Huérfanos de la violencia de género: “¿De dónde saco tiempo para pasar el duelo con tantos trámites?”

Luz Marina Rodríguez lleva 10 años cuidando de los hijos de su hermana Guacy, quien fue asesinada por su expareja el 20 de febrero de 2013 delante su madre y de los pequeños, que entonces tenían ocho y cinco años. En este tiempo, ella y sus sobrinos se han visto envueltos en una maraña de gestiones burocráticas en la administración, los juzgados y los bancos que se ha enredado con el peso del dolor. “El problema es de dónde saco el tiempo para pasar el duelo con tantos trámites”, se pregunta. Las gestiones para retirar la patria potestad y solicitar la guardia y custodia, la obtención de la pensión de orfandad, el pago de la hipoteca o los gastos de la vivienda materna… Una odisea que sigue transitando a ciegas y a la que se suma el coste de la asistencia psicológica que aún necesita para equilibrar los altibajos del trauma. “Habría que crear un protocolo, con todos los pasos que tenemos que dar, porque casi todas las familias somos parecidas, y con personal conocedor de los procedimientos, eso haría las cosas diferentes y mucho más sencillas”, sostiene.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha llamado la atención en su último informe anual sobre el abandono al que se ven abocados los huérfanos de la violencia machista y los familiares que los acogen y las carencias que sufren en cuanto a atención psicológica y acompañamiento integral —más allá de los primeros días tras el asesinato de la madre―, para regularizar su situación familiar, cursar sus estudios, obtener ayudas, acceder al patrimonio materno —y paterno, si el agresor acabó quitándose la vida― e incluso para acreditar que se es una víctima de violencia de género. Un camino que les obliga irremisiblemente a revivir el dolor, revictimizándolos a cada paso y que las administraciones, gracias al avance de la legislación en los últimos años, están allanando, aunque, con lagunas y lentamente.

Andalucía es, con 87 huérfanos, la comunidad que más hijos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas acumula desde que se empezaron a contabilizarse en 2013 —423 en total, 45 en el último año, según los datos recopilados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género―. Más allá de ese número, poco más se conoce sobre estos menores. Apenas hay referencias al tipo de ayudas que reciben, si es que saben que pueden solicitarlas, qué familiares se encargan de ellos, sus niveles de ingresos, formación académica… Datos esenciales para poder diseñar políticas de apoyo. Además de vulnerables, son prácticamente invisibles. “La sociedad y los poderes públicos no pudieron proteger a sus madres, pero tienen la obligación de ayudar a sus hijos”, señaló este martes en la presentación del Informe sobre la Infancia Jesús Maeztu, el defensor del Pueblo andaluz.

En el documento se plantean varias propuestas a la Junta de Andalucía, como la de ampliar el acompañamiento psicológico que se presta a los hijos y familiares de las mujeres fallecidas, mucho más allá de las primeras 48 horas desde su asesinato. Se pretende que se extienda a lo largo del tiempo e incluya también asesoramiento de todos los trámites y gestiones a partir del fallecimiento; garantizar una ayuda psicológica y específica que se prolongue a lo largo de los años; el establecimiento de un sistema de ayudas autonómico complementario a las pensiones orfandad que ya están reconocidas por la ley, y que en España solo ofrecen Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y País Vasco; o garantizar un sistema de acreditación de la situación de víctima de violencia de género más ágil.

Las peticiones del Defensor andaluz van destinadas al gobierno autónomo, pero la situación de los huérfanos de la violencia machista es bastante similar en el resto del territorio. “La realidad de los huérfanos ha empezado a reconocerse en documentos de las distintas administraciones, pero ahora hay que articular las respuestas que sean adecuadas y eso implica a otras políticas públicas en materia de infancia, juventud…”, explica Marisa Sotelo, vicepresidenta de la Fundación Mujeres, una organización pionera en abordar los temas sobre los huérfanos de la violencia de género, que ha impulsado el reconocimiento de derechos para ellos en las últimas leyes y reformas legales sobre la infancia promulgadas en la última década. “Hay muchos servicios a los que estas familias no pueden acceder porque no contemplan de manera específica su situación”, abunda.

“Cuando asesinaron a mi hermana, pensé ‘no ha sido la primera, habrá un procedimiento para saber qué hacer a partir de ahora’, pero no lo había”, señala Luz Marina Rodríguez. Mientras asimilaba el desconcierto por la muerte de su hermana —”nos cogió en estado de shock porque en nuestra casa no teníamos constancia de que hubiera habido maltrato”, cuenta―, fue dando pasos guiada solo por su lógica y su intuición. “Los niños son menores, pues lo primero que habrá que hacer es ir a la dirección del menor, me dije”. Allí empezó el calvario. Primero para solicitar la retirada de la patria potestad del padre de los niños —que cumple una condena de 23 años de cárcel―, porque entonces aún no se había aprobado la reforma de la ley que permite suspenderla y luego tramitar la guarda y custodia. “Tardó ocho meses, dificultando todo el proceso de acoger a los niños en otra casa, cambiarlos de colegio…”, señala.

