Los altos precios quiebran las ollas comunes que alimentan a 250.000 personas en Lima

La alimentación diaria de unas 250.000 personas en pobreza o abandono en Lima depende de unas 2.400 ollas comunes autogestionarias, que reaparecieron en 2020 debido a la masiva pérdida de empleos por la cuarentena de la covid-19 y una caída de la economía de 11 puntos, el peor retroceso en 30 años. Las redes comunitarias para combatir el hambre dependen de las donaciones de alimentos -del Estado o privados- y de la recuperación de perecibles que los mercados desechan. Ante el alza del gas y de los precios de alimentos, muchas están cerrando, dejando en el hambre a miles de personas que no tienen otra opción para alimentarse, reporta la Red de Ollas Comunes de Lima.

La presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Quesada, reveló en una conferencia de prensa que desde diciembre no reciben donaciones del programa de alimentación escolar que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Además, el presupuesto del Gobierno para los insumos para esos colectivos autogestionarios es de 14 millones de dólares que, precisa Quesada, solo alcanzan para un mes.

Según el ministerio, en Perú existen unas 2.900 ollas comunes, de las cuales más de 2.400 operan en la capital. Sin embargo, las líderes de las organizaciones comunales aseguran que muchas están cerrando por falta de insumos y es necesario actualizar el número real. En las ollas comunes, un promedio de 10 a 20 mujeres se organizan para buscar donaciones de insumos o en efectivo, recuperar alimentos en los mercados, cocinar, distribuir el menú en la comunidad a un precio simbólico, y con ese dinero comprar el gas o los ingredientes que les faltan.

“Aquí no existe el pollo desde que subió el año pasado, máximo compramos el espinazo y lo cocinamos como picante o con estofado, con eso adornamos el plato. ¿Huevos? Solo si llegan por medio de una donación”, explica Reyna Franco, tesorera de la olla Mujeres Unidas ubicada en la asociación de vivienda Andy y su Pueblo en la periferia norte de Lima. Franco sabe que lo que cocinan no nutre suficiente. “Somos conscientes de que no es la alimentación que debería de ser. Desde el año pasado el plato consiste en legumbres (frijoles o lentejas) con arroz y una papa cocida; y desde hace casi tres meses no podemos comprar gas porque está muy caro: cocinamos con leña”, explica la tesorera.

Mujeres Unidas prepara alimentos cada día para 35 familias y cobra 0.25 centavos de dólar por el plato de almuerzo. En el primer año de la pandemia, las ollas de Lima preparaban desayuno y almuerzo, pero desde 2021 la mayoría cocina solo al mediodía, por la escasez. Los precios del menú llegan hasta 1.25 centavos de dólar, dependiendo de la olla, y casi todas entregan raciones de solidaridad a madres solteras, ancianos en abandono o personas con discapacidad. A ellos les llaman “casos sociales”.

En otro distrito de Lima Norte, San Martín de Porres, tres mujeres han tenido que desalojar una capilla que les prestaron para la olla común Cerro La Milla al inicio de la pandemia. “Necesitan el espacio para las misas presenciales que están volviendo, pero además la parroquia ya no puede donar alimentos”, explica Rosmery Ricalde, preocupada por el hambre de niños y adultos mayores vulnerables que dependen de la olla común. “La necesidad existe, y hemos estado entregando alimentos a algunas familias sin costo alguno. En todo este tiempo nunca hemos comido carne (de res), pollo o pescado, sino menestras (legumbres) como chícharos secos, agua de hierbas y rara vez un huevo frito”, describe Ricalde, quien asistió el viernes pasado a la conferencia de prensa de la Red de Ollas Comunes en Lima Norte.

La dirigente cuenta que desde que empezaron con la olla han tenido que subir el precio del plato porque ya no alcanzaba para comprar y seguir preparando. “Hay demasiada necesidad en mi parroquia. Como sea, vamos a empezar de nuevo con la olla”, asegura. Otra de las dirigentes de la misma olla común, María Salazar, comenta que a raíz de la pandemia muchas personas a quienes les dio covid-19 o perdieron a sus familiares que los mantenían económicamente no están en condición de trabajar, por ello dependen de estas redes comunales para sobrevivir. “Nosotras también tenemos casos especiales de familias a quienes no les cobramos el menú: son niños con discapacidad o mamás con problemas de salud mental. No todos tenemos un trabajo porque se nos han cerrado las puertas. La alimentación y la salud mental han sido muy afectadas en estos años, pero además, han subido la luz, la leña, el gas”, añade Salazar, de 47 años.

El pasado jueves, miles de mujeres de las ollas comunes y las personas que se alimentan en ellas iban a marchar por el centro de Lima para pedir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que retome la entrega de alimentos y busque una vía para que las municipalidades distritales no condicionen políticamente la distribución de víveres a la ollas. En la víspera, uno de los viceministros del sector entregó a las dirigentes un cronograma de distribución de alimentos en algunos distritos a partir de mayo, así que la Red ha dado una tregua de 15 días al Gobierno, informó Quesada en América Televisión.

La presidenta de la organización explicó además que una ley aprobada al inicio de la pandemia obstaculiza que reciban alimentos de las municipalidades, pues señala que deben donar a “personas vulnerables” y no hay obligación de que los entreguen a las ollas. Por ello buscan la modificación de la ley. Igualmente, requieren una norma que las autorice a recuperar los alimentos que desechan los mercados. La concejal de la Municipalidad de Lima, Jessica Huamán, dijo a este diario que, en la reunión del miércoles con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha quedado pendiente el incremento del presupuesto anual para las ollas comunes, pues depende del Ministerio de Economía y Finanzas.

Si el monto no aumenta en las próximas semanas, las mujeres de las ollas se manifestarán ante ese ministerio. Huamán, quien es nutricionista, señala que en este último año las personas que comen de las ollas comunes están en la tercera escala -de un total de cuatro- de la inseguridad alimentaria, es decir: disminuyen la cantidad de raciones por día y el tamaño de la porción que comen. En una conferencia con la prensa extranjera, el exministro de Economía Pedro Francke apuntó que las exoneraciones de impuestos a los combustibles y alimentos de primera necesidad, aprobadas este mes, no van a expresarse en el precio final que pagan los consumidores. Además, precisó que el 40% de la canasta de consumo de las personas pobres es alimentos, y en marzo los precios de esos productos subieron un 10% respecto del año anterior.

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