Se buscan familiares formados para acoger a niños con problemas de salud mental

Unos 50.000 niños y adolescentes viven bajo la tutela de las comunidades autónomas en España. Algunos lo hacen en residencias, otros en casas de acogida. Muchos han convivido con situaciones complejas o traumáticas y necesitan cuidados especiales. Ahora, un nuevo proyecto piloto permitirá a algunos de estos menores formar parte de una familia con formación específica sobre sus necesidades y total dedicación a reparar sus daños emocionales. El programa, llamado Redes AFE: acogimiento familiar especializado de especial preparación, comenzará a implantarse en las Comunidades de Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco, y está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de los fondos europeos Next Generation.

El proyecto está dirigido a menores de entre 7 y 18 años que tengan problemas de salud mental, de conducta o de adaptación, a los que vivir en un entorno familiar puede ayudarles a transitar a la vida adulta de una manera sana. Las potenciales familias de acogida deberán cumplir una serie de requisitos para garantizar el éxito del programa: tener formación homologada en materias como psicología o educación social, dos años de experiencia en trabajo con infancia, y un total compromiso para con el bienestar de los niños. “Esto hace que el número de chicos y chicas a acoger sea pequeño a nivel cuantitativo, pero muy importante desde el punto de vista cualitativo, porque obtendrán las herramientas necesarias para reparar sus traumas”, ha explicado este martes Josu Gago, de la Federación Internacional de Comunidades Educativas (FICE).

La iniciativa parte de un proyecto previo que lleva funcionando ya 15 años en Gipuzkoa, en el que Gago ha trabajado, y que ha conseguido acoger de manera exitosa a 19 menores en este tipo de familias. “La reparación del daño emocional que han sufrido estos niños es muy complicada en los centros de acogida. Hemos comprobado que este modelo puede funcionar”, ha expresado Gago. El psicólogo ha aclarado que el objetivo de la plataforma y del Ministerio es adaptarlo y extenderlo al resto de territorios. “No viene a sustituir nada, sino a complementar lo que ya existe”, ha aclarado.

La tarea requiere una cualificación alta y atención 24 horas siete días a la semana. Precisamente por eso, las familias se someterán a un proceso de selección, y estarán acompañadas en todo momento por un equipo técnico, que también evaluará el proceso. “No se les pide una capa de mago y una varita, sino un trabajo continuado”, ha apuntado Gago. Tanto el equipo como los familiares recibirán una formación continua y adaptada, ligada a las características del menor y a sus necesidades terapéuticas, y podrán apoyarse mutuamente. Todas las familias recibirán una compensación económica por sus funciones técnicas, y su atención permanente al bienestar de los chicos, que dependerá de la Comunidad Autónoma. En la provincia vasca supera los 2.000 euros netos mensuales.

Durante el proceso, el equipo técnico, compuesto por entre tres o cinco profesionales, dependiendo del tamaño de la comunidad, realizará también un trabajo de intermediación con la familia biológica de los menores, partiendo de su predisposición para que sus hijos participen en el programa. “Si es beneficioso para los niños y niñas, no tiene ningún sentido apartarla [a su familia biológica]. Se pueden producir conflictos de lealtades, de rabia”, desarrolla Gago. El psicólogo ha explicado que el proceso tiene momentos de alta intensidad y altibajos, pero también de gozo: “Cuando compruebas que los chicos comienzan a ser capaces de asimilar emociones negativas, de hablar de sus fantasmas y de saber a quién dirigen la rabia”.

Desde las comunidades participantes, que se han comprometido a desarrollar el proyecto en 2023 y 2024 y mantener su implementación durante los años siguientes, se lanzará una campaña para animar y captar a familias que quieran colaborar. Se trabajará principalmente con los colegios profesionales, y se aspira a acoger a unos 60 niños entre las cuatro regiones. “La evaluación es muy importante. Una vez la hagamos, nuestro objetivo es expandirlo, para lo que necesitamos el apoyo de la administración”, ha incidido Gago.

El proyecto se enmarca en la nueva Estrategia Estatal de Desinstitucionalización de los Cuidados que ha presentado este mes el Ministerio de Derechos Sociales. “Desde este Ministerio hemos emprendido un proceso de desinstitucionalización. Queremos cambiar el modelo y centrarlo en el bienestar de las personas y en la vida en comunidad”, ha afirmado Lucía Losoviz, directora general de infancia del Ministerio de Derechos Sociales. El Gobierno quiere lograr que, para el año 2030, el 70% de los menores tutelados vivan en familias, y solo el 30% lo haga en residencias. Actualmente, 16.000 de estos niños y adolescentes viven en residencias, y 18.000 en familias de acogida. “Esperamos que en 2026 ningún niño de menos de 6 años viva en un centro, y en 2030, ninguno de menos de 10″, ha añadido Losoviz.

El malestar de muchos de esos niños se debe a situaciones de negligencia familiar, desprotección, o incluso maltrato físico, según ha explicado el psicólogo. Por eso, Gago ha incidido en la importancia de cambiar el actual modelo de cuidados: “La experiencia dota de mucha autoestima profesional a las familias, y la vida de los chicos mejora mucho cuando saben que alguien va a estar ahí”.