Las enmiendas socialistas a la ‘ley trans’ despejan el camino a una tramitación exprés aún salpicada de incógnitas

Esta recta final de año está siendo la más convulsa para la conocida como ley trans. Y aún no ha acabado. El plazo para presentar enmiendas, prorrogado por un acuerdo entre el PP y el PSOE la pasada semana, se cierra el próximo miércoles. En principio, y aparentemente, no se ampliará más; pero nada puede quedar descartado en los vaivenes de una normativa que lleva meses provocando cismas: en el movimiento feminista, entre la coalición de Gobierno, entre amigos en la calle, en las redes sociales, e incluso entre los profesionales sanitarios que se ocupan de las unidades de género —y aunque la ley nada dice sobre ello—. Pero sobre todo, dentro del PSOE, donde el choque ha sido más que duro. De este partido partió este viernes el último de los movimientos, con las enmiendas que registrarán el próximo lunes, a las que tuvo acceso este periódico, y que rectifican su propio discurso de la pasada semana, cuando aseguraron que no se tocaría la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar el sexo y el nombre en el Registro Civil con su sola voluntad.

El texto actual de las enmiendas propone que entre los 12 y los 16 años se requiera aval judicial. Algo que el proyecto actual recoge para los de 12 a 14 exclusivamente, y entre los 14 y los 16 lo permite con autorización parental y, si esta no existiese, con intermediación judicial. A última hora de la tarde de este viernes, el partido socialista mandó una comunicación explicando este cambio: “Se estima necesario reforzar las garantías para el tramo de 14 a 16 años, ya que, tal como plantea el CGPJ [el informe que el Consejo General del Poder Judicial hizo para esta ley] en su conclusión vigesimonovena: ‘El planteamiento del anteproyecto, al legitimar a los mayores de catorce años y menores de dieciséis para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales, no resulta adecuado para proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada”.

Además de ese cambio, hay otros dos complejos entre las 17 enmiendas socialistas. Uno es la eliminación del concepto de violencia intragénero, la que se da en las relaciones afectivas o sexuales entre personas del mismo sexo y/o género. El proyecto de ley actual equipara esta con la violencia machista al otorgar a las víctimas de una y otra violencia los mismos derechos laborales y sociales; el PSOE quiere modificar la parte del articulado que hace referencia a eso porque entiende que supone perder la especificidad de la violencia machista, para la que se creó la ley de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La otra cuestión sería la de la reversibilidad, es decir, cómo es el proceso para aquellas personas que deseen revertir el cambio registral de sexo. En el proyecto de ley, pasados seis meses desde la inscripción en el Registro Civil para la autodeterminación, la recuperación del sexo que figuraba antes no necesita más que otra visita al Registro para volver a cambiarlo; a partir del tercer cambio, hará falta una aprobación judicial. Las socialistas proponen que ya ese segundo cambio requiera el paso por el juzgado.

Estas, las socialistas, son solo algunas de las enmiendas a la ley trans, sobre las que el Ministerio de Igualdad no quiso pronunciarse. “Podremos valorar las enmiendas cuando se presenten, el 2 de noviembre”, respondió un portavoz este viernes por la tarde. Pero no es el único partido que las ha hecho o las hará.

El PP y Vox presentaron las suyas, a la totalidad, es decir, para tumbar el texto, algo que el Congreso no aprobó. La argumentación de la ultraderecha para tumbar la norma fue que supone “una batería de medidas de adoctrinamiento e ingeniería social que resultan incompatibles con la libertad de pensamiento y educación”. Mientras, en la exposición de motivos del Partido Popular, muy cercana al argumentario de la parte del feminismo contraria al proyecto, se encuentra el no reconocimiento del derecho: “Las personas no tienen un derecho generalizado a declararse del sexo opuesto ni de un tercer sexo”.

Ya dentro del periodo de enmiendas al articulado, posterior al de enmiendas a la totalidad, el primer partido en registrarlas ha sido Más País. Lo hizo la mañana de este viernes para proponer la inclusión de las terapias de conversión en el Código Penal con penas de cárcel a quienes las practiquen. Mediante un nuevo artículo, el 174 bis, la formación redacta que aquel que “dolosamente infligiera, practicara, llevara a cabo o realizare Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género” a otra persona, sea castigada con la pena de prisión “de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses”. Establece, además, que se castigue con la misma pena a quienes remitan a una persona a estas terapias, “la fuercen a recibir” una de ellas o “consientan” su práctica “en un entorno bajo su supervisión donde podrían impedirla”.

Tras el registro de la de Más País este viernes y las socialistas el próximo lunes, quedarán las del resto de partidos. Entre ellos, el PNV confirma que presentará, y aunque no concreta el contenido, sí aclara que no será sobre la autodeterminación de género, con la que recuerdan que ya dijeron que no tenían ningún problema. Y desde Unidas Podemos explican que están en conversaciones con colectivos, tanto desde el Ministerio de Igualdad como desde el grupo parlamentario; y no descartan presentar también cambios a la norma, que, aseguran, cumplirán dos premisas: “Ninguna merma del texto original y las modificaciones que haya serán para avanzar en derechos”.

Ahora, queda esperar a saber si el plazo de enmiendas vuelve a prorrogarse —algo que, aunque habitual en las tramitaciones legislativas, en este caso ha sido visto por Podemos como un “retraso innecesario” para los derechos de las personas trans—, qué cambios proponen los distintos grupos y cómo será el debate de esas enmiendas en la ponencia de la que debe salir la ley.

Irene Montero, ministra de Igualdad, ya dijo esta pasada semana que propondría al PSOE y al resto de grupos parlamentarios “un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia el 18 de noviembre para garantizar que no hay más retrasos en el debate parlamentario y puede estar aprobada, sin retrocesos en derechos, antes de que acabe el año”. Una propuesta que fue vista por fuentes socialistas con sorpresa, por poner fechas desde el Ejecutivo al Legislativo, ya que puede ser entendida como una señal de presión. El Ministerio de Igualdad, igualmente, insiste. Lo hizo por última vez este viernes por la tarde: “Lo más urgente es cerrar un calendario de tramitación que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a finales de año”.