El procurador general de Bolivia anuncia una gran investigación de la pederastia en la iglesia: “Es un deber con la historia y con las víctimas”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, nacido en La Paz hace 53 años, estaba el pasado día 30 de abril junto a su esposa disfrutando de lo que iban a ser unas tranquilas vacaciones por el puente de mayo cuando una noticia en la prensa cambió sus planes repentinamente. Ambos regresaban en coche de hacer la compra y Chávez, sentado en la parte trasera del auto, revisaba las notificaciones de su teléfono móvil. Fue entonces cuando se topó con un titular que, dice, le enmudeció: Diario de un cura pederasta. Unos minutos después, le mostró la pantalla con el reportaje en cuestión a su mujer.

—¿Y qué vas a hacer? —cuenta que le dijo.

—Reaccionar —respondió Chávez—, reaccionar de inmediato.

El procurador general de Bolivia, perteneciente al MAS —Movimiento al Socialismo, partido político liderado por el expresidente Evo Morales—, releyó una vez más el artículo: la historia del jesuita español Alfonso Pedrajas, alias Pica, fallecido en 2009, que admitió en un diario secreto cómo abusó de decenas de menores en varios colegios de la orden en Bolivia y de cómo la orden lo protegió durante décadas. Decidido, escribió un tuit en el que anunciaba que abriría una investigación “sobre este gravísimo hecho”. Los acontecimientos se sucedieron durante los días siguientes: Chávez registró una denuncia formal ante la Fiscalía boliviana y solicitó al ministerio fiscal español los antecedentes del agresor. Por otro lado, los jesuitas apartaron a ocho ex altos cargos de la orden acusados de encubrimiento, los obispos del país andino pidieron perdón y el provincial de la Compañía de Jesús declaró en los tribunales en condición de testigo.

Chávez ofrece ahora una entrevista a EL PAÍS a través de una videollamada para contar cómo este caso ha sacudido los cimientos de la Iglesia boliviana. Son las ocho de la mañana de este lunes en La Paz.

Pregunta. ¿En qué punto se encuentra la investigación?

Respuesta. Está avanzando. Se ha conformado una comisión de fiscales, dos personas han declarado de parte de la Compañía de Jesús y estamos a las puertas de las declaraciones de los ocho sacerdotes [antiguos superiores de la orden] suspendidos. También ha habido un registro del lugar [el colegio Juan XXIII, donde Pica confiesa haber abusado de más menores], se ha constituido una comisión a objeto de verificar [los abusos] y estamos a la espera de otras diligencias, sumadas a lo más importante: la participación de las víctimas.

P. ¿Han prescrito los delitos?

R. No han prescrito en Bolivia. La Corte Interamericana ha determinado que, en estos casos, la violación se asimila a delitos de lesa humanidad.

P. ¿El diario es una prueba firme de los abusos y su encubrimiento? Es un archivo de texto mecanografiado...

R. Es un indicio que nos tiene que llevar a cotejar. Por eso se lo hemos solicitado a la Fiscalía General de España y, si se puede, tomar contacto con el familiar [el sobrino que dio a conocer el diario]. La mera declaración de un familiar directo nos favorece muchísimo en la investigación. Ahora, no es la única prueba. Obviamente están los testimonios de las víctimas, tanto del hecho como del encubrimiento, que es lo que podemos sancionar en este momento. Este hombre [Pica] ha fallecido y el delito es intuitu personae [la responsabilidad penal no puede ser transferida a terceros]. Pero el encubrimiento sistemático no. Y eso lo vamos a lograr [enjuiciar]. Sobre todo, con los testimonios y el diario.

P. ¿A qué penas se pueden enfrentar los encubridores?

R. Podrían tener la misma responsabilidad penal que el autor, según las condiciones en las que han participado en el hecho. Aquí ha habido un encubrimiento sistemático y habría que ver quiénes y qué participación ha tenido cada uno de ellos. Lógicamente, la pena podría ser de privación de libertad o resarcimiento del daño. Debe haber un resarcimiento ejemplar en todos los sentidos que establece la jurisprudencia.

