Así funciona un centro de crisis para víctimas de violencia sexual: desde el primer minuto y hasta el final del túnel

Cuestionadas, culpabilizadas y muy solas. Así se han sentido en España hasta ahora las mujeres magulladas por la violencia sexual. El auxilio especializado a estas víctimas del machismo que extenderá la ley del solo sí es sí empezó a abrirse camino en Asturias hace más de dos años. En el Principado funciona desde 2020 un centro de crisis 100% público, abierto las 24 horas todos los días del año. Garantiza asistencia jurídica y psicológica a toda ciudadana de 12 años en adelante que haya sufrido algún tipo de agresión sexual, aunque fuera en el pasado. Abogadas y psicólogas la escuchan y acompañan allá donde esté, desde el primer minuto y siempre que lo demande. El trabajo de las 15 profesionales que lo atienden ha logrado reventar las estadísticas: el 75% de las asistidas acaban dando el paso de presentar denuncia. En España, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, solo un 8% de las mujeres agredidas pone su caso en manos del sistema judicial.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual prevé la puesta en marcha de al menos un centro de crisis 24 horas en cada provincia y el asturiano se ha convertido en modelo a seguir. Sus fundadoras ya están asesorando al resto de comunidades autónomas y reciben consultas de otras ciudades europeas. El objetivo es brindar a las víctimas de violencia sexual, y también a sus familiares o allegados, lo que nunca han tenido en España: credibilidad y acompañamiento especializado desde el principio del túnel y hasta el final. Ya sea en el momento en que se produce el ataque o 40 años después; mediante una llamada de teléfono, por WhatsApp o en persona.

Siete abogadas y otras tantas psicólogas integran el equipo, dirigido por una coordinadora y en el que dos de las técnicas están especializadas en menores. Todas ellas acreditan experiencia en violencia de género y han recibido formación exhaustiva por parte de expertas en centros de crisis, en intervención en situaciones de trauma, en victimología o en psicología pericial. Para recibir asistencia, no hace falta que la mujer interponga denuncia. Ni siquiera debe tener la intención de hacerlo. “Estamos a disposición de lo que dice la víctima y no tenemos plazos. Cada mujer necesita sus tiempos para superar el trauma y sobrevivir a él”, aduce Victoria Carbajal, coordinadora del centro.

Cuando la intervención es de urgencia, justo después de la agresión, el personal se desplaza allá donde haya ocurrido. Si la víctima así lo desea, la trabajadora del centro no se separa de ella en ningún momento del trance: declaración policial, exámenes forenses, el día después... “Moverse por dependencias hospitalarias o policiales es muy complicado y cuando acabas de sufrir un trauma de este calibre, más todavía. Tener a una persona que te apoye y esté contigo es importantísimo y forma parte de la recuperación”, explica Carbajal. La técnica acompañante frena las prisas de la policía o los médicos, le explica a la víctima los pasos a seguir, no le oculta la dureza de ciertos trámites y calibra cuándo está preparada para revivir lo ocurrido y declarar.

Ese ambiente de “caras amigables” en el que “no se sienten juzgadas” empuja a las víctimas a denunciar en un porcentaje muchísimo más alto que la media. Y también aumenta la probabilidad de que el delito no quede impune, destaca Carbajal. La mujer agredida necesita calma y descanso para poder recordar y contar todo lo ocurrido. Uno de los reproches que suelen lanzar los letrados de los agresores a las víctimas para desacreditar su testimonio es precisamente la ausencia en su denuncia de determinados datos que aportan posteriormente, incide la coordinadora del centro asturiano, que también es abogada: “La columna vertebral de cualquier procedimiento es la denuncia. De los datos que se den o no se den y de la claridad de la exposición de los hechos depende en un porcentaje elevadísimo la instrucción de la causa”. El centro facilita a las mujeres asistencia jurídica gratuita a través de un abogado y un procurador formados específicamente en violencia sexual.

El equipo del centro trabaja de manera coordinada con el 112, la policía, los centros sanitarios, los ayuntamientos, los juzgados y todos los recursos públicos de lucha contra la violencia de género, desde casas de acogida a centros de información a la mujer. Se han celebrado reuniones con todas estas entidades para explicarles el funcionamiento del servicio y pedir su colaboración para que divulguen su existencia hasta el último rincón de Asturias. “Es muy importante que todas las entidades que pueden intervenir tengan claro cómo coordinarse”, apunta Manuela Suárez Granda, coordinadora contra la Violencia de Género del Instituto Asturiano de la Mujer. Que sea un centro público al 100% y no una concesión, exponen sus fundadoras, facilita su integración en la red del Principado y ahorra vaivenes en el trabajo de la plantilla y en el modelo de funcionamiento.

