Podemos y los socios minoritarios proponen incluir la atención a las personas trans en la cartera básica de servicios de salud

Incluir la atención a las personas trans en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, esa es una de las 11 enmiendas a la llamada ley trans que Unidas Podemos y otros nueve grupos parlamentarios (ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PDeCAT, PNV, Más País, Compromis y Coalición Canaria) han registrado este miércoles en el Congreso, el último día para que los partidos pudieran hacerlo. Esta propuesta es algo que en realidad ya ocurre de facto a través de las legislaciones de 15 comunidades autónomas, pero que daría un paraguas nacional. “[Desde el Sistema Nacional de Salud] se velará porque la atención a las personas trans se incluya en la cartera básica de servicios, cubriéndose los distintos tratamientos necesarios relacionados con los procesos de transición’', dice el texto de la enmienda.

Además de esa modificación, está también incluir a las personas no binarias en la normativa —que quedaron fuera del documento inicial—; que todo el texto incluya “identidad sexual o de género” y no solo sexual; o medidas que permitan omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales de las personas que lo soliciten.

La justificación de todas esas modificaciones que Unidas Podemos ha pactado con los habituales socios de Gobierno es una “mejora técnica”. Y, aunque son efectivamente cambios técnicos, tienen un claro trasfondo político. Lo que proponen va en la línea que ya Unidas Podemos ha avisado varias veces desde septiembre —cuando el debate en torno a la ley se fue recrudeciendo después de que comenzara a tramitarse por vía de urgencia—, que la normativa no tendrá ningún “recorte” y solo se tocará para “ampliar derechos”. Razón por la que los socios de investidura han pedido al PSOE que “retire” las enmiendas que presentaron este pasado lunes.

En los cambios que quieren las socialistas, entre otras cuestiones y aunque aseguraron la pasada anterior que no se haría, está tocar finalmente la libre autodeterminación de género: en los menores. Proponen que entre los 12 y los 16 años, para hacer el cambio en el Registro, se requiera aval judicial; algo que el proyecto de ley actual recoge para los de 12 a 14 exclusivamente, y entre los 14 y los 16 lo permite con autorización parental y, si esta no existiese, con intermediación judicial.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, volvió a marcar posición este miércoles en los pasillos del Congreso en su posición: “Nos vamos a dejar la piel para que la ley trans salga adelante, estoy muy preocupada, y así se lo he transmitido al PSOE, con esas enmiendas que afectan al corazón de la ley y que incumplen su compromiso de no tocar la libre determinación de la identidad de género. Vamos a trabajar con la mayoría feminista del Congreso para intentar que la ley salga antes de que acabe el año y sin un solo recorte en derechos, tampoco para las infancias”.

Así, Podemos junto a los otros nueve grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas en ese sentido. Modifican la denominación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) a Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), que es su nombre oficial y que recoge todas las identidades; incluyen en el apartado de protección internacional para aquellas personas que la soliciten el respeto a su identidad; que los menores en el ámbito educativo que ya hayan efectuado el cambio en el Registro Civil sean tratados con “el sexo y/o género con el que se identifica”; o que para las personas intersexuales, al nacer, los progenitores tengan la posibilidad de dejar en blanco la mención del sexo y hasta 10 años para hacerla.

También proponen reforzar el apartado sobre las terapias de conversión, en el que añaden como infracción administrativa muy grave “la negativa a la retirada de contenidos, materiales, menajes o cualquier otra información empleada para la práctica, promoción, difusión o publicidad de las mismas”; suman en el apartado de sanciones la posibilidad de cerrar no solo establecimientos (espacios físicos), sino “plataformas digitales” y “la obligación de publicar y difundir por el mismo medio y con análoga publicidad una declaración y una retracción” cuando se publique información “falsa” y la obligación de “facilitar la información veraz existente”.

Además de ese paquete conjunto, grupos como PNV o Bildu han presentado sus propias propuestas. En el caso de PNV, 27 enmiendas técnicas, de modificación de términos o añadidos; y en el de Bildu, 17 que recogen en gran parte las conjuntas con el resto de partidos, otras técnicas y una relativa a la Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas se encarguen de “recuperar y difundir la memoria de las personas y del movimiento LGTBI”.

Desde el bloque de las derechas, también han llegado propuestas de modificación este miércoles. Ciudadanos, alineado en esta cuestión con parte de la izquierda, ha presentado 17 cambios entre los que también propone tocar la autodeterminación de género, con el siguiente párrafo: “En el supuesto de solicitudes por parte de personas menores de edad no emancipadas, se informará de esta a sus representantes legales y se garantizará, en todo caso, la madurez suficiente de la persona solicitante y que su voluntad manifestada es meditada, firme y reiterada”. Y para cuando haya intervención judicial, plantean que “la autoridad judicial” informe “a la persona menor de edad de las consecuencias personales, sociales y jurídicas de dicha decisión, estudiarán de forma pormenorizada la situación familiar de la persona menor de edad y comprobarán, a lo largo del proceso descrito su grado de madurez”.

Por último, el PP, que ya hizo una enmienda a la totalidad para tumbar el texto, ha registrado ahora 84 propuestas que, han explicado en un comunicado, parten de “dos premisas fundamentales”. Por un lado, “la protección de los menores de edad, que deben contar con el respaldo familiar y médico para tomar la mejor decisión en relación a su posible disforia de género” y “el rechazo a la denominada en la ley “autodeterminación de género” que supone la introducción de nuevos conceptos indeterminados que provocan inseguridad jurídica”. Dos premisas que van en sentido contrario al objetivo de la normativa, que es despatologizar y adecuar a los mandatos internacionales en cuanto a los derechos humanos los trámites en el Registro Civil y otros ámbitos de las personas trans, y teniendo en cuenta que el término disforia de género no está avalado por la ciencia y la OMS lo sacó de su listado de enfermedades en 2018.