La pandemia empeora las condiciones de vida del 62% de los hogares valencianos, según Cáritas

La pandemia del coronavirus ha pasado como un tsunami por una mayoría de hogares de la Comunidad Valenciana. Un 62,5% se ha visto afectado por algún tipo de exclusión provocada por la pandemia —un 21% de forma moderada o severa—. La crisis se ha cebado, sobre todo, con los jóvenes, las mujeres y la población de origen extranjero, según el informe presentado este miércoles por la Fundación Foessa y Cáritas Diocesana, “la primera radiografía social completa de la crisis de la covid-19″ elaborada por 30 investigadores de 10 universidades españolas. Si en 2018 más de la mitad de las familias valencianas se encontraban plenamente integradas, ahora son solamente el 37,5%.

“Vivimos una crisis que bien podría compararse con el desastre del Titanic. Entonces, un iceberg, posible pero inesperado, igual que el coronavirus, golpeó fuertemente el barco y a la sociedad. Con la pandemia, todos viajábamos a bordo de este Titanic y a todos nos ha afectado la pandemia, sin embargo, no todos vivimos las mismas consecuencias. Las personas más vulnerables han cargado con los peores efectos ante un shock sin precedentes y muy desigual”, ha descrito el sociólogo Daniel Rodríguez de Blas, miembro de Cáritas Española y coordinador de los datos territoriales del informe Foessa.

La desigualdad ha crecido en un año tanto como durante toda la crisis del año 2008, sentencia Cáritas. Si en 2018 más de la mitad de las familias valencianas se encontraban en una situación de integración plena, “ahora son el 37,5 % de ellas las que no se ven afectadas por ninguna situación de exclusión”, ha subrayado Rodríguez. En el otro extremo, 94.000 personas más han pasado a engrosar las filas de exclusión severa y suman ya un total de 620.000 afectados en la Comunidad Valenciana.

El sociólogo destaca las tres grandes brechas que siguen activas en el territorio valenciano, que son el género y la nacionalidad de origen, y se incorpora con fuerza la edad. Los hogares donde la cabeza de familia es una mujer están en peor situación que los encabezados por un hombre. Un 27,5% frente al 18% respectivamente. Y casi la mitad de los hogares con una persona de origen extranjero al frente se encuentran en exclusión, tres veces más que las casas con alguien de nacionalidad española como principal sustentador.

El tercer perfil, el más novedoso respecto a los informes anteriores, especialmente perjudicado por la pandemia es el de los jóvenes de entre 19 y 29 años. Uno de cada tres jóvenes tiene problemas para emanciparse por la falta de empleo o los bajos salarios. “Les impide abandonar el nido y hacer la transición hacia la vida adulta”, apostilla el sociólogo de Cáritas Española.

La crisis ha alimentado la precariedad laboral, que se ha duplicado y afecta a más de 280.000 hogares, un 14% del total, que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave (tres meses o más en paro y tres contratos o más en empresas distintas).

Además del empleo, la salud y la vivienda son los otros factores de exclusión y ambas han crecido desde 2018, afectando a día de hoy al 21% y 19% de la población respectivamente. Así, más de 260.000 hogares (12,9%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos y padecer algún trastorno o dificultad mental ha aumentado en un 280%, alcanzando al 17% de la sociedad valenciana.

Y relacionado con la vivienda, la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hace que algo más de 225 000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, quede en situación de pobreza.

Recetas contra la exclusión

El director de Cáritas Comunitat Valenciana, Ignacio Grande Ballesteros, ha planteado diez propuestas de mejoras del sistema de protección social, con una mejora en el acceso a derechos sociales de todas las personas, desvinculándolos de los ingresos; mantener de manera estable las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social; y mejorar la cobertura, la aplicación y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión.

Hay que mejorar la situación de los parados de larga duración para reintegrarlos al mercado laboral, complementar los salarios bajos, garantizar el acceso de todas las personas a un sistema de salud público de calidad y un cambio de estrategia la atención a personas en situación de dependencia; y políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha triplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres.

Por último, piden medios para superar todas las brechas digitales; avanzar hacia servicios sociales adaptados a la realidad y reclaman una reflexión general sobre el modelo de sociedad.