Las denuncias por violencia machista comienzan a volver a los niveles anteriores a la pandemia

Desde 2013 y hasta 2019, el número de denuncias por violencia machista en España creció cada año. Esa subida, obviamente negativa, tiene un matiz al que siempre han apuntado las expertas: que aunque es imposible saber con certeza si la violencia aumenta, o son las denuncias las que crecen, o ambas en distintas proporciones, en cualquier caso esas acusaciones —que suponen la identificación y la visibilización de la violencia— eran cada vez más. Y ese matiz es importante, y positivo, en la erradicación de este problema de salud pública. Con la pandemia, sin embargo, esa tendencia se rompió: en 2020 hubo 150.785 denuncias, casi 18.000 menos que en el año anterior. Ahora, el informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los datos de 2021, publicado este viernes, refleja de nuevo una subida, con 162.848, aunque no alcanza la cifra de hace tres, cuatro o cinco años. Esto, que a priori parece una buena noticia, ¿lo es realmente? ¿Ha disminuido la violencia o es todavía consecuencia de la pandemia? Las expertas se decantan por lo segundo.

El año en el que llegó la covid supuso un trastocamiento de la estadística, los tres meses de confinamiento estricto alteraron las cifras de la violencia machista y, mientras que los asesinatos cayeron a mínimos históricos para ese periodo y bajaron las denuncias, subieron las llamadas al 016. Entonces, los expertos del Poder Judicial consideraron que el mayor control de los agresores respecto a las víctimas en la cuarentena y la dificultad de movimientos en parejas no convivientes explicaban la reducción de crímenes.

Ahora, con ese nuevo aumento de cifras sin alcanzar los niveles prepandemia, dice la magistrada y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas Lucía Avilés que habría que analizar distintas aristas: “Por ejemplo, si existe correlación entre la precarización laboral y económica de la pandemia para las mujeres y cómo afecta a la posibilidad de salir del círculo de la violencia; o si la violencia de control, que fue una de las que vimos aumentar en pandemia, no se ha denunciado porque su propio funcionamiento hace que a las víctimas les cueste más identificarla como violencia”.

Gloria Poyatos, directora de Europa, África del Norte y Oriente Medio de la International Association of Women Judges (IAWJ), señala en la misma dirección financiera. Dice que, aunque “no es fácil dar respuesta, en esa disminución de denuncias también puede influir la situación de crisis actual arrastrada por la pandemia”, ya que “los ERTE en los que se encuentran muchas personas todavía o, en su caso, desempleo tras extinguir el contrato laboral, de facto supone alargar los efectos de la pandemia”. Así, añade, hay “mayor control por los maltratadores desde los hogares hacia las víctimas, que se ven más presionadas para denunciar y salir de la espiral. La crisis también puede afectar a las víctimas directamente, ante la pérdida del trabajo pierden la independencia y la seguridad económica”.

El propio CGPJ explica en el comunicado que “la tendencia al alza observada en los principales marcadores de la violencia machista desde el levantamiento del estado de alarma por la crisis sanitaria se ha mantenido de forma sostenida a partir del segundo trimestre de 2021, lo que ha supuesto volver a cifras anuales similares a las de 2019″. Es decir, que los números apuntan a una recuperación de la normalidad anterior a la crisis sanitaria. Y eso, como en la serie histórica, es un evidente indicador negativo, pero con ese matiz positivo que significa sacar la violencia del ámbito privado. Y en ese sentido, hay una cifra que ni siquiera el virus trastocó, el descenso de las renuncias a declarar contra el agresor.

La tasa de mujeres que se acogen a la dispensa volvió a descender en 2021: fueron 17.077 en 2019 (10,58 por cada 100 mujeres víctimas de violencia machista), 14.932 en 2020 (10,25 por cada 100) y 15.720 el pasado año (9,86); algo a lo que se siguen acogiendo más las mujeres extranjeras (5.389, un 12% sobre del total de víctimas), que las españolas (9.331, el 8,76%).

