La comisión de Igualdad decide hoy sobre la autodeterminación de género en la ‘ley trans’

El 27 de junio de este año, la llamada ley trans salió del Consejo de Ministros. Es decir, había consenso dentro de los socios de Gobierno sobre el texto que iba a llegar al Congreso, incluido uno de los ejes de la norma: la libre autodeterminación de género, que una persona pueda cambiar su nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad. Sin embargo, en una cascada de debates, tensiones y fuertes discusiones que se han precipitado desde entonces, ese consenso dejó de existir y el PSOE decidió a finales de octubre virar y presentar una serie de enmiendas que tocaban aquello que dijeron que no tocarían: la autodeterminación. Quieren hacer un cambio en el proyecto de ley para los menores: mientras que la actual redacción permite el cambio registral entre los 12 y los 14 con aval judicial, entre los 14 y los 16 con consentimiento de padres, madres o representantes legales, y libre a partir de los 16, las socialistas quieren que todos, entre los 12 y los 16, requieran de ese paso por el juzgado. Esa cuestión, que ha provocado un incendio permanente dentro de la coalición y una dura fractura en el movimiento feminista, será una de las cuestiones que se decidan esta tarde en la comisión de Igualdad.

A partir de las 16.00, se votarán las enmiendas de los distintos grupos para acordar el texto que irá al pleno del Congreso, previsiblemente, antes de que acabe el año. El objetivo, y hasta ahora la previsión del Gobierno, es llegar a 2023 con la ley aprobada en la Cámara baja, aunque el margen de tiempo es ya mínimo antes del parón político por las vacaciones de Navidad y el acuerdo hasta la mañana de este lunes sigue en el aire. Ni el PSOE ni Unidas Podemos ha cedido hasta ahora: las socialistas quieren que se aprueben sus modificaciones y Podemos que la norma salga adelante “sin ningún recorte”.

Sin resolver la disensión entre los socios de Gobierno, el trámite legislativo podría quedar varado de forma indefinida. Aunque desde Podemos confían en conseguir convencer al PSOE de que el texto vaya al Congreso sin pasos atrás. Y lo intentarán hasta “el final”, es decir, hasta el pleno; porque si hoy el PP no apoya en comisión el cambio sobre la autodeterminación de las socialistas, esa enmienda seguirá “viva” hasta el pleno y habría que volver a votarla allí, y si hoy se acepta, aún habría tiempo de introducir una enmienda transaccional antes de su llegada a la Cámara baja.

Violencia intragénero y reversibilidad

La autodeterminación de género, aunque supone el gran escollo, no es el único. Entre las enmiendas presentadas por las socialistas hay otras dos que en principio no cuentan con el apoyo del bloque de izquierdas.

Una es no equiparar la violencia intragénero con la violencia machista en el texto. El proyecto de ley actual tiene un artículo específico, el 65, de “Medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar y frente a la violencia intragénero”, la que se da en las relaciones afectivas o sexuales entre personas del mismo sexo y/o género. Ese artículo establece una equivalencia con las de violencia machista, otorgándoles los mismos derechos laborales y de Seguridad Social, algo que según las socialistas supone perder la especificidad de la violencia machista, para la que se creó la ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La enmienda socialista propone eliminar el término “violencia intragénero”, para que el artículo sea “Medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar”, otorgando a las víctimas de violencia intragénero los mismos derechos que a las víctimas de violencia doméstica (la ejercida contra o entre hijos, abuelos u otros familiares o personas que convivan en el mismo hogar).

El otro cambio, aún sin acuerdo, que propone el PSOE es sobre la reversibilidad, es decir, volver a recuperar el sexo anterior a la autodeterminación. El texto actual establece que el primer cambio y el siguiente no requieran nada más que la voluntad, pero que, si hay ya un tercero, sea a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria, un paso judicial que consiste en ir al Juzgado de Primera Instancia (sin necesidad de letrados o procuradores), presentar una solicitud en la que se manifiesta que se quiere revertir la rectificación registral que se había hecho antes con “los medios de prueba” que se deseen.

A partir de ahí, una vez admitida a trámite la solicitud, el juzgado citará a comparecer al solicitante, “y, en su caso, a sus representantes legales, a las demás personas que estime oportuno, así como al Ministerio Fiscal” y después, resolverá sobre “la concesión o denegación de la aprobación judicial, considerando en todo caso, si el solicitante fuera persona menor de edad, el interés superior del menor”.

Además de esas enmiendas, el PSOE presentó otras 12, todas de ampliación de derechos del colectivo LGTBIQ. Como lo son todas las que presentaron Unidas Podemos y otros nueve grupos parlamentarios (ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PDeCAT, PNV, Más País, Compromis y Coalición Canaria). Entre ellas, incluir la atención a las personas trans en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud —algo que ya ocurre de facto a través de las legislaciones de 15 comunidades autónomas, pero que daría un paraguas nacional—; o reforzar el apartado sobre las terapias de conversión, en el que añaden como infracción administrativa muy grave “la negativa” a retirar cualquier contenido empleado que las promocione y sumar en el apartado de sanciones la posibilidad de cerrar no solo establecimientos (espacios físicos), sino “plataformas digitales”.

En total, más de una veintena de enmiendas que se votarán la tarde de este lunes en una sesión que se prevé “larga”, según fuentes del Ejecutivo, y que deberá cerrar un texto que ha provocado la mayor tormenta interna de los últimos años: en el PSOE, del que la histórica diputada madrileña Carla Antonelli acabó marchándose por este motivo hace mes y medio, entre los socios de coalición, y en el movimiento feminista.