Castilla y León, condenada a pagar 150.000 euros por retirar a una madre la custodia de sus hijas tras un forcejeo por el móvil

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la Consejería de Familia de la comunidad a pagar 150.000 euros a una madre soltera y a sus dos hijas por retirar injustificadamente a la mujer la custodia de las dos menores en 2016. La sentencia establece que Familia actuó con “desproporción abismal” al separar a la madre de sus mellizas, decisión corregida un año después y que causó “traumas” en las niñas, que tenían 12 años cuando las alejaron a 80 kilómetros de su progenitora, a quien solo podían ver una hora al mes. La Fundación Raíces ha defendido a la familia, que ha lamentado sentir “impotencia” ante un “secuestro” que convirtió a las menores en “un número”.

El proceso comenzó cuando Anita P., de origen búlgaro y que llevaba 20 años en España, fue madre soltera de dos mellizas nacidas en 2003, Micaela y Ángela. Las tres residían en Ávila cuando la mujer pidió la ayuda de los servicios sociales locales para participar con sus hijas en un programa de intervención familiar para establecer con ellas, que tenían 12 años, una relación de “parentalidad positiva”, según ha informado Fundación Raíces en un comunicado. Este apoyo consistía en las visitas de una orientadora familiar a la vivienda, un programa que transcurrió con normalidad hasta que en una noche de enero de 2016 la madre y una de las niñas discutieron por culpa del móvil. La disputa terminó en un forcejeo por el dispositivo que las mellizas, a instancias de la madre, comentaron en una sesión con la orientadora. Tras esta información, el programa se paralizó y el 12 de abril “sin previa notificación”, trabajadores sociales y la Guardia Civil acudieron a la casa, alegaron desamparo de las chicas y “se las llevaron, en contra de su voluntad, a un centro residencial de menores a 80 kilómetros”.

Un juzgado de primera instancia de Ávila resolvió un año después que las hijas volvieran con su madre mediante una sentencia estimatoria. Las afectadas aseguraron que en esos 12 meses los técnicos de servicios sociales criminalizaban a su madre y basaron la medida en “apreciaciones subjetivas y juicios de valor” sobre las circunstancias de la familia. La mujer solo pudo ver una hora al mes a las adolescentes, algo que los jueces definen como “extremadamente limitado”. “Durante su estancia en el Centro de Menores, las niñas relataron haber sufrido agresiones por parte del personal, causando gravísimos daños físicos y morales a las niñas y a la madre”, expone el comunicado de Fundación Raíces.

El tribunal ha considerado en su fallo, conocido a finales de 2022, una “actuación precipitada y desproporcionada de la Administración”, y destaca que los planes de ayuda familiar deben intentar evitar las separaciones de padres e hijos. “Las niñas, de 12 años, tendrían que haber sido escuchadas previa explicación de lo que podría ocurrir, teniendo en cuenta que es muy traumático separar a dos niñas de su madre”, zanja la sentencia, que señala que Familia tomó la decisión sin hablar con la madre, de ahí que estimen que se deberían haber reunido con las partes e intervenir buscando “un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores”.

La Fundación Raíces asumió el caso e inició un proceso civil oponiéndose a la retirada de custodia, logrando el respaldo de la Fiscalía. El fiscal subrayó que “no existía ni un solo dato de desprotección”, que la Administración había actuado con “desproporción abismal” y que las menores estarían mejor con su progenitora que bajo la tutela de la Administración. El Tribunal Superior de Justicia aprecia “perjuicios y daños morales acreditados” en las mellizas, que pasaron por un “trauma” vivido como “un secuestro” que les ocasionó “inadaptación, aislamiento, comportamientos de rabia e ira, dolores de cabeza, de espalda, dormir fatal…”. “Siendo niñas que tenían buena salud física y mental, tuvieron que ser atendidas por problemas de pérdida de peso y de salud mental, sufrir cuadros de ansiedad e incluso guardar reposo y desarrollo de anorexia”, describen. La justicia ha observado que “empeoró el absentismo escolar y el desinterés y empeoramiento de sus calificaciones”. La indemnización consiste en 150.000 euros divididos en 50.000 para cada una de las reclamantes.

El periodo ha sido definido por la progenitora como “el más doloroso de nuestra existencia” ante la “impotencia” de enfrentarse a la Administración. “Yo pensaba que estaban ahí para ayudar a las personas vulnerables. Es su función, ¿no? Pues no fue así”, censura la madre. Una de las jóvenes, que ahora ya son mayores de edad, expone que “la gente no es consciente del impacto que supone separar e internar a un menor en un centro”, lo cual considera “un secuestro” que aleja a las personas de un “ambiente conocido y seguro” y las depositan en un “ambiente hostil y desconocido”, generando “estrés, miedo y desconcierto” porque no les explicaron qué estaba ocurriendo. Su hermana tilda el trato como de “ganado en una ganadería” que les hizo sentirse “un número más, como la propiedad de la Administración, sin voz ni voto”.

Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, celebra que la mujer recuperara la custodia y que tras seis años de litigios “se ha reconocido que la Administración vulneró sus derechos”. Reyzábal lamenta que la legislación española, en contra de la situación europea, “permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no judicial, que no ofrece las suficientes garantías ni a los propios niños y niñas ni a sus familias, que ven su familia rota por un mero informe de los servicios sociales”. Asimismo, pide al Gobierno que acabe con la “indefensión absoluta de las familias” ante el excesivo poder que considera que tienen los técnicos, convertidos en “agente de autoridad”.