Las incógnitas de la comisión del Defensor del Pueblo, tres meses después

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Tres meses han pasado desde que el Congreso de los Diputados confiase al Defensor del Pueblo la investigación de la pederastia en la Iglesia católica y varios interrogantes aún siguen abiertos sobre ella: ¿Los obispos colaborarán activamente para aportar documentos y ser entrevistados para admitir, en el caso de que así sea, su responsabilidad? ¿Qué tiempo considerará necesario el defensor para elaborar un informe competente? y, lo más importante, ¿se realizará un estudio sociológico como en Francia para conocer una radiografía amplia del problema o solo se cuantificará el número de afectados que logre contabilizar el defensor a través de sus canales y los casos publicados en los medios de comunicación?

Por el momento, el titular del organismo, Ángel Gabilondo, aún no ha concretado nada oficialmente, salvo que se formará una comisión de expertos para ello. Tampoco cuándo empezará a funcionar. No obstante, fuentes del proceso ya informaron a finales de mayo a este diario de su hoja de ruta: habrá dos equipos de trabajo (uno exclusivo para atender a los afectados), una oficina para las víctimas —fuera de la sede oficial de la institución para garantizar su privacidad— y habilitarán varios canales de contacto, el principal de los cuales será un buzón electrónico.

La primera incógnita se cierne sobre esto último: ¿confiarán las víctimas en esta comisión y usarán esos canales para contar su historia? En otros países, como Francia y Australia, el relato de las víctimas sobre los abusos que sufrieron, el encubrimiento del delito que padecieron y sus peticiones de reparación fueron la base en la que se cimentaron sus investigaciones. Más allá de engrosar miles de páginas en informes [más de 2.500 páginas contenía el informe francés, nueve volúmenes, el irlandés y 15 el de Australia], sus historias permitieron la elaboración de un análisis cualitativo del problema. El primer paso para que esto se repita en España, señalan los expertos, es promocionar la comisión para llegar al mayor número de personas posibles y ofreciendo garantías de que serán bien tratadas. Gemma Varona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, profesora de Política Criminal y Victimología en la Universidad del País Vasco, señala que “debe haber anuncios en los que se transmita confianza” y que “es fundamental que [las víctimas] sepan qué va a pasar cuando se pongan en contacto con la comisión, cada parte del proceso”. La confianza, pues, es el oxígeno para que la verdad prenda a través de dichas comisiones.

Conocer la magnitud del problema va más allá de atender y cuantificar al máximo número de víctimas y agresores, principalmente por las complejidades que conlleva para muchas de ellas contar lo sucedido. Del mismo modo, muchas nunca lo hicieron, y definir una radiografía pasa por el análisis estadístico. Para llegar a la dimensión del problema, señalan expertos como Josep Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya, es necesario utilizar todas las herramientas y métodos científicos posibles, como empleó la comisión francesa, que elaboró un informe a través de una encuesta donde se estimó que al menos 216.000 franceses fueron víctimas de la pederastia clerical desde mediados del siglo pasado.

Las opiniones de las asociaciones españolas sobre la comisión de Gabilondo, hasta ahora, han diferido entre sí. La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), presidida por el diputado socialista Juan Cuatrecasas, defiende la iniciativa del defensor, más que por tratarse de una entidad ajena a la institución religiosa, “porque es la persona que ha recibido el apoyo de prácticamente todos los grupos políticos del Parlamento”, matiza Ana Cuevas, representante de ANIR y madre de la víctima del caso del colegio Gaztelueta, Bizkaia, regido por el Opus Dei. En el otro extremo se encuentra Mans Petites, dirigida por Manuel Barbero, padre de una víctima en un colegio religioso de Barcelona y primero en denunciar el escándalo de abusos de los maristas de Cataluña, que adelanta que no participará en el proceso impulsado por el Congreso: “No es [el mejor] mecanismo, ni las formas, ni la persona”, dice Barbero, que apunta con el dedo: “La Iglesia debería estar dentro. Pero como el PSOE va a la suya, pasa lo que pasa. Portazo en la cara”.

La actitud que tomará la jerarquía eclesiástica en la investigación del defensor es la otra incógnita importante. Gabilondo manifestó el pasado 18 de marzo que quería que la Iglesia formase parte de su equipo: “Creo que es mejor que estén para poder colaborar en aclarar [lo sucedido]”. Tras varias declaraciones ambiguas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) contestó con una negativa, porque consideraban que no podían ser juez y parte, pero también como un mensaje de disconformidad. Pese a no participar, el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, ha mostrado un discurso claro sobre lo que harán los obispos españoles: “Colaborar en todo lo que nos pidan”. Una afirmación que el secretario de la misma entidad, el obispo Luis Argüello, siempre ha matizado con la condición de “en el marco de la legislación vigente”. Paralelamente, el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo —bufete al que los obispos españoles le han encargado una auditoria sobre la pederastia en la Iglesia en las últimas décadas— se ha mostrado abierto a cooperar.

Tanto el acceso a los archivos eclesiásticos como a las declaraciones de los posibles responsables —obispos, superiores de órdenes, miembros del clero, etcétera— son fundamentales para recabar datos y corroborar las denuncias que le lleguen al defensor. “Todas las congregaciones guardan registros, informes, sobre lo que sucede en los centros”, aseguró esta semana Sean Ryan, el juez que dirigió la investigación de la pederastia en Irlanda, en una entrevista a EL PAÍS. En ella, revelaba que su equipo, “al tener el poder de la ley y los tribunales”, tenía potestad para llamar a declarar a testigos y acceso a los documentos. Opción que, si Gabilondo no tiene, añadió, le resultará “muy complicado” elaborar un informe. “El defensor tendrá que buscar una forma para llamar a declarar a los responsables de los abusos en el clero”, subrayó

Es este punto donde Miguel Hurtado, víctima que destapó los abusos en la abadía de Montserrat (Barcelona), percibe el talón de Aquiles del defensor: no tener la fuerza legal para obligar a los prelados a cooperar. “La Iglesia no va a colaborar. No hay que ser adivino”, dice. La asociación a la que pertenece, la Plataforma Tolerancia 0, integrada por varias víctimas como el escritor Alejandro Palomas o la fundación Vicki Bernadet, apuesta por la creación de una comisión dirigida por el Estado con poderes coercitivos que pueda obligar a los obispos a declarar lo que saben.

La realidad es que las diócesis —que son independientes y no están relegadas a la dirección de la CEE— y las órdenes religiosas no están obligadas a abrir sus archivos ante una comisión del defensor, ni tampoco a entregar los datos de los casos que han conocido o juzgado en sus propios tribunales. Un derecho recogido en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979: “El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas”.

La duración de los trabajos es la última pregunta abierta. Expertos como Varona y Tamarit estiman que escuchar a víctimas y elaborar un estudio amplio sobre ello es una tarea para la que no bastará un solo año —como ha establecido la comisión paralela de Cremades—. En Francia los trabajos se alargaron tres años y en Irlanda casi una década. Conocer si la entrega del informe del defensor tendrá una fecha límite permitirá estimar el posible alcance de este. Aunque Gabilondo no ha dado una fecha, fuentes del proceso señalaron a este diario que prevé presentar un informe en 2023, antes de que acabe la legislatura, como resumen de lo investigado hasta ese momento y que los trabajos seguirán hasta que sea necesario. El cargo del Defensor del Pueblo no culmina con la legislatura, sino que fue elegido el pasado noviembre por un periodo de cinco años. No obstante, la llegada de las próximas elecciones generales y un posible cambio de Gobierno puede suponer también un cambio de escenario.