Ofensivas paralelas del Gobierno y la Junta contra el repunte de los asesinatos machistas en Andalucía

El 2023 esta siendo un año infausto en materia de violencia machista en Andalucía. De las 44 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, 16 vivían allí. Siete han perdido la vida en los últimos 30 días. Precisamente, esa séptima víctima –una mujer de 37 años– se confirmaba este mismo lunes, día en el que la Delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía han pasado a la ofensiva para tratar de afrontar el repunte de casos y, aunque sus representantes han apelado a la unidad y a no politizar esta lucha, han organizado reuniones por separado evidenciando su pobre sintonía.

En el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla se han reunido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, con la directora de esa institución y sus coordinadoras. De allí se ha salido con el compromiso de formar a los abogados del turno de oficio y de enseñar a los empleados de los centros municipales y provinciales de atención a la mujer y del Servicio Andaluz de Atención a las Víctimas (SAAVA) de la administración de Justicia el protocolo de coordinación entre ambos servicios, aprobado el pasado julio, además de publicar una guía con todas las iniciativas y medidas que la Junta tiene en marcha para luchar contra la violencia de género.

López ha reclamado del Gobierno central que “evalúe las políticas que se están llevando a cabo” en el ámbito del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tras dejar claro que las comunidades tienen competencias en prevención y atención y el Ejecutivo, en protección. “Hablamos de fondos públicos y, por tanto, hay que evaluar las políticas y la responsabilidad en todo, empezando por el Gobierno de España”. La consejera ha señalado que el Ejecutivo “debe ser más flexible en algunos temas” relacionados con el pacto.

En línea con lo que ya defendió en el Parlamento hace 15 días, López ha vuelto a insistir en que pedirá al Gobierno que se incluya el número de víctimas en los criterios de reparto de los fondos del pacto de Estado, una medida que se incluye en la Proposición No de Ley del PP que este jueves se debatirá en la cámara andaluza y en la que apenas se hace hincapié en las prerrogativas de la comunidad. Sus 12 puntos trasladan, en general, la responsabilidad en la lucha contra la violencia machista al Ejecutivo central, al que se le demanda que modifique el Código Penal o la Ley de enjuiciamiento criminal, para “adaptarla a la realidad actual que requiere la lucha contra la violencia de género”; que apruebe una “estrategia de seguridad pública para la mejor y mayor prevención, detección y erradicación” de estos delitos o que articule “medias más estrictas de protección” para evitar el acceso de menores a la pornografía infantil.

También ha abogado por la “coordinación, colaboración y cooperación entre administraciones e instituciones para garantizar la protección” a las víctimas Pedro Fernández, el delegado del Gobierno, tras la reunión que ha mantenido con el resto de subdelegados de la comunidad. Fernández ha destacado los fondos que para la lucha contra la violencia machista ha destinado el Ejecutivo central a Andalucía —573 millones en los dos últimos años; 16,5 millones del Pacto de Estado y 10 millones para los nuevos centros de crisis 24 horas― y ha recalcado que es “obligación de todos mostrar de forma unívoca el rechazo a la violencia desde todos los ámbitos”.

La amenaza del discurso negacionista de Vox

“Esta situación de división es muy peligrosa. Si hay algo que institucionalmente tenemos que mostrar es unión contra la violencia de género”, advierte Miguel Lorente, antiguo delegado para la Violencia de Género en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las administraciones no tienen respuestas concretas sobre los motivos por los que este año se ha convertido en el más trágico en cuanto a casos mortales de violencia machista desde 2015, cuando se contabilizaron 14 asesinatos. Más allá de la efectividad de las estrategias políticas, los expertos coinciden en que la aparición de Vox y su discurso negacionista ha sido clave en quebrar la unanimidad social y en blanquear los comportamientos machistas.

“Hemos retrocedido en el discurso machista, los cavernícolas han salido de la caverna con el blanqueamiento de la violencia machista. El discurso de la actual consejera no es negacionista, pero Vox ha estado imponiendo ese discurso durante la anterior legislatura e impulsando medidas que ahora, sin que ellos sean necesarios, continúan”, señala Andrea Barbotta, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Barbotta alude al teléfono contra la violencia intrafamiliar, un peaje que el anterior gobierno de coalición de PP y Cs tuvo que pagar a Vox —su socio parlamentario― para aprobar los Presupuestos, pero que ahora, con mayoría absoluta, los populares han mantenido pese a que solo recibe una llamada al día de media. ”Hay que dejar de duplicar servicios como el teléfono de violencia intrafamiliar, que lo único que hace es confundir a las personas”, abunda Carmen Jurado, secretaria de Igualdad de UGT Andalucía.

“Andalucía nunca ha sido así”, sostiene Lorente, que llama la atención sobre los últimos barómetros del Centro de Estudios Andaluces (el CIS andaluz). En el del pasado diciembre, se recogía que la violencia de género no era percibida como un problema y en el de junio, el porcentaje de población ascendía al 0,1%. “Esto demuestra que hay un problema de acción política. La responsabilidad política no es solo aplicar respuestas sobre problemas concretos, también es aplicar conciencia”, advierte.

Para Barbotta, más que implementar o reforzar nuevas medidas, de lo que se trata es de “llevar a cabo las medidas que ya están en la ley”. Una opinión con la que coincide Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia de género. “La formación está muy bien, pero es importante dotar de suficientes recursos para que puedan cumplir la ley, porque en los centros de atención a las víctimas no se cursan órdenes de protección porque no se presta ese servicio, no porque la ley no lo diga, sino por falta de profesionales, los servicios que examinan a las víctimas pueden solicitar medidas urgentes a los juzgados, pero no lo hacen; a efectos de ayudas públicas, los servicios de atención a la mujer deben acreditar la violencia detectada, pero a las víctimas les cuesta la misma vida que les den cualquier informe o acreditación”, argumenta Díaz.

En Andalucía, desde enero, han sido asesinadas 16 mujeres, siete más que en 2022, que dejan 11 huérfanos. De todas ellas, solo tres habían presentado denuncia, según los datos facilitados por el delegado del Gobierno. Tras el repunte de la estadística hay nombres y apellidos que comparten una senda de miedo y sufrimiento. Una realidad que “demanda medios para acabar con ella”, señala Lorente. “Las administraciones, todas, deben hacer autocrítica y asumir sus responsabilidades, sin tirar la pelota al tejado de la otra”, resume Jurado.