La derogación del aborto en Estados Unidos deja a los médicos en un limbo legal

El 29 de junio, cinco días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara la protección federal del derecho al aborto, a Emily Diament, encinta de su segunda hija, le tocaba la revisión de la vigésima semana. Todo marchaba bien en un embarazo que “no podía ser más deseado”. Lo recordará siempre: era miércoles, a las dos de la tarde, cuando el médico les dijo que el corazón del feto había dejado de latir. “Fue terrible. En ese momento, Ram [su marido] y yo tuvimos que pensar: ¿En qué lugar nos deja ahora el fallo del Supremo?”. “Todo era nuevo”, añade en un correo electrónico esta relaciones públicas de 33 años: “un panorama plagado de incógnitas y de miedos”.

El ginecólogo les expuso las alternativas. La primera, la “inducción”, era la menos segura; consiste, básicamente, en dar a luz al bebé muerto. La segunda, más confiable y menos onerosa para ella, pasaba por someterse a una operación de D&E, siglas de “dilatación y evacuación”. “El proceso es también más rápido”, dice Diament. La pareja optó por la segunda.

Ambos viven en Nueva Orleans, “la mejor ciudad del mundo”, como le gusta definirla a ella. La sentencia del Supremo, que tumbó el precedente de medio siglo fijado en 1973 por el fallo Roe contra Wade, devolvió a los Estados la capacidad para regular sobre la salud reproductiva de las mujeres (el primero en aprobar una norma específica fue, este viernes, Indiana). Los legisladores del de Diament, Luisiana, esperaban ansiosos ese momento con una “ley gatillo”, lista para entrar en vigor desde 2006. Tres días después del fallo, un juez bloqueó la activación de esa norma, una de las más restrictivas del país. Fue solo un espejismo: el 8 de julio el aborto quedó proscrito en Luisiana incluso para los casos de violación e incesto. Y así sigue: tras varias idas y venidas en los juzgados, la prohibición resiste, pendiente de nuevas batallas legales.

Entre las restricciones que contempla la ley está el veto a la D&E salvo si la vida de la madre esté en peligro o que el bebé ya haya fallecido. El caso de Diament entraba en los supuestos permitidos, pero la desgracia la convenció de que debía contar su historia. “Tras pasar por ese proceso y hablar con varios médicos sobre sus preocupaciones”, explica, “supe que esto me sucedió en este momento exacto por una razón”.

Bhavik Kumar es uno de esos médicos consternados a los que las nuevas normas han empujado a un limbo legal. Pasa consulta en una clínica de la mayor proveedora de abortos de Estados Unidos, Planned Parenthood, en Houston, Texas, otro de los epicentros del tsunami restrictivo que azota Estados Unidos. Explica que una “inducción” puede durar “desde una hasta 12 o 24 horas”, conlleva más riesgos (”los mismos que un parto”) y genera más gastos de hospital, en un país en el que estos pueden llevar a la ruina a los pacientes con menos dinero. Algunas, con todo, lo prefieren, porque “el bebé sale intacto, y pueden establecer un vínculo con él”, añade Kumar. Con la D&E, para la que se emplean fórceps, las madres no ven el cuerpo sin vida.

Conversación entre médico y paciente

Y eso es todo lo que pide Kumar: que la cosa se resuelva en una conversación entre médico y paciente, “sin interferencias políticas”. “Desde que entró en vigor la ley [en Texas], los únicos casos en los que nos está permitido intervenir después de las seis semanas es si la vida de la persona está en peligro, o si no quedan dudas de que el embarazo es inviable”, advierte.

A Kumar, como a muchos de sus compañeros de profesión, la idea de “vida en peligro” le plantea dudas. “No es un concepto precisamente científico”, aclara. “Cada médico, cada sala de emergencias, cada clínica o cada hospital puede tener su propia teoría de lo que eso significa. Ahora, en lugar de estudiar los datos y hablar con las pacientes para decidir qué es lo mejor, médicos, hospitales y clínicas tienen que consultar con abogados, comités de ética o administradores sobre lo que pueden y no pueden hacer. Mientras, ellas también permanecen en el limbo”. Las cautelas parecen justificadas: tanto Texas como Luisiana amenazan con penas de cárcel de entre 10 y 15 años a quienes practiquen abortos fuera de los supuestos permitidos.

