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Los obispos niegan a la Fiscalía datos de los casos de pederastia que conocen

El fiscal general del Estado, que solicitó información sobre abusos sexuales a menores a las 70 diócesis españolas, afirma que solo han contestado la mitad y la mayoría con evasivas

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecía este jueves ante la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la memoria anual del Ministerio Público.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecía este jueves ante la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la memoria anual del Ministerio Público.A. Pérez Meca (Europa Press)
Julio Núñez

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles se niegan a informar a la Fiscalía General del Estado de los casos de pederastia que conocen. Así lo ha afirmado este jueves el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, durante la presentación en el Senado de la memoria anual de la entidad. El Ministerio Fiscal solicitó a finales del año pasado a las 70 diócesis españolas que le remitiesen todos los datos sobre abusos sexuales, “denuncias o testimonios recabados (…) en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa” para la “eliminación de este lamentable fenómeno”. Desde entonces, han contestado menos de la mitad de los obispados, y solo cinco han aportado alguna referencia de casos que ya están en la justicia ordinaria, pero “nada que responda a la petición de la Fiscalía”, ha revelado a EL PAÍS una fuente del Ministerio Público. “Ha habido contestación por parte de 30 diócesis, con respuestas modelo, la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos, y, en algunos casos, remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales”, ha afirmado García Ortiz en la comparecencia.

Tras las declaraciones de García Ortiz, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado un comunicado este jueves a las 23.00 horas en el que asegura que las diócesis “mantienen una decidida relación de colaboración con la Justicia”, aunque les ha producido “extrañeza” la solicitud que les hizo el Ministerio Público.

Junto a las respuestas evasivas a la Fiscalía, los obispos justificaban que, de cualquier forma, ellos no tenían competencia sobre los abusos cometidos por miembros de órdenes religiosas, donde se contabiliza la mayor parte de los casos. “A la vista de la escasísima información recibida, en los próximos días remitiremos los oficios oportunos a las entidades y congregaciones religiosas a las que aluden las contestaciones de la Conferencia Episcopal, para recabar los datos sobre abusos de los que la Fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada”, continúa el fiscal general.

El Ministerio Público, según ha revelado García Ortiz, está elaborando un estudio “sobre las alternativas procesales para reparar a las víctimas, en casos de hechos prescritos” y en los que el agresor ha fallecido. “Dicho estudio analizará los referentes internacionales y autonómicos, siempre teniendo presente que lo central es dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”. Razón por la que a finales del año pasado comenzó a solicitar información a la jerarquía eclesiástica.

La primera reacción de la CEE ante la solicitud de la Fiscalía fue enviar una circular interna a los obispos donde les aconsejaba colaborar de forma restrictiva. Firmada por el secretario general del organismo, César García Magán, la carta recomendaba que solo se remitiesen a las fiscalías provinciales los casos de víctimas que sigan siendo menores de edad —aunque a esto ya los obliga la ley desde 2015—, y a la Fiscalía General, únicamente las referencias y fechas de estas comunicaciones. También sugería que se entregara la relación de casos —de nuevo solo las referencias y fechas— donde las víctimas sean mayores en la actualidad “que ya han sido comunicados hasta el momento”. Es decir, las denuncias que los obispos comenzaron a enviar a la Fiscalía a partir de 2019 y que no son todas las que conocen, sino las que cada obispo considera “relevantes”. Por lo que la Iglesia tampoco está enviando a los fiscales aquellos casos que se han recibido o juzgado internamente durante décadas, aunque es cierto que no tienen la obligación legal de hacerlo.

La misiva de García Magán también iba acompañada de dos modelos de respuesta para enviar a la Fiscalía: uno para aquellas diócesis que no tengan constancia de ninguna acusación o testimonio, y otro para aquellas “cuyas oficinas hayan sido receptoras de las mencionadas denuncias”. Ambos concuerdan con las contestaciones que ha recibido el Ministerio Público.

La Fiscalía ya pidió la misma información a la CEE, después de que esta le entregase los dos primeros informes con más de 450 casos que había recibido de EL PAÍS, pero, en cambio, no le notificaba todos los casos que solo conocen los obispos y nunca han hecho públicos. La Conferencia aseguró que no tenía “poder para hacerlo” e indicó al Ministerio Público que contactara con cada diócesis individualmente.

No obstante, el organismo religioso está centralizando toda la información de las diócesis sobre los casos de pederastia y el 3 de marzo hará un balance de todas las denuncias que se han interpuesto tanto en las diócesis como ante los tribunales. Los obispos no han aclarado si darán a conocer estos datos.

El nivel de sinceridad y colaboración de la Iglesia es una de las claves para que los casos ocultos de pederastia salgan a la luz. No obstante, los obispos siguen cerrando filas ante este tema y negándose a revelar lo que saben: este diario preguntó a finales de 2022 a las 141 entidades religiosas sobre el número de casos que conocen, cuántos procedimientos canónicos han abierto y cuántas indemnizaciones han pagado. Solo el 13% aportó algún dato.

También el Defensor de Pueblo, que emprendió en julio una investigación sobre el escándalo, ha adelantado que pedirá datos de casos concretos y acceso a los archivos. La CEE ha respondido que colaborará en esta tarea, pero no ha aclarado hasta qué punto. Por otro lado, los obispos aseguraron que el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que encargaron hace un año una auditoría sobre el tema, tendría acceso a sus archivos, pero en realidad son los obispos los que están eligiendo qué documentación le entregan.

En España, a falta de cifras oficiales, EL PAÍS creó una base de datos que se actualiza periódicamente con los casos que ya han salido a la luz, bien a través de sentencias o en medios de comunicación. Hasta ahora hay al menos 910 acusados y 1.741 víctimas.

El objetivo de la Fiscalía: “Dimensionar el problema”

El objetivo de la Fiscalía es recopilar todos los datos posibles para “dimensionar el problema” y “ver qué iniciativas se pueden impulsar para los casos que ya han prescrito”, como las posibles vías de reconocimiento y resarcimiento de las víctimas, según informaron en diciembre fuentes del Ministerio Fiscal. “El problema no está en los casos que han salido a la luz, sino en los que no se conocen”, matizó la misma fuente.

No es la primera vez que el Ministerio Fiscal intenta tomar las riendas de la pederastia eclesial. En 2019, la por entonces fiscal general Dolores Delgado pidió a la CEE que le informase de los casos que conocía, pero los obispos ni siquiera le contestaron. A comienzos de 2022, la Fiscalía ordenó a los 17 fiscales superiores de España que le remitieran en un plazo de 10 días todos los procedimientos penales en tramitación en ese momento (denuncias y querellas) referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa.

El recuento fue de 68 procedimientos abiertos, aunque no diferenciaba cuáles afectaban a la Iglesia católica y cuáles a otras entidades, como los Testigos de Jehová o la Iglesia evangélica. La cifra resultante es una fotografía de un instante, la de los casos abiertos en 2022, que no representaba la totalidad de estos delitos, ya que no incluía las sentencias condenatorias del pasado ni los casos que solo se instruyen en procesos eclesiásticos.

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