El ‘gatopardismo’ de la equiparación fiscal de las confesiones religiosas

El colmo del cinismo, que en literatura se conoce como gatopardismo ―por la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa―, se expresa en esta cita: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Parece contradictorio, pero suele ocurrir. La cita en italiano es más elegante: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. No hay que descartar que los obispos y el ministro Bolaños la reciten en latín, con sonido vaticano, pero acaban de dar una muestra excelsa de gatopardismo. Resumo la estrategia: Extendiendo (en realidad, dispersando) algunos poquitos privilegios a otras religiones, apenas ocho, damos la impresión de estar quitándoselos a la Iglesia romana.

No es verdad. Los privilegios del catolicismo español están regulados por un Tratado Internacional con rango especialísimo (al mismo nivel que una Ley Orgánica). Se trata de los Acuerdos (un concordato en toda regla, aunque queme el término), negociados en Roma 1976 y 1978 y aprobados por las Cortes en 1979. Ningún llamado “canje de notas” entre el ministro de Cultos y el Nuncio del Pontífice romano puede modificarlos.

También es mentira, dígala Agamenón o un cardenal, que “todas las confesiones religiosas” vayan a tener el mismo tratamiento fiscal. El PSOE propone extender unos pocos privilegios episcopales a cuatro confesiones, a las que se les reconoce un “notorio arraigo”. Hay otras muchas que se quedan fuera, más de un centenar, algunas también con muchos seguidores, como la Iglesia de la Cienciología, que ganó ese título en la Audiencia Nacional, o el bahaismo, conocido como Fe Bahaí en la bibliografía. El Gobierno tiene sobre la mesa desde hace meses su petición de notorio arraigo, incontestable.

Y mucho más. ¿Por “mismo tratamiento fiscal” entiende el Gobierno que todas van a tener su propia casilla en los impresos del IRPF, para que los fieles puedan financiarlas sin poner nada de su bolsillo, como se hace con la católica? Cuesta creerlo. Mejor dicho, esa vía está cerrada por el Tribunal Supremo, que en 2016 rechazó una petición en tal sentido elevada por la FEREDE (los protestantes españoles). La sentencia daba la razón a Hacienda, poniendo por delante los Acuerdos entre España y la Santa Sede. Argumentaba el fallo en el Anexo IV, dedicado al régimen económico, artículo II, es decir, en el compromiso del Estado de asignar a la Iglesia católica “un porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio o sobre cualquier otro de carácter personal”. Semejante privilegio no se puede atribuir a otra confesión, resumía el Supremo. Añadió que la Ley 24/1992 contempla el régimen fiscal de los bienes y actuaciones de FEREDE pero sin contemplar “ninguna previsión semejante a la del Convenio con la Santa Sede”.

Todavía más. ¿Concederá el Gobierno a las nuevas confesiones el privilegio de tener profesores propios en todas las escuelas, pagados por el Estado (los docentes de catolicismo y moral católica cuestan 700 millones cada año), y también capellanes en cárceles, cementerios, universidades y hospitales, en estos con derecho a despacho y visita a las habitaciones que les plazca, también a sueldo de las Administraciones correspondiente? ¿Les habilitará un edificio para acoger a vicarios castrenses con grados y sueldos de General de División?

En la campaña electoral de 2015, el candidato Pedro Sánchez anunció que el PSOE eliminaría de la Constitución “la mención a la Iglesia católica”. También se comprometió a actualizar en la Carta Magna “el principio de laicidad”. Su modelo, dijo, era la Republica francesa. Mejor haría exigiendo a los obispos que cumplan su compromiso de autofinanciarse, adquirido por ley en 1979. De momento, se ha limitado a habilitar un ministro de Cultos, a la manera del Gobierno francés, donde el cargo lo ejerce el ministro de Interior. Lo fue Nicolás Sarkozy, más tarde presidente de la República. En España lo es Bolaños. Puro gatopardismo.