Interior responsabiliza a la Guardia Civil de no proteger a la víctima de un crimen machista e indemniza a sus hijos

El Ministerio del Interior responsabiliza a la Guardia Civil de no haber aplicado medidas de auxilio y protección para evitar el asesinato de Lucía Patrascu a manos de su marido el 29 de mayo de 2016 en la localidad mallorquina de Pollença. En una resolución administrativa, Interior indemniza a los dos hijos de la víctima con un total de 80.000 euros, al apreciar un funcionamiento “anormal” de los servicios públicos en el tratamiento y asistencia a la mujer.

“Reviste suficiente entidad como para apreciar que de haberse adoptado las medidas de protección cabría haber evitado el suceso”, concluye la resolución firmada por el secretario general técnico del Ministerio, José Antonio Puigserver. Pocas horas antes de ser asesinada, a las seis de la mañana del 29 de mayo de 2016, Lucía Patrascu acudió al puesto de la Guardia Civil de Pollença por el temor que tenía a su marido, que según afirmó, le acosaba y perseguía. Sin embargo, tras hablar con los cinco agentes que había en el cuartel y con los miembros de la patrulla ciudadana que a esa hora cambiaban el turno en el exterior de las dependencias, su denuncia no fue en ningún momento recogida por escrito.

Tras hacerla esperar casi cinco horas en las dependencias policiales, Patrascu fue invitada a marcharse del lugar sin que se activara en ningún momento el protocolo VIOGEN de protección a las víctimas de violencia machista. Al regresar a su casa, pasadas las once de la mañana, fue asesinada a cuchilladas por su marido, Ioan Ciotau, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma a 22 años de prisión.

Durante la investigación se siguieron diligencias penales contra cinco agentes de la Guardia Civil por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y denegación de auxilio, pero las actuaciones fueron sobreseídas y posteriormente archivadas. Los dos hijos de Patrascu consideran que la actuación de la Guardia Civil resultó anómala y creían que, de haberse activado los protocolos de protección, quizás no se habría producido el asesinato de su madre. Los hijos de la víctima reclamaron, a través de su abogado Antoni Monserrat, una indemnización al Gobierno por los daños y perjuicios soportados como consecuencia del asesinato de su progenitora.

Ahora, el Ministerio del Interior les ha dado la razón al constatar que no se adoptaron las medidas de auxilio y de protección estipuladas y que, en este caso concreto, “pudieron muy probablemente” haber evitado el fatal desenlace. La resolución del Ministerio se basa, principalmente, en las conclusiones de un informe sobre el caso reclamado por Interior al Consejo de Estado que analizó el caso de forma pormenorizada. Este documento relata que no se recogieron las manifestaciones de la víctima en forma de denuncia, información que ya había sido trasladada a otros agentes que se encontraban en un coche en la calle de forma verbal.

“De las imágenes recogidas del cuartel se desprende que la atención recibida a la víctima se produjo en la sala de espera, estando ella de pie, sin que en ningún momento se le hiciera pasar a una dependencia para que, de manera tranquila y sosegada y dedicándole el tiempo necesario, pudiera sincerarse y explicar pormenorizadamente y con todo lujo de detalles los motivos de su comparecencia en las dependencias a esas horas intempestivas y la razón por la que se mostraba sentirse asustada y temerosa de que su marido le pudiera llegar a causar algún mal”, recoge el texto.

El informe del Consejo de Estado recopiló, a su vez, varios atestados elaborados por distintos estamentos implicados. En uno de ellos, el capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la zona de Baleares destaca que “no estaba claro” por qué la víctima abandonó las dependencias policiales sin formular denuncia, puesto que el atestado no recogía su testimonio ni el de ningún testigo directo que no fueran los agentes. Sin embargo, alude al testimonio de un testigo indirecto conocido, el de una vecina que en su momento declaró haber visto a la víctima al volver del cuartel y le trasladó que había ido temprano a denunciar a su marido, pero que no le había sido posible “porque le habían dicho que si no tenía golpes ni le había pegado no podían hacer nada” y que su intención era marcharse de la isla porque no podía vivir así.

Este capitán indica que lo procedente en este caso habría sido recoger la denuncia y seguir los protocolos, llevando a la mujer a las dependencias adecuadas, elaborando la denuncia, reflejando su relato e instruyendo un atestado poniendo en marcha el dispositivo correspondiente. El informe del Consejo de Estado concluye que el modo de proceder no se corresponde con un “estándar adecuado” de funcionamiento de los servicios policiales.

“La víctima no fue atendida de forma debida, ni se le permitió dar cuenta de su relato en los términos y el lugar adecuado, ni fue atendida por un especialista en violencia de género, tal como recomiendan los propios protocolos y procedimientos de actuación aplicables que aconsejan en estos casos un trato personalizado y la toma de declaración de la víctima en el momento del conocimiento de los hechos”, detalla el documento.

La resolución del Ministerio del Interior subraya que el análisis de la actuación de la Guardia Civil estima que se han incumplido “los deberes positivos” de actuación para “prevenir, detectar, aminorar o detener” los riesgos de la violencia de género. A pesar de todo, la resolución de Interior no otorga los 240.000 euros reclamados por los hijos de la víctima al considerar que la muerte de su madre se deriva de “una concurrencia de causas” de las que algunas son imputables a la Administración y otras ajenas a ella, “lo que implica ponderar la gravedad de cada una” para distribuir las responsabilidades económicas.

Por eso, tomando como referencia los 100.000 euros de indemnización que el asesino fue condenado a pagar a los dos hijos de la víctima, el Ministerio estipula que debe indemnizar a los hijos de Patrascu con 40.000 euros a cada uno. El Consejo de Estado hace en su informe una última consideración y recuerda a la Administración “la importancia” de extremar el rigor y la diligencia ante episodios similares, valorando adecuadamente las situaciones de riesgo: “El Consejo no puede dejar de llamar la atención sobre la necesidad de reforzar los medios de formación de los profesionales encargados de la asistencia a las víctimas relacionadas con la violencia de género”.