La negligencia médica más cara de la historia en España: “Han destrozado la vida de una familia”

Paula cumple este viernes 10 años. Está postrada en una cama, de la que no ha podido moverse desde que nació. Una negligencia por parte de la matrona y el ginecólogo que atendieron su parto le dejaron un severo daño neurológico como consecuencia de la falta de oxígeno, y que hace que requiera atención prácticamente las 24 horas del día. Su familia acaba de recibir la mayor indemnización por una imprudencia profesional sanitaria en la historia de España: 4,9 millones de euros, que se suman a 300.000 de costas y dejan la cifra total en 5,2 millones de euros.

Su madre, Ascensión, era reacia a contar su historia ante los medios, pero Carmen Flores, presidenta de la asociación Defensor del Paciente, la convenció para que lo hiciera este jueves. “Tienes que decir lo que estás sintiendo, que el dinero lógicamente es importante, pero lo fundamental es que no se repitan estas barbaridades que han destrozado la vida de una familia”, le decía Flores.

Desde que nació Paula, todas las energías (y buena parte del dinero) de esta familia de Villa Hermosa (Ciudad Real) han ido destinados a los cuidados de la pequeña, que hoy en día sufre todas estas secuelas: encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico (movimientos involuntarios de los músculos), convulsiones, alimentación mediante sonda de gastrostomía endoscópica. Además, ha precisado numerosas intervenciones quirúrgicas: tiroidectomía, histerectomía (extracción del útero), miomectomía (extirpación de fibromas uterinos), cistectomía (extirpación de la vejiga urinaria), colecistectomía (extirpación de la vesícula), laminectomía (extirpación de parte de un hueso de la columna), reemplazo de cadera/rodilla, nefrectomía, procedimientos laparoscópicos mayores y cirugía reparadora del tracto digestivo.

“Mucha gente me pregunta si mi hija es un vegetal, pero no lo es. Ella siente, se alegra cuando le hablamos, cuando le damos cariño”, explica Ascensión, que se emociona cuando habla de Paula. “Siempre necesita a alguien al lado”, cuenta. Desde que nació, la familia no ha podido ir de vacaciones ni siquiera hacer excursiones a las Lagunas de Ruidera, que tienen al lado de casa. “Les han robado la infancia a sus hermanos [que hoy tienen 19 y 14 años]”, dice su abogado, Francisco Fernández-Bravo.

La batalla legal para conseguir la indemnización ha durado prácticamente los 10 años de vida de Paula. Todo comenzó el 14 de octubre de 2012, cuando Ascensión comenzó a notar los síntomas de parto y acudió al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas. Todo iba aparentemente bien. El embarazo había sido normal y sus otros dos niños nacieron completamente sanos.

—Tiene vuelta de cordón [umbilical] al cuello, cuenta Ascensión que dijo la matrona.

—¿Me vais a hacer cesárea?

—No, va a salir rápidamente.

Según el relato del abogado, durante el control de la evolución del parto, la matrona decidió prescindir de una de las dos cinchas que se utilizan para la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y el control de la dinámica uterina del sistema Eco-Doppler, sistema que tiene por finalidad la detección de los signos precoces indicativos de una posible pérdida de bienestar fetal. “Esa decisión impidió que se controlase efectivamente la situación física del feto. Tampoco se dio importancia a los 26 episodios de disminución de la frecuencia cardiaca del feto, a niveles de 80 e incluso 60 latidos por minuto que se marcan en el registro gráfico, ni a las nueve anotaciones de bradicardia que quedaron impresas en dicha tira, esto es, descensos de la frecuencia cardiaca fetal, claras e inequívocas señales de alarma en la evolución de ese período de parto”, asegura Bravo.

La sentencia

La sentencia establece, según el abogado, que, pese a estas señales de alarma, tanto el ginecólogo como la matrona actuaron de forma negligente y no adoptaron las medidas necesarias para solucionar la situación de pérdida de bienestar fetal con el fin de finalizar del parto y evitar un sufrimiento fetal irreversible.

La primera sentencia condenatoria la dictó un juzgado de lo Penal de Ciudad Real en 2019, y fue recurrida tanto por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), como por sus aseguradoras. Esto retrasó la indemnización casi tres años, hasta que la Audiencia Provincial ha condenado a la matrona, P. A. M., y al ginecólogo, T. A. J., como autores de un delito de lesiones por imprudencia profesional “menos grave”, y a la pena de nueve meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros.

Tanto la Sescam como las aseguradoras Mapfre y Zúrich fueron condenadas como responsables civiles subsidiarios y llegaron a un acuerdo con la acusación particular para evitar que el asunto llegase al Tribunal Supremo. El resultado es la mayor indemnización de la historia de las negligencias médicas en España: 2,6 millones de euros en concepto de indemnización principal, más 2,3 millones de intereses y capitalización de la pensión anual, lo que unido a las costas del procedimiento, aún por tasar, alcanzarán una cantidad de 5,2 millones de euros.

Semejante importe sin precedentes se consigue al baremar todos los gastos en los que puede incurrir la familia, tanto pasados como futuros, de cuidados, adaptación de la vivienda y tratamientos. Hasta que Paula cumplió los seis años era atendida por un centro de atención temprana. “Pero a partir de esa edad, la administración se desentiende. En Educación nos dijeron que era competencia de Sanidad, y ahí que no prestaban ese servicio”, asegura Ascensión.

Pedían un fisioterapeuta a domicilio para practicar los ejercicios de respiración que su hija necesita y que se tuvieron que pagar ellos con el único sueldo de su marido, de 1.200 euros mensuales. “Tampoco teníamos a nadie que nos ayudase, que no puede ser cualquier persona, ya que son cuidados especiales que requieren aspirar las flemas, que puede suceder una vez cada cuatro horas, si está bien, pero varias veces en una sola hora si se encuentra peor; administrarle sus medicamentos, alimentarla por la sonda”, enumera Ascensión.

Hasta ahora, toda la familia ha colaborado con estos cuidados, incluyendo la abuela, que tiene 70 años. “Cada vez puede menos, porque es muy difícil moverla; no solo porque crece, sino porque tiene las caderas luxadas, malformaciones en las rodillas, las manos, los pies, problemas de espalda”, continúa.

El dinero que ya les ha llegado les servirá para sufragar todos estos cuidados. “La gente ve cinco millones y les parece mucho, pero ya querría yo la salud de sus hijos y que se llevasen esos cinco millones”.

Carmen Flores, que ha asesorado a la familia desde su asociación, cree que el dinero es muy necesario, pero pide que la justicia vaya más allá con este tipo de casos: “Debería haber una inhabilitación aparejada a la indemnización. Quien hace un destrozo como este tiene que recibir una sanción equitativa. No quiero ver a un médico en la cárcel, pero sí quiero que no vuelva a destrozar la vida de otro ser humano”.