Sanidad solo contará los casos graves y vulnerables de covid en una transición a un sistema de vigilancia como el de la gripe

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se preparan para dar un giro a la vigilancia de la covid que lleva vigente más de dos años. El plan, aprobado en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud sobre Vigilancia en Salud Pública, celebrado este jueves, prevé iniciar un periodo de transición en el que ya no se contará cada contagio: se pondrá el foco únicamente en los ámbitos vulnerables y los casos graves. Esto desembocará en una vigilancia de tipo centinela, como la que se maneja en la gripe, que comenzará antes del fin del primer trimestre de 2023.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha anunciado este acuerdo al salir de la reunión celebrada en Zaragoza, no ha concretado cuándo empezará esta transición. Lo tendrán que estudiar la semana que viene los expertos de la Ponencia de Alertas, que trasladarán una propuesta a la Comisión de Salud Pública. Darias ha asegurado que el sistema de transición será “capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general” y permitirá “la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal”.

En la cita de este jueves, el ministerio y las consejerías de Sanidad tenían que abordar un cambio de estrategia que llevaba meses gestándose. A medida que la vacunación ha avanzado y que el virus se ha ido haciendo menos letal, los técnicos han ido viendo menos sentido en mantener la vigilancia exhaustiva vigente, que incluye la notificación y publicación de cada contagio.

Darias ya anunció la semana pasada que a partir de la próxima solo se publicarán dos informes semanales de datos, aunque la vigilancia se mantendrá. Eso dará paso, cuando la Ponencia de Alertas lo determine, a dejar directamente de contarlos, para terminar en un sistema centinela, como ya había adelantado en enero EL PAÍS. Se trata de una red de médicos de atención primaria y otra en hospitales que atienden a una muestra representativa de la población y que son los únicos que reportan los casos. A partir de ahí, se hace una extrapolación y se calcula la incidencia total. Esta red vigilará de forma conjunta covid, gripe y virus sincitial. Pero esto no llegará hasta principios de 2023.

Antes, el periodo de transición también conllevará, de manera inevitable, una forma distinta de abordar la enfermedad. Es de esperar que cuando se cambie el sistema de vigilancia, las autoridades sanitarias no recomienden a la ciudadanía hacerse pruebas diagnósticas a no ser que los síntomas se compliquen. Y, si no hay un diagnóstico exhaustivo, tampoco podrá haber aislamiento de las personas asintomáticas o con signos muy leves de covid. Es una realidad en la que ya están instalados países como el Reino Unido.

Lo que ha explicado Darias es que la vigilancia individualizada se limitará a ámbitos vulnerables (como pueden ser los centros sociosanitarios) y para casos graves (previsiblemente, los que requieran hospitalización). Además, continuará el seguimiento de brotes epidémicos “en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés”. Se mantendrán también los sistemas de información que se han desarrollado específicamente para la covid, como puede ser la red de laboratorios Serlab, “ante el riesgo de cambios negativos en el curso de la pandemia”.

Sanidad está en contacto con el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) para ir de la mano del resto de países en estos cambios. Pero, según indican fuentes del departamento, España no va a esperar a que todos los gobiernos vecinos den el paso, que ven como inminente, a pesar de que la caída de la incidencia acumulada parece estancarse. Según el informe diario de Sanidad, este jueves se ha situado en 429,71 casos por 100.000 habitantes a 14 días, apenas un punto menos que el miércoles.

A pesar de ello, Darias ha asegurado que el fin de las mascarillas en interiores, la última gran restricción de la pandemia, está cada vez más cerca. No ha querido concretar fechas porque, según sus palabras, “no solo es importante el cuándo, sino también el cómo; y tenemos que acordar cómo”. Varias comunidades están planteando fórmulas de transición hacia el fin de los cubrebocas, que van desde relajarlas primero en las aulas, como propone Cataluña, a quitarlas en cualquier lugar excepto transportes públicos y centros sanitarios y sociosanitarios, que es lo que quiere Madrid.

Un nuevo paradigma de vigilancia de la salud pública

El cambio de vigilancia acordado en lo que se ha dado en llamar como Declaración de Zaragoza será más profundo: no solo afectará a la covid y enfermedades respiratorias, se trata de un nuevo paradigma que conllevará cambios en los sistemas informáticos y epidemiológicos de Sanidad y las comunidades, que se comprometen a constituir una Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. “Estará integrada por las redes de vigilancia nacionales y de las comunidades y ciudades autónomas, con criterios coordinados de organización, gestión y calidad de la información, así como capacidad de adaptación suficiente para afrontar los retos emergentes y satisfacer las necesidades en constante evolución. Una red que incluya la vigilancia de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, violencia y lesiones, determinantes sociales e inequidades en salud, e integre la información procedente de otros sistemas de vigilancia como farmacovigilancia, salud animal, seguridad alimentaria, sanidad ambiental y otros”, ha asegurado la ministra.

Para implementar una nueva Vigilancia de Salud Pública será también necesaria captación y retención de personal —las plazas en estas oposiciones a menudo se quedan vacantes— y una mejora y coordinación en los sistemas informáticos. Estos han sido dos de los grandes puntos débiles de España a la hora de afrontar la pandemia. Sobre todo en sus primeros compases, lo hizo con insuficientes recursos humanos —en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) eran media docena de funcionarios— y en medio de un caos de datos que hizo imposible durante meses publicar cifras homogéneas y precisas en todo el país.

Cuando se implemente el nuevo sistema, los datos de todas las comunidades serán interoperables para todas las enfermedades, de forma que se podrá conocer de forma ágil la evolución de todo tipo de dolencias, algo que ahora solo se armoniza cada año (con 12 meses de retraso) en los anuarios que publica el ministerio.

Sanidad y las comunidades se comprometen a usar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para fortalecer este nuevo sistema de vigilancia para que pueda estar operativo a principios del año que viene. También para implementar en la Atención Primaria “las soluciones tecnológicas necesarias o la adaptación de las existentes, especialmente de la Historia Clínica Digital” que faciliten la remisión de datos.