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POBREZA
Tribuna
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Inflación, la puntilla de los pobres

El aumento del 6% del IPC puede significar para los casi 10 millones de españoles en riesgo de pobreza bajar un escalón más hacia la exclusión social

Milagros Pérez Oliva
Un grupos de mujeres espera su turno en un local del Banco de Alimentos en el barrio de Orcasitas, Madrid.
Un grupos de mujeres espera su turno en un local del Banco de Alimentos en el barrio de Orcasitas, Madrid.Olmo Calvo

Para los pobres siempre llueve sobre mojado. Fueron los que primero perdieron sus empleos en la crisis de 2008, los que más tardaron en recuperar ingresos en la década siguiente, los que más se infectaron durante la pandemia por las condiciones en las que vivían y porque desempeñaban trabajos más expuestos, y ahora, cuando todavía no se han recuperado de la última crisis, son también quienes más sufren el azote de la inflación. Que el IPC de enero registrara un aumento del 6% respecto de hace un año no significa lo mismo para todos. Para los casi 10 millones de españoles en riesgo de pobreza, puede significar bajar un escalón más hacia la exclusión social. Y para quienes ya no llegan a final de mes y se encuentran en situación de pobreza severa, un aumento del precio de los alimentos o de la energía puede significar no poder pagar el alquiler.

Antes de la pandemia, en el punto álgido de la recuperación económica, había en España 4,5 millones de personas en situación de pobreza severa. Eran un millón más que cuando estalló la crisis de 2008, lo que demuestra que es más fácil caer en la pobreza que salir de ella. Pobreza severa significa vivir con unos ingresos por unidad de consumo inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional. Dicho así, es un concepto bastante obtuso. Se entiende mejor si se traduce a parámetros de economía doméstica. Como explica en su último informe la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en 2020, con datos de renta de 2019, se consideraban en pobreza severa los hogares que ingresaban menos de 6.417,3 euros al año por cada unidad de consumo. De acuerdo con el baremo que maneja la OCDE, una familia de dos adultos y dos niños equivale a 2,1 unidades de consumo. Eso significa vivir con menos de 281 euros mensuales por persona. Y en el caso de un hogar unipersonal, 535 euros mensuales. Calculen ustedes qué se puede comprar con esas cantidades.

Para quienes se encuentran al límite, cualquier incremento de precios que no se compense con ingresos equivalentes significa una nueva renuncia que puede ser vital. Como dice el informe, el drama de la pobreza severa es “la exigencia permanente de tener que escoger entre necesidades indispensables; entre comida y calor, entre cultura y pañales, entre ordenador y zapatos”. Significa también adentrarse en lo que los expertos denominan “las trampas de la pobreza”. Si los alimentos frescos son más caros, se sustituyen por alimentos procesados baratos, que suelen ser más insanos y de peor calidad, lo cual lleva a tasas más altas de obesidad, diabetes y patologías que agravan la vulnerabilidad social. Hasta por tener una cuenta en un banco pagan los pobres más comisiones, pues difícilmente reúnen los requisitos que las entidades exigen para eliminarlas.

Hay muchos estereotipos asociados a la pobreza que enmascaran tanto su composición como su dimensión real. Es cierto que la mitad de los parados son pobres y que el 31,6% de las personas en pobreza severa están en paro, pero también hay pobres entre quienes tienen trabajo. Por supuesto, crear empleo es una forma de combatir la pobreza, pero eso no resuelve el problema de los que ya tienen trabajo pero no cobran suficiente. Además, la pobreza severa no es toda la pobreza. Como indica el último informe AROPE para 2020, “el 27,4% de la población menor de 18 años es pobre, también lo son el 14,6% de las personas ocupadas, el 36,3 % de la población extranjera proveniente de la UE y hasta el 9,9 % de las personas con educación superior. La pobreza tiene muchas caras. Combatirla exige actuar sobre muchos frentes. Esto es lo que está en juego, aunque no se mencione, cuando se discute si se han de actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC o se ha de subir o no el salario mínimo interprofesional.

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