Las últimas semanas de la mascarilla obligatoria en interiores

La cuenta atrás para el fin de las mascarillas obligatorias en España ha comenzado. La puso en marcha esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que se eliminarán “muy pronto”, aunque nadie sabe exactamente la fecha en la que el contador llegará a cero. Los expertos en salud pública consultados coinciden en que los niveles de transmisión de covid son todavía demasiado altos para dar el paso, pero asumen que con la caída de la incidencia este momento está cerca, probablemente en la primera parte de la primavera.

Será un nuevo capítulo en la relación de amor-odio que España vive desde hace dos años con las mascarillas. Al comienzo de la pandemia, en parte porque no había suficientes, en parte porque no estaba clara la forma de transmisión del virus, las autoridades sanitarias la descartaron como medida de protección. La tacharon incluso de contraproducente. Con el paso de los meses, según había más disponibilidad y se fueron mostrando eficaces para prevenir contagios, se hicieron primero recomendables; luego obligatorias en transportes públicos y centros de trabajo; poco más tarde, en interiores, hasta llegar a ser imperativas en todo entorno público, abierto o cerrado, en una de las regulaciones más estrictas del mundo. Con el tiempo, la ciudadanía se ha dividido entre los que abrazan esta protección y la llevan incluso en entornos donde no se exige y quienes están deseando quitársela y denuncian que están siendo dañinas, sobre todo para los niños.

A diferencia de lo que ha sucedido con otras restricciones que dependían de las comunidades —desde el pasaporte covid a los aforos en la hostelería—, el uso de las mascarillas está regulado por un Real Decreto que las autonomías tienen que acatar. Será el Gobierno el que decida el momento de dar un nuevo paso adelante. Según Sánchez, lo hará de la mano de lo que digan los técnicos. La última vez que le preguntaron a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, respondió que tomará la decisión de la mano de los consejeros regionales.

Pero esto no es lo que ha sucedido en las últimas decisiones relacionadas con la mascarilla. Cuando la variante ómicron estaba provocando en Navidades una explosión de contagios sin precedentes, el Gobierno decidió volver a hacerlas obligatorias al aire libre, pese a que no era una medida que pidiera la Ponencia de alertas, conformada por técnicos del ministerio y las autonomías. Algunas comunidades sí la reclamaban, pero eran minoría.

El levantamiento de esta restricción se produjo también sin asesoramiento técnico. Un día después de la accidentada votación de la reforma laboral, una filtración a la cadena SER confirmada por la ministra anunciaba el fin de la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre. Fue la misma semana que el Congreso había avalado su imposición por medio de una triquiñuela parlamentaria que metió en el mismo paquete las mascarillas en exteriores y la subida de las pensiones mínimas: los diputados no podían votar en contra de una sin hacerlo de la otra.

Queda por ver si volverá a usar el Gobierno el fin de las mascarillas como una herramienta de comunicación en el momento que le resulte más propicio o lo someterá a cauces más ortodoxos. Esto supondría pasar por la Comisión de Salud Pública, formada por los directores de esta área en las comunidades y en el ministerio y por la propia Ponencia de alertas. Fuentes de este organismo aseguran que no han sido consultadas, así que no están estudiando ahora mismo esa posibilidad desde un punto de vista técnico.

La Generalitat de Cataluña ha hecho una propuesta en este sentido. La idea que el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha expuesto esta semana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es comenzar a retirarla en los colegios empezando por los niños de menor edad, e ir avanzando por cursos durante las próximas semanas. Si el experimento saliera bien y no se disparasen los contagios, se podría generalizar a toda la población en aproximadamente un mes.

Esta es una estrategia similar a la que defiende la Sociedad Española de Pediatría. Uno de los impulsores de la iniciativa, Quique Bassat, explica que sería una buena forma de recuperar la normalidad para los niños, y al mismo tiempo podría servir de banco de pruebas entre un grupo de edad en el que la enfermedad es casi siempre muy leve. Comprobar la evolución de los contagios entre ellos podría servir para tomar la decisión en adultos. “Pero el Gobierno no nos escucha, no parece que vayan por este camino, sino el de levantar la medida para todos a la vez, como han hecho Reino Unido, Dinamarca o Islandia”, lamenta Bassat.

En estos tres países ya no es obligatoria en ningún lado. Otros han optado por levantarla gradualmente, como Holanda, que desde el 25 de febrero solo la impone en transporte público y aeropuertos, aunque el Gobierno aconseja ponérsela en lugares muy concurridos. Francia también ensaya un sistema mixto en el que no es obligatoria en locales cerrados en los que es necesario acceder con el certificado de vacunación, aunque el gobierno galo ha anunciado esta misma semana que eliminará el uso del pasaporte covid el próximo 14 de marzo. Ese mismo día las mascarillas solo serán obligatorias en el transporte público. Italia, Portugal y Alemania mantienen por el momento la imposición de mascarilla en interiores; en este último incluso se recomienda la FFP2 en algunos entornos.

¿Cuál debe ser la incidencia para dar el paso?

Todos los países citados tienen incidencias acumuladas más altas que España, que van desde un 30% más, caso del Reino Unido, hasta multiplicar la tasa casi por 10, como sucede en Dinamarca, según las cifras del repositorio Our World in Data, de la Universidad de Oxford, que hay que tomar con cierta cautela, ya que el conteo no es igual de exhaustivo en todos los países (Dinamarca, en concreto, es particularmente meticulosa).

España no ha eliminado la obligatoriedad de las mascarillas en interiores ni siquiera cuando la incidencia acumulada ha bajado de los 50 casos por 100.000 habitantes, algo que sucedió en verano de 2020 y en otoño de 2021. Pero la ómicron y las vacunas han cambiado las reglas del juego y es poco probable que se mantengan vigentes si se vuelve a esos niveles. El viernes era de 472, y la bajada es cada vez más lenta.

Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública, cree que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en relajar la obligación de mascarilla en interiores con incidencias inferiores a 50 por 100.000: “La cuestión es si se puede hacer antes. En general el debate sanitario y moral en torno a las últimas medidas de protección, aún no bien resuelto, es cuándo levantar unas medidas que ya no son de gran utilidad en la mayoría de la población ni controlan la presión en el sistema sanitario, pero que pueden suponer una mayor exposición y riesgo en los grupos más vulnerables, como los inmunodeprimidos por cualquier causa, entre los que puede haber mayores con mucha comorbilidad, pacientes en tratamiento con inmunosupresores, enfermos oncológicos, etc”.

Antoni Trilla, catedrático de Salud Pública de la Universitat de Barcelona —como también Artalejo—, ve con buenos ojos la desescalada progresiva que proponen los pediatras. “Creo que como mínimo lo que queda de invierno tendremos que seguir con mascarillas. Y luego habría que incidir en que aunque no sean obligatorias, para las personas vulnerables es altamente aconsejable llevarlas. Yo pienso seguir haciéndolo en el autobús y el metro”, zanja.

Porque el fin de las mascarillas obligatorias no impedirá a nadie llevarlas si lo considera oportuno. Las medidas generalizadas a toda la población pasarán a ser recomendaciones a las que tienen más riesgo de complicaciones con la covid.