También el porcentaje de víctimas que denunciaron directamente en el juzgado o a través de atestados policiales creció: el año pasado lo hizo el 73,08%, respecto al 72% en 2019. Las denuncias por intervención directa de la policía se situaron en el 13,72 % de los casos, mientras que el número de denuncias presentadas por familiares de la víctima sigue siendo muy bajo, un 1,56 % del total, lo que supone un descenso respecto al último año antes de la pandemia, cuando las denuncias presentadas por familiares ya eran también casi anecdóticas, el 2,5%.

La jurista María Durán, directora del Instituto Balear de la Mujer y socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cree que “las mujeres acuden cada vez con más conocimientos a los procedimientos judiciales” y que cada vez “hay más recursos [judiciales], por ejemplo, para cesar la convivencia”. Pero también opina que “todavía, según qué instituciones, no inspiran la confianza que deberían inspirar”.

Al haber menos denuncias, hay también oficialmente menos víctimas que antes de la pandemia (159.352 en 2021 frente a las 161.378 de 2019). La tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 66 en toda España, pero la estadística muestra una gran desigualdad entre comunidades autónomas. Por encima de la media se situaron como en los años anteriores Baleares (103), Murcia (88,9), Comunidad Valenciana (86,6) y Canarias (81,6); mientras que las tasas más bajas se dieron de nuevo en Castilla y León (42,6) y Galicia (44,5).

Cada vez menos condenas absolutorias

También crecieron en 2021 las condenas a los agresores: en 2021, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en casos de violencia de género fue del 75,62%, lo que supone un nuevo máximo histórico. En 2020 las sentencias condenatorias fueron el 73,01% del total y en 2019, el 70,54%. Del otro lado, significa que cada vez hay menos condenas absolutorias, lo que, afirman las expertas, tiene que ver con una creciente sensibilización y perspectiva de género en los tribunales. Aunque, también aquí la jurista Durán hace un matiz: “Todavía no es algo extendido, y depende, porque en esto sí que hay mucha subjetividad”.

Explica que “hay una generación de jueces y juezas que sí se están esforzando para incorporar la perspectiva de género”, sin embargo afirma que también “hay muchos que desconocen” el concepto o cómo aplicarlo: “A veces no son capaces de despojarse de los prejuicios de género, no tienen en cuenta esa perspectiva a la hora de aplicar el tipo penal y a la hora de valorar las pruebas todavía imperan pautas machistas”. En cualquier caso, confía en que se produzca el cambio, aunque sea lento, y en que hay cuestiones en las que ya se percibe el avance.

Entre ellas, las cifras sobre las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, que reflejan las modificaciones legales introducidas en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que establece que en los casos de violencia de género con orden de protección para la madre, el juez debe suspender el régimen de visitas de los hijos o no concederlo. Así, durante 2021, los órganos judiciales adoptaron 2.008 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 137% más que en 2020 (847). Solo en el último trimestre del año pasado, el incremento superó el 400%, con 836 casos.

Sobre esta cuestión, Ángeles Carmona, la directora del Observatorio, apunta en el comunicado que los datos “ponen de manifiesto la mayor protección de la que gozan los hijos e hijas de las víctimas de la violencia machista tras la entrada en vigor, el pasado año, de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”. Recuerda que 2021 “fue especialmente duro en lo que se refiere al número de menores asesinados, que ascendió a siete, más del doble que en 2020 y en 2019, años en los que fueron tres”.

Los datos que desde 2003 recaba el Observatorio “no han dejado de poner en evidencia que la ruptura de la relación de pareja, e incluso el mero anuncio por parte de la mujer de su intención de separarse, es un factor que aumenta el riesgo para las víctimas de la violencia de género y para sus hijos e hijas”. Por eso, Carmona valora “de forma muy positiva” el aumento en las suspensiones del régimen de visitas.