En torno a la mitad de los 10 menores implicados en los desnudos de Almendralejo son imputables al tener más de 14 años

La primera fase de la investigación de los desnudos con inteligencia artificial en Almendralejo está a punto de cerrarse. El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Javier Mendoza, ha dicho esta mañana, durante un acto con preguntas de los medios, que “por el momento” son 10 los menores implicados en la creación o difusión de estas imágenes. Mendoza también ha afirmado que estos menores tienen entre los 11 y 14 años y que “aproximadamente” la mitad ya han cumplido los 14. Es decir, son imputables penalmente, según la Ley del Menor. El informe que ha elaborado la Policía Nacional de Almendralejo se enviará también este viernes a la Fiscalía de Menores, que es quien se encargará a partir de ahora de la investigación y establecerá también el tipo de delitos al que se podrían enfrentar los adolescentes. Las denuncias presentadas hasta este viernes son 22, una cifra que no ha variado en las últimas 24 horas, aunque no se descarta que aumente con el paso de los días.

Los hechos ocurridos en Almendralejo empezaron a salir a la luz la semana pasada, con el inicio del curso. El martes por la mañana un rumor corría de grupo en grupo en algunos institutos de la localidad. Los alumnos comentaban que existían fotos de alumnas desnudas circulando por los móviles. Al llegar a casa por la tarde, las chicas se lo contaron a sus madres, que comenzaron a hacer llamadas. El caso acababa de estallar.

Ahora, siete días después, lo que se sabe es que un grupo de chavales del municipio capturó las fotos de los perfiles de Instagram y de WhatsApp de, al menos, 20 niñas del pueblo e incluso, según apunta la madre de una de las menores afectadas, fotografiaron a otra durante un entrenamiento de voleibol en un pabellón municipal para, después, subir todas estas imágenes a una aplicación de inteligencia artificial. Y así, en pocos segundos, crear imágenes ficticias que simulan un desnudo real de las niñas. Más tarde alguien creó un vídeo con imágenes de siete de ellas. Las madres se han organizado en un chat de WhatsApp y ya hay 31 integrantes. No todas han visto fotos de sus hijas, pero les han dicho que existen. Incluso ha habido un caso de extorsión a una menor con una instantánea a través de un perfil falso de Instagram.

Los posibles delitos

Fuentes fiscales señalan que, hasta que no se analicen las imágenes y la declaración de los 10 implicados, no es posible determinar a qué delitos se pueden exponer los menores. No obstante, las mismas fuentes apuntan a que, en principio, explorarían tres tipos para los que han cumplido 14 años. ¿Y para los que tienen menos de 14? También tendrían sanciones, pero en lugar de ir por el Código Penal, se iría por el Código Civil.

Suponiendo que la Fiscalía de Menores concluya que, efectivamente, se ha podido cometer un delito, con lo que se sabe hasta ahora se abrirían tres posibles tipos. Por un lado, un delito de pornografía infantil. Para este delito no vale cualquier imagen, la ley dice expresamente que esa fotografía tiene que ser pornográfica y explícita: “con fines principalmente sexuales”. Una imagen de sus órganos genitales o una postura sexual. Una foto en la playa de un desnudo no entraría, en principio, como pornográfica.

Otro de los delitos a los que se podrían enfrentar estos menores —siempre para los que ya han cumplido 14 años o más, en este caso “aproximadamente” la mitad de los 10 implicados― sería un delito contra la integridad moral. Es decir, si las fotos no tienen un contenido sexual, pero sí menoscaban la dignidad de las menores; si les ha ocasionado una humillación, por ejemplo. Y, por último, la Fiscalía de Menores exploraría también el delito contra la intimidad. Para este caso, sin embargo, dependerá siempre de cómo se hayan obtenido esas imágenes de las menores. Si las fotos se han obtenido en un ambiente privado, por ejemplo, sí estaría tipificado este delito. Aquel o aquellos que finalmente sean juzgados y condenados irán siempre a un centro de menores, hasta los 18 años. Estos centros están repartidos por las diferentes comunidades autónomas. En este caso, irían a un centro de menores de Extremadura.

Los niños implicados que tienen menos de 14 años ―”aproximadamente” la mitad— serían inimputables por el Código Penal, pero eso no quiere decir que estén exentos. Fuentes fiscales apuntan a que se aplican siempre medidas de protección. ¿Qué quiere decir? Que diferentes especialistas elaboran un informe sobre la situación de los menores y, posteriormente, se pone en conocimiento de la Junta de Extremadura, que será quien dictamine que medidas se podrían adoptar, como cursos relacionados con la violencia de género, sexual, medidas educativas, en definitiva. “Lo que se pretende siempre es reeducar”, aseguran estas fuentes de la Fiscalía.