El Defensor del Pueblo solicita a EL PAÍS los datos de la investigación sobre la pederastia en la Iglesia

El Defensor del Pueblo ha solicitado oficialmente a EL PAÍS acceso a los casos de pederastia en la Iglesia Católica que el diario haya verificado durante su investigación periodística desde 2018 con el fin de incorporar ese material a la elaboración del informe que el Congreso de los Diputados le encargó hace tres meses. Entre los datos solicitados se encuentra también el segundo informe, con 244 casos de abusos, que este diario entregó esta semana al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). “De esta forma, y siempre desde el máximo respeto a las víctimas, a la privacidad de sus datos y a su voluntad, le agradecería que, en la medida de lo posible, nos facilite la información de que dispongan, singularmente de casos verificados, así como cualquier otra, de naturaleza analógica, digital, base de datos, etc., que considere relevante para los trabajos que hemos de acometer”, figura en una carta entregada a la directora de EL PAÍS, Pepa Bueno, y firmada por el titular del organismo, Ángel Gabilondo. El defensor también ha pedido que se le facilite el primer informe con 251 casos inéditos que EL PAÍS entregó al papa Francisco el 2 de diciembre de 2021, durante el viaje del Pontífice a Grecia, y días después al presidente de la CEE. EL PAÍS ha comunicado al defensor que colaborará con la investigación; proporcionará toda la información publicada y se pone a su disposición para facilitar el contacto con las víctimas cuando estas lo deseen.

Es la primera vez que una institución solicita oficialmente a un medio de comunicación información sobre el escándalo de abusos en el seno de la Iglesia y “establecer contacto” para conocer en profundidad el trabajo que han realizado sobre dicho tema. “Tengo la convicción de que la experiencia [de los redactores] puede ser valiosísima para los trabajos de la comisión asesora que vamos a constituir”, precisa Gabilondo. En octubre de 2018, EL PAÍS puso en marcha un trabajo de indagación periodística sobre los abusos en la Iglesia española. Desde entonces, el número de casos que han salido a la luz han pasado de 34 a 840, y las víctimas ya alcanzan las 1.594, según los datos contabilizados por este diario a falta de cifras oficiales en su base de datos. Asimismo, EL PAÍS abrió un buzón al que han escrito más de 1.000 personas para denunciar un caso de abusos cometido por un clérigo.

“Agradezco vivamente la labor que el diario EL PAÍS ha venido desarrollando en relación con las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica, que ha sido elemento decisivo y factor determinante para situar esta cuestión en el debate público y social, con incidencia en las decisiones promovidas institucionalmente”, añade en su carta el Defensor. El escándalo, la movilización social y el trabajo de los medios de comunicación llevó a los políticos a meter en su agenda el problema que, finalmente, desembocó en que el Congreso encomendase el pasado marzo al Defensor del Pueblo una investigación sobre el asunto. En paralelo, los obispos españoles encargaron al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo una auditoría para obtener una radiografía sobre estos delitos en su seno, su encubrimiento y las formas para reparar a los afectados.

Tres meses después del encargo del Congreso, el Defensor comparecerá este lunes por la tarde en sede parlamentaria para “dar cuenta” del estado de la investigación sobre la pederastia en la Iglesia. De momento, no ha concretado quienes formarán parte del equipo que ejecutará la investigación ni tampoco cuándo comenzarán los trabajos. No obstante, fuentes del proceso ya informaron a este diario cuáles serán las líneas maestras: una oficina para atender a víctimas fuera de la sede oficial de la institución para garantizar su privacidad (el defensor ya tiene acordado el alquiler del local) y la creación de varias vías para que las víctimas y las personas que aporten información puedan ponerse en contacto con los investigadores (la principal será un buzón electrónico).

Otra de las claves será la división del trabajo en dos equipos. Uno será una unidad integrada por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas. Todas ellas tendrán experiencia en este tipo de entrevistas. El otro será una comisión asesora, formada por entre 15 y 20 expertos de diversos ámbitos: psicólogos, victimólogos, historiadores, juristas, expertos en derecho canónico, informáticos... Se encargará de recopilar los testimonios recogidos, valorarlos y analizarlos, con el objetivo de elaborar un informe que refleje la dimensión real del problema de los abusos en la Iglesia y su encubrimiento. Ambos grupos de trabajo, matizan fuentes de la institución, serán flexibles y el número de los integrantes podrá variar conforme avancen los trabajos, incorporando perfiles que eventualmente vayan necesitándose.

Si conoce algún caso que no ha sido denunciado puede hacérnoslo llegar a través de la dirección de correo abusos@elpais.es