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Acercar los cuidados a la comunidad: “No volvería nunca a vivir en una residencia”

El Ministerio de Derechos Sociales presenta la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización de los Cuidados para mejorar la integración de las personas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la presentación de la Estrategia estatal de Desinstitucionalización, en la sede del Ministerio, a 8 de febrero de 2023.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la presentación de la Estrategia estatal de Desinstitucionalización, en la sede del Ministerio, a 8 de febrero de 2023.Juan Barbosa (Europa Press)
Andrea García Baroja

Deshumanización, bloqueo, falta de libertad. Son algunas de las cosas que denuncian vivir colectivos de personas mayores, con discapacidad o sin hogar cuando residen durante mucho tiempo en un mismo centro. Sienten que se les desconecta del mundo exterior. En España, los servicios de cuidados y atención asistencial se prestan en grandes instituciones alejadas de la sociedad, como residencias construidas a las afueras de las ciudades o casas de acogida con horarios estrictos. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado este miércoles la Estrategia Estatal de desinstitucionalización de los cuidados para una buena vida en comunidad, que tiene como fin transformar el modelo de atención actual hacia uno de apoyos personalizados, en el que las personas que viven situaciones de vulnerabilidad y exclusión puedan elegir dónde y como vivir.

Casi un 80% de los españoles consideran que los mayores, menores tutelados, personas con discapacidad y personas sin hogar que viven en residencias, están “en alguna medida al margen de la sociedad y de la vida en comunidad”, según los datos de una encuesta que ha presentado el Ministerio como parte de la Estrategia. El sondeo, basado en 2.505 entrevistas realizadas este mes de enero, revela que un 81,3% de los encuestados piensa que es necesario “potenciar que estos colectivos puedan vivir más incluidos en la sociedad, con los apoyos que sean necesarios en sus domicilios o en viviendas normalizadas”. Sin embargo, un 39% ve poco probable que se lleve a cabo.

La Estrategia, financiada por los fondos europeos Next Generation y en la que ya se han invertido para su implementación 150 millones de euros, pone el foco en la independencia de las personas vulnerables, y espera poder pasar a un modelo de cuidados basado en viviendas más pequeñas, cercanas a los barrios, a las tiendas de toda la vida, a los cines y colegios. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha explicado durante la presentación que se trata de un plan “que va a llevar a miles de ciudadanos a una vida mejor, más cerca de sus deseos y de su voluntad” y que permitirá, entre otras cosas, abandonar un “modelo residencial que, en el caso de las personas mayores, evidenció todos sus límites durante la pandemia”.

El desarrollo del plan se encuentra en la primera fase de análisis y prevé su finalización en enero de 2024, y cuenta con la participación de distintos grupos de trabajo y el asesoramiento de personas que han estado viviendo en una institución.

La necesidad de desinstitucionalizar

“No eres nada en una residencia, eres un ente. No volvería nunca a vivir en una de ellas”, ha expresado Victoria del Abril, una de las cuatro mujeres que ha participado en el acto de presentación para contar la experiencia de vivir en una institución. Del Abril ha incidido en que la soledad y la separación que experimentan las personas que viven en un centro durante un largo periodo de tiempo, influye en su salud mental. Ahora vive en un piso con el apoyo de la Fundación Pilares y sus familiares, lo que le está ayudando “a vivir desde el disfrute”, y que, sostiene, “en las residencias no existe”. El plan del Ministerio de Derechos Sociales ya cuenta con la posibilidad de monitorizar resultados de diversos programas piloto que se ha puesto en marcha, y que han posibilitado la convivencia de personas en riesgo de exclusión.

Esther Punzano, miembro del proyecto “Derechos a la vivienda”, también ha recalcado los beneficios de acercarse a la comunidad. “He tenido múltiples ingresos en psiquiátricos debido a mi esquizofrenia desde los 19 años, y pensaba que iba a ser así toda la vida. Desde que estoy viviendo en un piso y no en la calle, no he vuelto a recaer”, ha contado durante el acto. Punzano ha insistido en que tener una vivienda propia es primordial para el ánimo y el empoderamiento que implica salir de la calle y tratar una enfermedad mental: “Cuando estás en comunidad ya no piensas solo en sobrevivir, sino en más cosas. En ser visible, en progresar, en vivir, en estar en el centro y llevar las riendas de tu vida. La estabilidad me permitió descubrir mis puntos débiles y actuar sobre ellos”.

Las participantes han recalcado la necesidad de que la Estrategia incluya programas de apoyo individualizado y de profesionales que tengan en cuenta las opiniones de los usuarios y reafirmen sus decisiones, dejando atrás el paternalismo. Noelia Blanco, que vivió en una casa de acogida para menores, explica que la institucionalización crea un ambiente “burbuja”. “Vives una presión muy grande como niño. Cuando estás con tus compañeros de clase y hablan de su vida cotidiana y de su casa, pasas vergüenza. No puedes disfrutar con tus compañeros, no puedes ir a dormir a su casa porque vives en una institución”, ha expresado.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales explican que uno de los principales retos del programa será “la disponibilidad e idoneidad de las viviendas donde las personas cuenten con los apoyos que necesiten para tener una vida digna”. Estas viviendas no deberán caer en los aislamientos poblacionales, sino estar bien localizadas y comunicadas, y deberán contar con una inversión para adaptarlas a las personas habitarán en ellas, con ascensores o baños adaptados, por ejemplo. “Para hacer posible la transformación del modelo de apoyos y cuidados, y poner en el centro los derechos y el proyecto de vida de cada persona, será necesario dar un impulso al desarrollo de los servicios comunitarios, algo que desde el gobierno se está buscando también con la reforma de la ley de Dependencia y la Ley de Servicios Sociales, ambas en trámite”.


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