El Defensor del Pueblo abrirá un buzón electrónico y una oficina para atender a las víctimas de abusos en la Iglesia

El Defensor del Pueblo ya tiene definidas las líneas maestras de su hoja de ruta sobre la investigación de la pederastia en la Iglesia dos meses después de ser encomendada por el Congreso de los Diputados, según han adelantado a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso. Ya tienen acordado el alquiler de un piso en Madrid donde, a partir de mediados de junio, se abrirá una oficina dedicada a la escucha de las víctimas. Se ha elegido un inmueble fuera de la sede oficial de la institución para garantizar la privacidad y la tranquilidad del proceso. El Defensor abrirá varias vías para que las víctimas y las personas que aporten información puedan ponerse en contacto con los investigadores. La principal será un buzón electrónico, accesible desde la página web del Defensor del Pueblo.

El trabajo se dividirá en dos equipos. Uno será una unidad integrada por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas. Todas ellas tendrán experiencia en este tipo de entrevistas. El otro será una comisión asesora, formada por entre 15 y 20 expertos de diversos ámbitos: psicólogos, victimólogos, historiadores, juristas, expertos en derecho canónico, informáticos... Se encargará de recopilar los testimonios recogidos, valorarlos y analizarlos, con el objetivo de elaborar un informe que refleje la dimensión real del problema de los abusos en la Iglesia y su encubrimiento. Ambos grupos de trabajo, matizan las mismas fuentes, serán flexibles y el número de los integrantes podrá variar conforme avancen los trabajos, incorporando perfiles que eventualmente vayan necesitándose.

La Fiscalía General de Estado envió este martes un informe al Defensor del Pueblo en el que analizaba el problema de la pederastia en la Iglesia y consideraba que su presencia en la comisión es “esencial”, ya que aportaría los criterios jurídicos oportunos para buscar una respuesta eficaz. Por lo que es posible que uno de los integrantes de la comisión asesora sea un representante de la Fiscalía. “El ministerio fiscal formaría parte de esa comisión no en calidad de acusador público ni para determinar hechos concretos, sino para proteger a la víctima y promover los mecanismos necesarios para que reciba la asistencia necesaria”, explica en el escrito el ministerio público.

Los trabajos no tienen una fecha concreta de finalización, aunque el Defensor del Pueblo puede realizar comparecencias en la comisión mixta de Congreso y Senado para ir informando sobre sus avances. En principio, también prevé presentar un informe en 2023, antes de que acabe la legislatura, para resumir lo investigado hasta ese momento, aunque el trabajo proseguirá hasta que sea necesario. El cargo del Defensor del Pueblo no culmina con la legislatura, sino que fue elegido el pasado noviembre por un periodo de cinco años.

Contar con cierta amplitud de tiempo es fundamental, indican la mayoría de los expertos consultados por este diario, para que una investigación de estas características sea adecuada, especialmente si tiene como uno de sus objetivos entrevistar a todas las víctimas que lo deseen. “Si se va a escuchar a víctimas y se van a investigar los archivos de la Iglesia, no es un trabajo que se pueda hacer en un año. En otros países, como en Francia, han tardado unos tres”, explicó en EL PAÍS el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Tamarit, especialista en abusos. Los trabajos se costearán con financiación del remanente del Congreso de los Diputados.

El informe final de la comisión del Defensor del Pueblo será remitido al Congreso, que es la institución que lo ha encargado. Sus objetivos básicos son determinar los hechos, establecer formas de reparación, que pueden explorar las posibilidades de la responsabilidad civil, y sugerir propuestas de actuación y recomendaciones de cambios legales para mejorar la atención de las instituciones hacia este problema. Gabilondo advirtió en marzo en la comisión mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo: “No se trata de formar un tribunal, ni de hacer un juicio, ni por tanto hace falta que haya abogados defensores, basta que haya personas que vayan a la búsqueda de los hechos y de los derechos”.

Uno de los temas clave de la investigación será la relación entre el Defensor del Pueblo y la Iglesia. Gabilondo afirmó hace dos meses que esperaba contar con representantes de la Iglesia en su equipo. “Creo que es mejor que estén para poder colaborar en aclarar [lo sucedido]”, dijo. La Iglesia se ha negado a ello, aunque ha asegurado que colaborará con la comisión oficial. Este punto es importante, ya que la Iglesia nunca ha hecho públicos los casos que conoce, ni las indemnizaciones que ha pagado en los procesos canónicos y civiles, en estos últimos como responsable subsidiaria. Datos esenciales para conocer la dimensión total del problema. No obstante, la mayoría de los casos no se conocen porque muchas víctimas nunca lo han contado.

Hasta ahora han salido a la luz al menos 637 casos y 1.307 víctimas de pederastia clerical, según la contabilidad que lleva este diario a falta de datos oficiales. En marzo, la Iglesia hizo pública por primera vez una cifra de denuncias recibidas a través de sus oficinas para la atención de víctimas, puestas en marcha hace dos años por orden del papa Francisco: 506, sin precisar el número de afectados, abusadores, ni fecha ni lugar de los hechos. Estos datos están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos. En un país como Francia (67 millones de habitantes, 20 millones más que España), el informe de la comisión de investigación estima que al menos 216.000 menores fueron agredidos sexualmente por religiosos desde 1950.

Si conoce algún caso que no ha sido denunciado puede hacérnoslo llegar a través de la dirección de correo abusos@elpais.es