La ambigüedad calculada de la Iglesia española con la investigación de la pederastia

En el reciente encuentro de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE), formada por los cardenales Juan José Omella, Carlos Osoro y monseñor Luis Argüello, en el Vaticano, el Papa les ha pedido expresamente que pongan en el centro de su atención a las víctimas de la pederastia y las acompañen.

No ha sido esa la actitud de los obispos españoles en el pasado y quizá no lo sea en el futuro a la vista de los pasos que están dando. La primera desviación del acompañamiento a las víctimas ha sido encargar la auditoría externa al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, cuyo presidente es miembro del Opus Dei, organización católica que no ha colaborado en la investigación de la pederastia en sus colegios, sino todo lo contrario: ha encubierto a los pederastas y persiste en defender la inocencia del abusador de un adolescente en el colegio Gaztelueta condenado en sentencia firme. ¿Puede llamarse externa una auditoria sellada por la alianza entre el Opus Dei y la cúpula de la CEE a través de la firma del presidente de la CEE y del presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo en la sede de este con un gran despliegue mediático?

Una prueba contundente del error de dicha firma y del correspondiente encargo de investigar los casos de pederastia en la Iglesia católica es la negativa de las asociaciones de víctimas a colaborar con Cremades & Calvo Sotelo, ya que, a su juicio, dicha auditoría está viciada de raíz y carece de empatía con las víctimas. Las Asociaciones de Víctimas en la Iglesia Navarra (AVIPIN) y la Asociación Infancia Robada (ANIR) han negado rotundamente que haya habido reunión alguna entre ambas asociaciones y el despacho de abogados elegido por la CEE. La plataforma Tolerancia 0 ha renunciado a participar tanto con la auditoría episcopal de Cremades & Calvo Sotelo como con el Defensor del Pueblo. En este caso, lo mismo que en todos aquellos en los que las personas y los grupos humanos sufren atentados graves contra su dignidad, la autoridad es la de las víctimas. Su juicio es inapelable. A ninguna otra autoridad puede apelarse para buscar atajos que relativicen sus sufrimientos, impidan la búsqueda de la verdad y eviten la reparación.

Una investigación sobre tamaños crímenes, que han conducido a algunas de las víctimas hasta el suicidio, no puede iniciarse ni desarrollarse con rigor, compasión y sensibilidad, sin la colaboración, e incluso con la oposición, de las víctimas. Es tal el grado de rechazo a dejar en manos de Cremades & Calvo Sotelo la investigación sobre la pederastia en el seno de la Iglesia católica que las asociaciones han pedido a la CEE que rescinda el acuerdo y busque otras vías que demuestren la voluntad de llegar hasta el final.

No parece, empero, que tal negativa preocupe a la jerarquía, ya que, preguntado por el rechazo y desconfianza de las asociaciones de víctimas, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, lo ha relativizado alegando que “la mayoría de las víctimas no están asociadas”. Lo que demuestra Argüello, primero minusvalorando el número de pederastas y de agresiones sexuales, después negándose a la creación de una comisión de investigación y ahora quitando importancia a la negativa de las asociaciones de víctimas a colaborar con su auditoría, es su falta de seriedad y empatía en el tratamiento del problema y su insensibilidad ante el sufrimiento de las víctimas.

A esto cabe añadir su desdén hacia la investigación del Defensor del Pueblo —aprobada en el Congreso de los Diputados por todo el arco parlamentario, a excepción de Vox—, a la que ha calificado de “objetivamente incompleta e injusta”, y su relativización de la pederastia en el seno de la Iglesia pues “en este momento —ha afirmado— la grave problemática de los abusos de la sociedad española no está en el ámbito eclesial”.

Hay que valorar positivamente el encuentro del cardenal Omella con las víctimas y el profundo impacto que, según confesión propia, han causado en él sus dramáticos testimonios. Sin embargo, en la entrevista del diario EL PAÍS (8 de abril de 2022) se aprecia una manifiesta ambigüedad en cuanto a la apertura de los archivos y a otras cuestiones de trascendental importancia, como la de investigar a los obispos acusados de encubrir o silenciar abusos que conocieron durante su ministerio y la indemnización de las víctimas.

“Hemos sido un poco lentos y no nos dimos cuenta de algunas cosas”, afirma Omella en la entrevista. ¿”Un poco lentos” cuando han tardado décadas en reaccionar? ¿Son “algunas cosas” las numerosas agresiones sexuales contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes indefensos, que el papa Francisco ha calificado de verdaderos crímenes? ¿No está atenuando la gravedad de dichos crímenes cuando afirma que “la actitud de hoy ante los abusos es muy diferente a la de hace décadas”? ¿No demuestra desdén hacia las víctimas seguir confiando en la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo cuando ellas han mostrado su desconfianza y rechazo y se niegan a colaborar? ¿Qué investigación puede llevarse a cabo y cuál será su fiabilidad si estas desconfían y se niegan a colaborar? “Es de sabios saber rectificar”, dice Omella. Lleva razón. Está a tiempo de demostrarlo cambiando de rumbo.

Juan José Tamayo es teólogo de la liberación y director y coautor de Religión, género y violencia (Dykinson, 2019, 2ª ed.)