18 años, pero si deciden cursar estudios universitarios se les facilita el acceso gratuito. En el País Vasco acaba de aprobar el apoyo de 5.700 euros hasta los 18 años, a través de una ley que ahora necesita el desarrollo reglamentario.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia han optado por un pago único, que en el caso catalán equivale al importe de 10 veces el indicador de renta de suficiencia mensual siempre que el beneficiario no haya alcanzado los 26 años. En Valencia la cantidad es de 60.000 euros y en Galicia la prestación se dirige a los hijos menores de 30 años de mujeres que hayan fallecido por la violencia machista y a las mujeres que hayan resultado heridas por una agresión de su pareja o expareja. Aragón y Baleares han optado por la fórmula del pago mensual. La primera comunidad abona una ayuda de 420 a los huérfanos hasta que alcancen la mayoría de edad y en la segunda se paga el 80% del IPREM mensual hasta que alcanzan los 22.

El Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe anual, presentado en septiembre, llamó la atención sobre el abandono al que se ven abocados los huérfanos de la violencia machista y los familiares que los acogen y las carencias que sufren en cuanto a atención psicológica y acompañamiento integral. “Allí están las claves para el diseño de una buena ayuda que sea efectiva”, puntualiza Sotelo, cuya fundación ha colaborado en la elaboración del documento. Las cifras oficiales de 83 huérfanos de violencia de género en Andalucía han quedado obsoletas este jueves con la confirmación del asesinato de una mujer en Benalmádena a manos de su marido, que se suicidó después. Dejaron tres hijos de 17, 20 y 21. El más joven podría beneficiarse de la nueva ayuda de la Junta.

En lo que va de año, 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.236 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.