P. Hay víctimas que acusan a otros jesuitas de abusos. ¿Esta investigación abordará estos casos si se denuncian?

R. Por supuesto que sí. Yo lo dije desde un principio: esto no es un caso aislado.

P. Estudia, entonces, la posibilidad de abrir una investigación general sobre los casos de pederastia dentro de toda la Iglesia de Bolivia, como ya han hecho otros países como Bélgica.

R. Así es. Es un deber con la historia y con las víctimas. He estado revisando qué ha pasado en otros países, cómo ha habido una especie de comisión de la verdad que ha abierto todo lo que debía abrirse en la Iglesia. Se tiene que averiguar, por un concepto básico de memoria, verdad y justicia, la participación de la Iglesia en estos casos, que son muchos. Las denuncias nos han sorprendido mucho. También a nivel internacional. He visto informaciones [noticias recientes de abusos en otros países de Latinoamérica] que las estamos solicitando para hablar también con nuestros pares de México, Chile, Argentina, en fin, en el continente. Para ver qué actitud general vamos a tomar, tal vez algún pronunciamiento a nivel internacional.

P. El caso del padre Pica ha provocado un terremoto mediático en Bolivia.

R. Las noticias están subiendo, sobre todo por redes. La indignación está en las redes. Se han pintado paredes [grafitis pidiendo justicia] en los lugares donde habían sucedido los hechos y en colegios que regenta la Compañía a nivel nacional. Y se hace abiertamente. Grupos de mujeres, madres y exalumnos están pronunciándose y el problema crece. Lo que lamentamos es que hay alguna prensa que es parte de este grupo de poder [de la Iglesia] que está haciendo un trabajo en contra de ello.

P. ¿Se refiere a que hay sectores y medios que ven la investigación como un ataque a la Iglesia?

R. Es así. La respuesta es directa. Ayer en las homilías [la entrevista se realizó este lunes] no hemos escuchado la palabra perdón de manera sincera hacia las víctimas. Los obispos hacen una reacción de victimizarse ante un hecho tan abominable, tan horroroso. Una reacción que está fuera de todo lugar y confirma el encubrimiento que hace la Iglesia a sus pares. Hay medios que están usando a esos periodistas para hacer una especie de victimización política. A ver qué de político puede haber en esto cuando el procurador ha anunciado que va a abrir una investigación. Que era lo lógico. Nosotros no podíamos aplaudir semejante situación interna en el país.

P. Tanto los acusados de abusos como la mayoría de posibles encubridores son españoles enviados a Bolivia por la Compañía de Jesús de España. ¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia española?

R. La investigación tiene que dar cuenta de esto. Obviamente, estigmatizar a una entidad es muy complejo y yo pienso que primero debemos obtener la información oficial. Habrá que pedir la respuesta a la Iglesia española y a la Compañía de Jesús, que ha enviado, en el caso particular de Pedrajas, que este tenía antecedentes y él habría dicho allí [que cometía delitos] y lo mandan a Bolivia.

P. ¿También pedirán información al Vaticano? Uno de los encubridores llegó a la cúpula de la Compañía en Roma.

R. Por los conductos consulares tenemos que hacerlo. Recuérdese también que el papa Francisco es jesuita. Tenemos que andar con una línea homogénea de trabajo y pedir información donde la podamos encontrar. Y el Vaticano es una fuente porque, efectivamente, el padre Marcos Recolons [uno de los superiores encubridores] trabajó en esa época, y entendemos también que conoció y fue parte de una estructura importante, primero regional y luego mundial.

P. ¿Qué diría a las víctimas?

R. Les diría a mis hermanos y hermanas del país que han sido víctimas o que sepan de este hecho delictivo que se aproximen a la investigación penal. Que hay la reserva, por supuesto, de una oficina especial que les va a proteger su integridad y su dignidad. El Estado va a coger todas las declaraciones e información que tengan las víctimas, en nuestro mensaje de solidaridad y compromiso de llegar a una investigación que concluya con la sanción penal. Si ya no se puede a Pedrajas, sí a los que han encubierto los hechos gravísimos que han sucedido. No vamos a parar hasta tener la sentencia ejecutoria y los responsables penales purgando sus penas y reparando integralmente lo que ha ocurrido. Tiene que haber una sanción penal ejemplar y que rompa de una vez la estructura de encubrimiento sistemático que existió en el país por parte de la Iglesia católica.