Una ginecóloga definió así los nuevos dilemas de su ejercicio durante una entrevista con EL PAÍS celebrada en un centro de salud reproductiva de Des Moines (Iowa): “Es terrible”, lamentó la facultativa, que pidió hablar desde el anonimato. “Nos hacen escoger entre el juramento hipocrático [y el famoso “No hagas daño”] y el código penal”.

Esta semana, el fiscal general Merrick Garland decidió tomar cartas en este asunto con una demanda del Departamento de Justicia contra una nueva ley de Idaho que, cuando entre en vigor a final de mes, permitirá a la fiscalía “acusar, arrestar y enjuiciar a un doctor simplemente demostrando que se ha practicado un aborto, sin tener en cuenta las circunstancias”. La norma endosa así a los médicos la carga de la prueba (es decir, demostrar si la vida de la mujer estaba en peligro o no, por ejemplo, o si hubo incesto o violación, en los casos en que la ley contemple esas excepciones). Según Garland, que avisó de que sería la primera de una serie de acciones judiciales de la Administración de Biden para mitigar los efectos de las nuevas leyes estatales, esa provisión entra en conflicto con una norma de ámbito federal, la Ley de Trabajo y Tratamiento de los Médicos de Urgencias.

“Las D&E requieren una capacitación de la que muchos médicos carecen”, explica Diament. “Con las nuevas leyes, es probable que haya facultativos que prefieran no aprender la técnica para evitarse sus posibles consecuencias. No es ya que no tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos, es que los médicos tampoco pueden velar por nuestra salud. Esto no es proteger la vida, sino todo lo contrario. Es completamente surrealista”. “No hay que olvidar que estamos ante casos en los que los embarazos son absolutamente deseados. Primero tienen que encajar una terrible noticia, y luego les hacen pasar por un proceso que para muchas es muy traumático, y que a las pocas semanas tienen que revivir cuando les llega la factura del hospital”, argumenta desde Nueva York Gabriela Benazar Acosta, portavoz de Planned Parenthood Latino.

Kumar avisa, por su parte, de que “la medicina es una ciencia con vastas áreas grises, por más que esos legisladores se empeñen en lo contrario”. “Nadie mejor que los médicos, en un diálogo empático con los pacientes y sus familias, puede saber en cada caso concreto cuál es la mejor manera de actuar”.

Estos días están emergiendo en Estados Unidos historias como las de Diament (”las ha habido siempre”, afirma Kumar, “pero ahora está el foco puesto sobre ellas”). Relatos de mujeres a las que los hospitales mandan a casa con instrucciones de volver cuando empeoren y estén sangrando “de verdad” (“Y eso, incluso cuando está claro que la cosa no tiene vuelta atrás”, advierte el médico). O de una paciente en Texas que rompió aguas en la decimoctava semana y le sugirieron quedarse ingresada hasta la vigesimocuarta para mantenerla embarazada hasta entonces, que es cuando se fija el comienzo de la “viabilidad” fuera del útero. Tal vez así, el bebé podría sobrevivir (las opciones, según dijo a NPR Alan Peaceman, profesor de medicina materno-fetal en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, en Chicago, son “lo más cercano a cero en lo que respecta a la medicina”).

“Todo eso hace que algunas tengan que viajar a otros Estados porque no quieren esperar a enfermar más aún”, añade Kumar. Desde que el Supremo tumbó Roe, la clase y la raza son dos factores que sobrevuelan más que antes el debate sobre la salud reproductiva en Estados Unidos. Con esta oleada regresiva, que llega después de medio siglo en el que las mujeres dieron por hecha una protección que ahora se les niega, comenzó un éxodo de pacientes de sus lugares de origen a Estados en los que sí les practican un aborto, lo cual ha creado una brecha, otra brecha, entre las que se pueden permitir tomarse los días de vacaciones, a menudo no remuneradas, de sus trabajos y pagarse el viaje y la intervención, y aquellas a las que sencillamente no les alcanza. En el caso de los abortos espontáneos, inevitables en entre un 10% y un 20% de los embarazos, esa diferente posición en la rueda de la fortuna social puede llegar a ser, si las cosas se complican, mortal.