Las víctimas, desencantadas con el giro de la auditoría de la Iglesia sobre los abusos: “Es todo una gran mentira”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia y las voces destacadas de este colectivo han recibido con decepción las novedades de la auditoría sobre el escándalo que la Conferencia Episcopal encargó hace un año al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. El presidente del grupo de trabajo, Javier Cremades, avanzó a este diario el martes que el estudio contabilizará “varios miles de víctimas” y que el informe final planteará que se compense económicamente a todos los supervivientes, sin cuestionarlos. No obstante, no tendrá una investigación propia, pues solo les han contactado 150 víctimas y no han tenido acceso a archivos. Por tanto, deberán creer la información que les aporten obispos y superiores religiosos, que no siempre están colaborando. “Es una radiografía de la impotencia y de la falta de voluntad. Unos obispos que cooperan, otros que no, la Iglesia parece que sí quiere, pero no quiere, creo que es todo una gran mentira. Desde el primer momento esta auditoría me pareció una pamema. Tendría que ser la Iglesia la primera en ofrecer todo lo que tiene”, opina el escritor Alejandro Palomas, víctima de abusos de un cura en su infancia y escéptico desde el inicio con la auditoría. El trabajo tuvo críticas de falta de credibilidad y de neutralidad, nada más ser anunciada, por la pertenencia de Cremades al Opus Dei.

La asociación Infancia Robada, que ha sido de las más críticas, cree que, más allá de estudios y números, lo urgente ya es “atender a las víctimas y que se respeten sus derechos”, explica su presidente, Juan Cuatrecasas. “Hay que centrar el tema, y acompañar a las víctimas que denuncian, de la forma que sea, aunque Cremades ya ha dejado muy claro que no está para atender a las víctimas. Y eso es lo que hay que hacer en este país, pulsar el botón para atender a todas. Lo demás es más de lo mismo, y estamos cansados”.

Por su parte, Miguel Hurtado, portavoz en España de ECA (End of Clergy Abuse, acabar con los abusos del clero, en castellano), cree que está quedando en evidencia “la actitud obstruccionista de buena parte de la jerarquía católica, no van a colaborar voluntariamente”. Hurtado, una de las primeras víctimas en aparecer en los medios para denunciar su caso en la abadía de Montserrat, Barcelona, piensa que se confirma que las dos investigaciones abiertas en España cojean: “La del Defensor del Pueblo tiene acceso a las víctimas, porque está recibiendo muchas denuncias, pero no a los archivos o a entrevistar a los responsables. Cremades no tiene acceso a víctimas, pero sí a entrevistar a responsables y que le den información”. En su opinión, el único modelo útil sería una comisión de la verdad “con poderes coercitivos de investigación, que obligue a entregar los archivos canónicos a las autoridades civiles y fuerce a los responsables a dar explicaciones, como en Australia o Reino Unido”. “Lo advertimos en 2022 y los políticos no nos escucharon. Los hechos nos dan la razón”, concluye.

Hurtado ha hecho llegar al equipo de la auditoría sus propuestas de medidas a aplicar. Entre ellas, la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia e indemnizar a todas las víctimas, sin alegar que la acción civil está prescrita (como, afirma, ocurrió en su caso con la abadía de Montserrat). Además, pide no utilizar el baremo de tráfico para establecer la cuantía de las indemnizaciones, sino uno especifico para casos de abuso sexual infantil, como el empleado en Irlanda. También plantea que la Iglesia entregue a la Fiscalía los archivos canónicos donde se documenten casos de pederastia y, por último, que establezca la obligación canónica de denunciar todos los casos, pues ahora solo deben hacerlo cuando la víctima aún es menor de edad.

Betania, una asociación independiente de acogida y acompañamiento de víctimas, prefiere no valorar el estado y la metodología de las investigaciones de Cremades y esperar a la presentación del informe. “Lo esperamos con actitud esperanzadora, también el que está realizando el Defensor del Pueblo, aunque no consideramos que la publicación de estas investigaciones sea la última palabra sobre el asunto”, explica Teresa Compte, presidenta de la entidad. No obstante, Compte opina que el despacho debería “aclarar las expectativas reales” de sus trabajos. “Nos estamos dando cuenta de que hay mucha confusión. Las víctimas no saben qué está pasando y eso las confunde. Siguen si ver el resultado y eso genera inquietud”, añade.

Ante las palabras de Cremades de que ya constatan que habrá “varios miles de víctimas”, la CEE ha respondido que no hará valoraciones hasta que el informe esté terminado. Hasta ahora, la Iglesia se niega a informar de los casos que conoce, ni a la Fiscalía General del Estado, ni ante las constantes solicitudes de este periódico. Durante años, ha sostenido que eran “casos aislados”, hasta que admitió 220 casos en 2021 y, un año después, 506 denuncias. EL PAÍS contabiliza, hasta ahora, 929 acusados y 1.770 víctimas en su base de datos, la única existente.

También hay malestar por la auditoría en las pocas diócesis que se han distinguido por colaborar en que la verdad de la pederastia en el clero salga a la luz. El juez eclesiástico de una de ellas afirma que la negativa de los obispos a abrir sus archivos es una señal de que la Iglesia española sigue sin afrontar el problema. “Sin el registro de los documentos diocesanos, el informe será impreciso. Una chusca”, señala. Este canonista siente que la Iglesia tiene miedo a que se conozca la verdad, e incluso de que se filtren datos que solo ella conoce. “Este viernes hay una reunión del personal de las oficinas de atención a víctimas en Madrid para hacer balance de todos los casos que se han recibido en cada diócesis. Y han reforzado las medidas de seguridad para que no se cuele nadie, será obligatorio identificarse con el DNI para entrar. Tiene miedo de no poder controlar la información”, opina.