“Hemos avanzado en conceptos legales, la exposición de un menor a la violencia sobre su madre lo convierte en víctima, la supresión del régimen de visitas ha cambiado el argumentario de que un maltratador puede ser un buen padre, pero echo de menos un apoyo psicológico, económico, asistencial que acompañe a los menores y a sus familias porque, ¿qué estamos haciendo con las madres de las mujeres asesinadas?”, se pregunta Flor de Torres, fiscal de Violencia de Género en Andalucía. “La muerte por violencia machista es un hecho traumático que puede generar conflictos familiares y en la mayoría de las ocasiones no saben cuáles son sus derechos ni a qué servicios pueden acudir”, apunta Sotelo. Su fundación presta ese apoyo a través de las becas de reparación del daño y asesoramiento para estas víctimas Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla.

La eterna liquidación de la hipoteca

“Luego llegó la pensión de orfandad, pero es que mientras estás con eso, te percatas de que la persona asesinada también tenía una casa y un coche cuya hipoteca y seguros hay que pagar. Tienes que pagar tu casa y la de tu hermana asesinada, cuando nosotros no hemos hecho nada”, repasa Rodríguez. En esta nueva cruzada la espiral se fue engordando con la entrada de las compañías de seguros y del banco, que le obligó a pagar una penalización cuando iba a liquidar la hipoteca. “La mitad de la casa pasa a ser de los niños, pero la otra mitad era del padre. Como se declaró insolvente para no abonar la indemnización que se le impuso en la condena, propuse que restaran el coste de su parte de esa indemnización que nunca íbamos a ver, pero cuando fui a Hacienda nos solicitaron un importe por la cesión de la que solo nos exonerábamos si acreditábamos que los menores eran víctimas de violencia de género, pero no le servía la sentencia. ¿Y quién te hace ese documento?”.

La acreditación de la condición de víctima para obtener ayudas o exenciones, como en el caso de Rodríguez, es una de las principales reclamaciones que se hacen desde la Fundación Mujeres, que ha colaborado con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en la redacción de su informe. “No existe un documento específico”, indica Sotelo, que llama la atención sobre el trauma que supone en muchos casos que uno de los documentos requeridos para justificar la condición de víctima sea la sentencia, como ocurre para obtener becas en la Universidad. “El tener que ir con la sentencia a todas partes no ayuda, sobre todo porque la descripción de los hechos muchas veces es cruda y brutal y se debería ser respetuoso con la intimidad de las víctimas. Ese tema administrativo no está resuelto”, apunta.

Una web para ayudar a las familias

Luz Marina Rodríguez aún lidia con la hipoteca, aunque ha conseguido dejar de pagar la luz, el agua y la basura —algunos de estos recibos estaban hasta hace poco a nombre del asesino de su hermana―. En este proceso, además, hay que añadir la minuta de los abogados. “Como todos tenemos trabajos no pudimos acceder a la justicia gratuita y el proceso penal por el crimen machista y todo lo relacionado con la custodia implica el pago de dos abogados, uno penal y otro civil, dos procuradores y el notario”, y llama la atención sobre la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las familias con escasos ingresos.

A eso hay que añadir la ayuda psicológica que todos los miembros de la familia siguen necesitando, pero que ya no está cubierta por la Seguridad Social. “Tenemos que ir por el privado, podríamos ir por la sanidad pública, pero ya no son médicos especialistas en violencia de género”, señala. La burocracia impide el duelo, pero no amortigua el trance ni el inevitable sentimiento de culpa por no haber visto que comportamientos que ellos creían normales eran un claro signo de violencia psicológica. “Los niños siguen teniendo miedo y pesadillas”, añade.

Una década después del asesinato de su hermana, Rodríguez está segura de que, si hubiera destinado menos tiempo a resolver tanta burocracia, estaría un poco mejor. “Cuando crees que has terminado con algo, te sale otra cosa, pero hay que luchar, por los niños, por mi madre…”, dice. Ella no está dispuesta a callar lo que viene después de que termina el minuto de silencio. Para evitar que los próximos huérfanos y sus familias queden atrapados en el bucle de la burocracia y la falta de asistencia integral de las administraciones ha creado la página web Todos somos Guacy, en honor a su hermana asesinada, para que no estén solos en los trámites que deben desarrollar y hacer que su soledad solo se ciña a la pérdida.