España, a las puertas de investigar la pederastia en la Iglesia entre dudas de las víctimas y fricción entre los partidos del Gobierno

Las víctimas de la pederastia en la Iglesia católica llevan años clamando y esperando a que los grupos del Congreso de los Diputados se reúnan para debatir sobre el problema y que tomen una vía activa. Ese momento ha llegado este jueves. La propuesta conjunta del PSOE y el PNV de que el Defensor del Pueblo dirija una comisión de expertos que investigue estos abusos sexuales a menores en templos, colegios y otros espacios eclesiásticos llega a la Cámara baja y, a priori, cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante, después de que los grupos mayoritarios anunciasen este martes en el Parlamento que no se opondrán a ella. Hasta ahora, el PP había rechazado estas iniciativas enfocadas exclusivamente a los delitos cometidos por sacerdotes y religiosos, y por eso su cambio de postura supone un vuelco en el proceso.

Se trata de una línea de salida a la que España llega tarde si se compara con otros países de su entorno, que ya han publicado los resultados de este tipo de investigaciones o se encuentran en una fase avanzada. Y llega con discrepancias, tanto entre las víctimas como entre los partidos del Ejecutivo, que empañan la aprobación de esta iniciativa: las voces críticas advierten de que la propuesta de investigación se queda corta y quienes la apoyan subrayan que, con ella, los afectados serán reparados.

La proposición no de ley que se vota este jueves cuenta con el voto afirmativo de socialistas y nacionalistas vascos, también de Ciudadanos y PDeCAT, y se inclinan por el voto en ese sentido Más País y Compromís. El PP dio la sorpresa este martes, al deslizar que no se opondrá, a falta de decidir el sentido final de su posición. Es un cambio radical respecto a la actitud que mantenían los populares antes del huracán político que descabalgó a Pablo Casado. Con estos mimbres, la propuesta prosperará, sea cual sea el sentido del voto de Unidas Podemos (UP), ERC y EH Bildu, cuyo planteamiento para auditar los abusos mediante una investigación parlamentaria, que dote de poderes a una comisión para reclamar documentación y comparecencias a la Iglesia, fue rechazado el martes en la Junta de Portavoces por socialistas y los partidos de la derecha.

El cambio del PP deja en un lugar muy complicado a UP: si votan a favor, decepcionan a las víctimas disconformes con la propuesta socialista, y si votan en contra, quedan expuestos ante la opinión pública, rechazando una iniciativa que apenas tendrá votos desfavorables en la Cámara baja. La abstención es la opción en la que “más cómodo” se siente UP, afirmó el miércoles a EL PAÍS su presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, y sería su postura más probable en el caso de que los populares decidieran apoyar la iniciativa. No obstante, una portavoz de la formación morada indica que aún no está decidido qué votarán y siguen negociando: “Estamos intentando llegar a un acuerdo”.

UP, ERC y EH Bildu han presentado enmiendas para que, en paralelo a los trabajos del Defensor, se cree una subcomisión parlamentaria que recoja también testimonios de las víctimas. A lo largo de la tarde de este miércoles UP siguió insistiendo durante las conversaciones con los socialistas en la necesidad de que se incluya una comisión, bien parlamentaria o de la verdad, que fuerce a los obispos a declarar y colaborar en ella. “La investigación de los abusos solo puede llevarse a cabo si los eclesiásticos se ven obligados a cooperar”, dijo una portavoz del grupo. Un camino que la Conferencia Episcopal Española no ve con buenos ojos y que su secretario, el prelado Luis Argüello, ha calificado de “trampa saducea”.

Los socialistas también indican que la negociación continúa abierta “al margen de lo que haga el PP”, aunque añaden que no modificarán su proposición no de ley. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue muy claro este martes en su rechazo a la iniciativa: “Sabemos cómo funcionan las comisiones de investigación en esta Cámara. No queremos que esto se convierta en un espectáculo. Aquí se han hecho comisiones de investigación como churros y se han convertido en lo que se han convertido”.