Al centro de crisis de Asturias acuden mujeres que un día intentaron enterrar un ataque sexual. Cuenta la psicóloga Victoria Eugenia Nieves que la casuística es variada. Hay víctimas que “entran en pánico” cuando su hija o hijo llega a la edad en la que a ella la agredieron. A otras se les revuelve el trauma con el que han convivido en silencio cuando algún familiar pasa por lo mismo. Y ha tratado casos de personas que, gracias a las campañas de prevención y sensibilización, comprenden ahora la violencia sexual que sufrieron en un momento de su vida: “Al poder recordar y significar esa violencia, pueden desarrollar una sintomatología muy importante. A veces hay un trastorno de estrés postraumático de inicio demorado”, advierte.

Nieves ha comprobado que el apoyo psicológico “desde el minuto cero” es lo que permite a las víctimas “recuperar su vida más rápido”. Es fundamental, recalca, asegurarles una “absoluta confidencialidad”. En sus contactos con el centro no tienen siquiera que identificarse. El “estado de estrés agudo” dura un mes, explica, y “la primera semana es la peor”; luego “poco a poco” van mejorando. La asistencia desde el primer momento es también una protección de cara al futuro: “Intentamos que la víctima desarrolle recursos para que cuando vuelva a enfrentarse a situaciones de violencia sexual, que lo hará porque es mujer y esa violencia va a seguir ahí, las afronte de manera más segura y protegida”.

“Queremos acabar con la impunidad, pero sin que lo paguen las víctimas”

El proyecto asturiano está inspirado en los centros de crisis que empezaron a montarse en los países anglosajones en los años sesenta del siglo pasado. La idea la traía en la cabeza desde que tomó posesión Nuria Varela, nombrada en 2019 directora general de Igualdad del Gobierno socialista del Principado. Esta periodista y experta en violencia de género y políticas de igualdad explica que la violencia sexual se oculta en todas las capas de la sociedad, sin distinciones. Para combatirla, defiende, “hay que hablar de ella en los medios, pero con profundidad, afinando, y nunca a costa de las víctimas”.

Todos los medios de comunicación de Asturias firmaron en 2021 un compromiso para no desvelar en sus informaciones datos de mujeres agredidas. “Queremos acabar con la impunidad porque es la gasolina de esta violencia, pero sin que lo paguen las víctimas”, recalca Varela. “Ana Orantes lo pagó con su vida y a la víctima de La Manada se la han destrozado. Si el precio es muy elevado, no denunciarán. Tienen que denunciar, claro, pero cuando estén en condiciones para hacerlo bien”.

La abogada y la psicóloga especializadas en menores se incorporaron en septiembre pasado, después de descubrir cómo los casos de niñas y adolescentes agredidas eran muchos más de los que nunca imaginaron. El centro cuenta con un protocolo interno que permite a niñas y adolescentes declarar en el juzgado una sola vez y acompañadas de una psicóloga. El juez, el fiscal y los letrados de las partes le formulan sus preguntas por un pinganillo a esta técnica, que es quien se las transmite a la víctima. La menor ni siquiera los ve, están detrás de un espejo. “Encuentras casos muy graves, pero son personitas que no suelen tener voz y es muy difícil darles la protección que necesitan, hay muchas fisuras”, señala Cristina Huelga, abogada del centro experta en menores.

Desde su apertura, el centro de crisis ha atendido a 302 víctimas de violencia sexual y 64 de ellas eran menores, con una media de 15 años. “Garantizamos una atención igual a todas las mujeres”, destaca Varela. Disponen de traductores hasta en lenguaje de signos. Las responsables del centro pretenden una “transformación social” también con sus informes periciales. Los elaboran “con perspectiva victimológica”, explica Carbajal, centrados en lo que relata la mujer y lo que le supuso el trauma que le causó la agresión. Estos dictámenes suponen un importante cambio con respecto a los que redactan los institutos de medicina forense y que se dedican a valorar la credibilidad de la denunciante, algo que no se plantea en otros delitos. “Nuestros informes cuentan cómo está la víctima, cuáles son sus secuelas”, afirma Varela. “Los informes psicosociales no pueden ser una valoración de veracidad, debe ser el juez el que luego valore”.

La preocupación por arropar en todo momento a las mujeres heridas por la violencia sexual impregna incluso la sede del servicio. Está en un pequeño edificio del centro de Oviedo, una acogedora “casina” alejada de la frialdad de las oficinas. Se les ha quedado pequeña y la mudanza está ya en ciernes. El equipo se trasladará a un palacete de Mieres que permitirá habilitar habitaciones para las víctimas que tras ser atacadas no tienen adonde volver. Han chocado con esta necesidad varias veces, asistiendo a turistas o a vecinas de Asturias agredidas por compañeros de piso. El nuevo inmueble también les permitirá organizar terapias de grupo. “Abrimos sin saber lo que nos íbamos a encontrar, nunca pensé que atenderíamos a tantas personas”, admite Carbajal. “Hemos aprendido mucho”, tercia Varela. Para la directora de Igualdad del Principado, las altas cifras de menores agredidas han sido como un “tortazo de realidad”: “Me duelen y me preocupan. En esta sociedad algo estamos haciendo mal”.