Operar la pierna equivocada o una vasectomía en vez de una fimosis: 25 años de lucha contra las negligencias médicas

En un minúsculo local de Carabanchel sin ventanas se cuecen reclamaciones médicas millonarias. Por allí pasó la que era hasta este año la más cara de España, que salió por 5,2 millones de euros (incluidas costas) en octubre. La familia de Paula, que nació con falta de oxígeno por un fallo de la matrona y el ginecólogo que la atendieron, acudió al Defensor del Paciente, una asociación que lleva 25 años luchando contra las negligencias y los errores sanitarios en colaboración con una red de despachos de abogados de toda España.

Todo empezó, precisamente, con una negligencia médica. El hijo de Carmen Flores, madrileña de 74 años, tenía por aquella época 11. Le diagnosticaron siringomielia, un quiste de líquido en la médula espinal que detectado y tratado a tiempo no suele dar mayores complicaciones. En el hospital Ramón y Cajal de Madrid le dijeron que había que operarlo y se pasó en la lista de espera casi cinco años.

La operación llegó cuando su hijo tenía ya la espalda “muy torcida”, justo después de una denuncia en Diario 16. Fue entonces cuando Flores se dio cuenta del poder de los medios de comunicación para que las cosas cambien. Y por eso tienen una relación constante con ellos. “No solo busco que a las familias les compensen por las negligencias, sino que se sepa para que no se repitan historias tan tristes como las que hemos vivido muchos”, explica en una cafetería junto al local.

El calvario de su hijo no terminó ahí. Tras ocho operaciones quedó tetrapléjico y ya hace 12 años que falleció. Fue a finales de 1997, en mitad de esta penosa experiencia, cuando Flores se decidió a crear una asociación para luchar contra este tipo de errores, que bautizó como Defensor del Paciente. El nombre, que tuvo que patentar, le ha generado muchos problemas. Ha ganado pleitos a varias administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, que montaron servicios oficiales con la misma denominación. “Quieren confundir a la gente”, asegura ella.

Desde entonces se dedica a tiempo completo a la asociación, y asegura que no recibe remuneración alguna. La ONG se financia gracias a una cuota única que abonan los socios al entrar (tiene unos 20.000) y a las donaciones —voluntarias, según Flores— que hacen los 16 despachos de abogados con los que colaboran. “No recibimos ni un euro de ayuda pública”, se enorgullece la fundadora. Con esos medios tiene contratadas a dos personas. Una es Ramón Prieto, que llegó a la asociación casi cuando se creó para hacer el servicio por la objeción de conciencia. Allí se quedó y allí sigue. Como casi todos los que colaboran o trabajan con el Defensor del Paciente (incluidos los despachos de abogados), en su vida hubo una negligencia médica, que causó la muerte de su padre.

Cuando se les pregunta por los casos que más les han impactado en todos estos años, se quedan pensativos. “Son tantos...”. El primero que llega a la memoria de Flores es precisamente el de Paula, cuya familia ganó en octubre el pleito con la mayor indemnización de la historia de España. La niña, de 10 años, vive postrada en una cama y requiere cuidados constantes. Luego relata otro, el de un chico que tenía un trastorno obsesivo compulsivo que le hacía lavarse las manos constantemente: “Le mandaron una terapia de electroshock carísima y le achicharraron el cerebro. Se quedó muy mal y murió a los seis o siete años”.

Prieto tiene en la cabeza el caso de una chica murió en lista de espera mientras aguardaba una operación por obesidad mórbida. “Se me quedó grabado porque habíamos hecho varias reclamaciones, me intercambiaba correos y hablaba bastante con ella. Una nochevieja me escribió su madre para decirme que había fallecido. Quizás lo tengo muy presente porque tuve mucho contacto con ella”, cuenta.

A pesar de que la labor de la asociación es a menudo enfrentarse a médicos que han cometido errores, Flores dice que también entiende la terrible presión que a veces sienten. “Entiendo perfectamente que estén de huelga”, dice. Pero también reclama más empatía con los pacientes, más conversación: “Muchas veces los errores se cometen porque no les escuchan lo suficiente, o porque se confían demasiado y tienen el diagnóstico antes de examinar el caso”.

Más de 13.600 casos en un año

Al local de Carabanchel llegan decenas de llamadas diarias. En 2022 recibieron 13.611 casos (455 más que en 2021), de los cuales 699 terminaron en muerte (71 más que en 2021). En la asociación las filtran y les aconsejan si hacer una reclamación, cómo, o, en casos más graves, les recomiendan abogados para que les asesores. Trabajan con 16 despachos en toda España. “Los pacientes pueden acudir a ellos o a los que les parezcan bien, nosotros solo aconsejamos”, puntualiza Flores.

Uno de ellos es el de Carlos Sardinero, que perdió a su padre en 1995 por un infarto cuando estaba en lista de espera para una operación cardíaca. Fue el primer caso de España que ganó una familia por un fallecimiento en listas de espera. Desde entonces, se especializó en Derecho sanitario. “Quizás por haber vivido algo similar, cuando te llega una víctima estás más sensibilizado”, reflexiona.

En su vida ha tratado decenas de casos. “Todavía me sorprende cómo algunos médicos se intentan defender de negligencias que son obvias. Hemos visto unos cuantos que operaron la pierna equivocada. Y se excusaron diciendo que la otra pierna también estaba mal. Obviamente los ganamos todos”, afirma. Las cirugías son un campo especialmente fecundo en reclamaciones. Otra que no se le olvida es la de un joven que fue a hacerse una fimosis y acabó con una vasectomía. “El médico alegó que se tendría que haber dado cuenta de lo que le estaban haciendo, cuando estaba anestesiado”.

En la asociación cada vez ven más casos relacionados con cirugías estéticas. “Estamos hablando de personas que están totalmente sanas y se les arruina la vida”, protesta Flores. Su trabajo no se limita a reclamar negligencias. También tratan de hacer lobby para cambiar normas. Ahora están en pie de guerra para regular las clínicas estéticas y que no sea posible que un médico sin especialidad realice operaciones.

A través de los casos que llevan, los abogados también han logrado cambios de largo alcance. Sardinero hizo una reclamación al Ministerio de Justicia con la que logró cambiar parte de la ley de enjuiciamiento civil. En los procedimientos previos de un juicio, cuando pedían la historia clínica de un paciente, normalmente la denegaban. “Conseguimos que fuera obligatorio proporcionarla y así poder preparar mejor los casos”, señala.

Pero en estos 25 años no todo han sido éxitos. Flores tiene muchas “espinitas clavadas”, como algunos en los que no se reconocieron negligencias por haber prescrito o por no presentar la documentación en tiempo y forma. “Otras veces es imposible demostrar algunas cosas. Hemos sabido de médicos que bebían, pero como no hay pruebas, se queda en nada”, lamenta.