Entre las asociaciones de víctimas hay división de opiniones. El colectivo que defiende claramente el proyecto de PSOE y PNV es Infancia Robada, que cuenta entre sus filas con el diputado socialista Juan Cuatrecasas. En un mensaje remitido a este periódico, una portavoz critica las diferencias de planteamiento: “Pensamos que se trata de una iniciativa que necesita de un gran consenso. Es incomprensible que no esté todo el mundo apoyando a la infancia frente a los abusos de la Iglesia. Este momento es crucial y estamos expectantes a ver qué pasa”.

Una de las voces públicas más críticas con el proyecto socialista es la de Miguel Hurtado, víctima, experto en investigaciones de la pederastia en otros países y autor del informe que sustancia la propuesta de Unidas Podemos. “El PSOE no quiere investigar en profundidad el problema. Por eso ha elegido un instrumento que no tiene ni los recursos ni las herramientas ni las competencias para poder hacer bien este trabajo”, opina esta víctima de abusos en la Iglesia, que ha reunido 79.000 firmas en Change.org a favor de una investigación pública que abarque también los casos cometidos en centros de menores tutelados y entidades deportivas.

Su principal preocupación es que el Defensor del Pueblo no tenga “poderes coercitivos” para reclamar documentos a la Iglesia y comparecencias de sus miembros. Recuerda que es el mismo problema con el que se topó el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) y cuyas conclusiones fueron, básicamente, que no podía completar una investigación de esas características.

Este periódico ha solicitado varias veces al PSOE que detalle cómo se articulará la investigación del Defensor del Pueblo: qué plazos maneja, qué personas compondrán el equipo de expertos, con qué presupuesto contaría, cómo se contactará con las víctimas y a cuántas se pretende escuchar, o qué poderes tendrá el Defensor para forzar a la Iglesia a colaborar. De momento, los socialistas no aportan estos detalles, algo que critica airadamente Hurtado: “Horas antes de que se vote esta propuesta seguimos sin conocer puntos fundamentales. El PSOE no explica qué van a hacer cuando la Iglesia se niegue a cooperar. El modelo que plantean depende de la colaboración de los obispos, que siempre se han negado a participar cuando lo ha pedido EL PAÍS para su investigación. ¿Ahora la comisión episcopal más obstruccionista de Europa va a ser colaboradora?”. La proposición no de ley no detalla estos aspectos. Deja la puerta abierta a que el Congreso adopte “las iniciativas que considere convenientes a la luz de las conclusiones y recomendaciones expuestas” por el informe que elabore el Defensor.

“El PSOE no quiere molestar a la Iglesia”

Hurtado, que anticipa “una chapuza” y asegura que no participará en la comisión, cree que “el PSOE no quiere molestar a la Iglesia”. “Por eso van a conseguir el apoyo del PP. Hay un acuerdo transversal bipartidista para no importunar a los obispos”, añade. Es una posición muy similar a la de Mans Petites, otra de las asociaciones principales de víctimas, que engloba principalmente a afectados catalanes. “El PSOE propone lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas”, finaliza Hurtado.

Desde la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra, Marcos Leyún plantea la misma metáfora, pero es más optimista: “Tenemos que aceptar estas lentejas, pero ya que nos las sirven las vamos a aprovechar lo máximo posible. Si hace un año nos dicen que la pederastia en la Iglesia iba a llegar al Parlamento, nos habría satisfecho completamente. Estamos muy orgullosos de estar aquí y esperamos que el Defensor del Pueblo pueda realizar esta investigación”.

“Sin embargo”, continúa Leyún, “habríamos preferido que fuera algo más consensuado, con más entendimiento político”. “Conociendo el sufrimiento de muchas víctimas, entiendo que muchos tengan posiciones maximalistas y no estén conformes con lo que se ha acordado. Otras víctimas lo ven con conformismo, que es lo del Defensor del Pueblo o nada. Creo que es una división, pero no es beligerante, no hay desunión. Hay opiniones distintas y no sé cuál es mayoritaria”, añade Leyún.

Este miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra considera “negativo” el rechazo del PSOE al planteamiento de UP y lamenta la “politización” del debate. “Creo que la participación del PP, tan cercano a la Iglesia, desvirtúa la propuesta. Espero que no hayan llegado a un acuerdo para ser menos agresivos con la Iglesia a cambio de ese apoyo”, concluye.

Ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia, EL PAÍS ha documentado hasta ahora 611 casos de pederastia en templos y colegios de órdenes religiosas, con 1.246 víctimas.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es