El Gobierno logra con un truco que el Congreso avale las mascarillas en la calle

El Gobierno rascó de aquí y de allá, lo empaquetó todo y lo mandó al Congreso colocando a los diputados en un dilema: si querían votar contra la obligación de usar mascarillas en la calle, lo tendrían que hacer también contra la actualización de las pensiones. Solo los habituales —la derecha— se atrevieron a llevar su rechazo tan lejos. Los otros habituales, los del Gobierno, permitieron a regañadientes que, a cambio de la paga extraordinaria para los pensionistas, el Parlamento respaldase este martes la controvertida imposición de la mascarilla al aire libre. Situados frente al dilema, el grueso de los aliados habituales del Ejecutivo facilitó con su abstención que el decreto y su variopinto contenido pasasen el examen del Parlamento, aunque con un marcador más bien escuálido: 162 a 153, con 28 engrosando las filas abstencionistas.

Ante una medida que tanta contestación había suscitado, la magia del Gobierno obró un truco, uno de esos decretos leyes que la jerga llama ómnibus, porque tan pronto pueden transportar en las primeras filas medidas contra la covid como colocar en los asientos de atrás la paga para compensar a los pensionistas de la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación. Con la reforma laboral aún levitando ante la votación de mañana, el Ejecutivo no se podía permitir un estreno con derrota de su crucial semana parlamentaria. Y así ideó, para votar en bloque, su original decreto, que incluía también otros medidas apenas cuestionadas: permitir que los sanitarios jubilados contratados de urgencia para la pandemia sigan cobrando su pensión y habilitar los títulos de médicos de países ajenos a la UE.

La triquiñuela gubernamental logró su propósito, aunque al precio de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, soportase un chaparrón que unió a protagonistas tan dispares como el contenido del decreto, de UPN a EH Bildu, de Vox al PNV, de Junts a Ciudadanos. La palabra “chantaje” fue la más repetida, por Ana Pastor (PP), por Sergio Sayas (UPN), por Concep Cañadell (PDeCAT), por Mercedes Jara (Vox) o incluso por la siempre comedida Josune Gorospe (PNV), que definió el decreto como un “popurrí”. La representante del PDeCAT eligió el término “trilerismo” y Xavier Eritjá, de ERC, el de “filibusterismo”.

Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu, habló de “decreto tipo saco” y, tras anunciar la abstención de su grupo, lanzó, muy molesto, un aviso al Gobierno: “De ahora en adelante, no vamos a aceptar este tipo de abusos”. No fue el único de los miembros del bloque de investidura que mostró su enfado con el Ejecutivo. “Los apoyos parlamentarios se consiguen negociando y no retorciendo las tramitaciones”, afeó Inés Sabanés, de Más País-Equo, quien remachó, en una crítica muy repetida entre las filas de la izquierda: “Nos han obligado a votar en el mismo paquete una medida en la que nadie cree”. Solo el PNV, pese a las críticas, dio su respaldo al Gobierno y lo sacó del apuro, porque sin los nacionalistas vascos se habría visto una votación muy apretada.

La ministra Darias estaba sola en el banco azul y allí soportó con la mejor cara que pudo un vapuleo que duró más de una hora. Hasta que en el último momento llegó la socialista Ana Prieto para echarle una mano y recordar que la obligatoriedad de las mascarillas en la calle había sido solicitada por gobiernos regionales del PP como los de Galicia y Andalucía. La ministra de Sanidad había intervenido al principio en defensa de la medida, justificada por la explosión de contagios de la sexta ola y que el Gobierno se propone “modular” cuanto antes. Sin entrar demasiado en la diferencia entre su uso al aire libre o en espacios cerrados, subrayó que los cubrebocas han sido “una de las medidas que más impacto han tenido en el control de la transmisión del virus”.

La mayoría de los grupos descalificó, con burlas incluidas, la eficacia de portar mascarillas al aire libre. La escasa audiencia que había en el hemiciclo pudo asistir hasta a una pequeña performance, protagonizada por Guillermo Díaz, de Ciudadanos, que subió a la tribuna con una herradura para sentenciar: “Podrían recomendar a la gente que fuese por la calle con una herradura de la suerte que tendría el mismo efecto que las mascarillas”.

ERC y PNV se mostraron, en cambio, más comprensivos con una medida que también han defendido los gobiernos que ambos comandan, en Cataluña el primero y en Euskadi el segundo. La popular Ana Pastor tampoco entró de lleno en el asunto de las mascarillas en la vía pública y se centró en criticar los cambios de opinión del Gobierno sobre su uso desde el comienzo de la pandemia, resumidos en una frase: “Ahora me la quito, ahora me la pongo”. Y rechazó que el decreto permita al Gobierno decidir discrecionalmente cuando retira o vuelve a imponer la obligación. En realidad, la exministra de Sanidad con el PP dedicó la mayoría de su tiempo a descalificar la gestión del Gobierno frente a la pandemia, para lo que volvió sobre viejos argumentos como que no se decretase el primer confinamiento en 2020 hasta que pasó el 8 de marzo.

En el debate flameó sobre el hemiciclo la bandera libertaria, enarbolada por Mercedes Jara, de Vox: “Estamos hartos de prohibiciones, dejen de amargarle la vida a la gente”. Vox fue además el único que se opuso a contratar médicos de países extracomunitarios.